Cómo funcionan las pulseras antimaltrato: la tecnología que protege a más de 4.500 mujeres en España

El sistema de pulseras contra la violencia de género afronta críticas tras un grave error de migración de datos

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Las pulseras antimaltrato se han convertido en uno de los mecanismos más fiables en la lucha contra la violencia de género, y desde 2023, también contra la violencia sexual. A día de hoy, 4.549 mujeres en España están protegidas bajo este sistema, y más de 21.000 lo han estado en algún momento desde su implantación en 2009.

Sin embargo, el reciente fallo en la gestión del sistema ha puesto en entredicho su fiabilidad. Desde el cambio de proveedor en 2023, la migración de datos dejó un vacío de información que desembocó en sobreseimientos y absoluciones de agresores al no poderse acreditas quebrantamientos de órdenes de alejamiento.

Origen de las pulseras

La idea de estas pulseras surgió en 2006, cuando el catedrático de Magnetismo de la Materia, Antonio Hernando, diseño un prototipo a petición de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En 2009, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, el sistema se extendió por todo el país.

Desde entonces, España ha sido referente internacional: ninguna mujer que portaba el dispositivo ha sido asesinada. Otros gobiernos han replicado el modelo y en el plano nacional, las pulseras se han visto reforzadas con nuevas aplicaciones.

Una mujer muestra una pulsera
Una mujer muestra una pulsera electrónica. (David Zorrakino/Europa Press)

Cómo funcionan las pulseras

El sistema consta de tres pilares. En primer lugar, la pulsera en el agresor, que se coloca en la muñeca o en el tobillo. Esta incluye un transmisor de radiofrecuencia de corto alcance conectado por Bluetooth a un teléfono móvil que porta el agresor. Este móvil, que no puede manipularse, trasmite la localización GPS y genera alertas automáticas en caso de anomalías.

En segundo lugar, el teléfono de la víctima, que recibe alertas sonoras, visuales y de vibración cuando el agresor se aproxima al perímetro de exclusión fijado por el juez. Además, incorpora un botón de emergencia para contactar de inmediato con un número predefinido.

Por último: el Centro Cometa. El Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, dependiente del Ministerio de Igualdad, recibe y gestiona las alertas. Si detecta una situación de riesgo, se clasifica como alerta o alarma. En caso de alarma, Cometa activa los protocolos y contacta con la visita y el agresor, informa a la Policía y remite datos a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal.

Además, el sistema contempla dos escenarios. Una zona de exclusión de móviles, por la que se marca la distancia entre la víctima o el agresor, y una zona de exclusión fija, como domicilios, colegios o lugares de trabajo donde el agresor tiene prohibido acercarse.

¿Qué pasa si el agresor incumple la orden de alejamiento?

Las pulseras están diseñadas para detectar roturas, manipulaciones o pérdidas de cobertura. Tienen una vida útil de 12 meses y un sistema de carga sencillo. La manipulación del dispositivo conlleva una multa, y el quebrantamiento de la orden de alejamiento está tipificado en el artículo 468 del Código Penal, con penas de seis meses a tres años de prisión.

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, hace una valoración sobre las pulseras antimaltrato.

El fallo en la migración de datos

En 2023, la gestión del sistema pasó de Telefónica (subcontratada con Securitas Direct) a una UTE entre Vodafone y Securitas. El traspaso provocó un fallo en el movimiento de datos y no se pudieron registrar ni consultar movimientos de agresores previos al 20 de maro de 2024.

La Fiscalía General del Estado denunció que esto supuso una “potencial desprotección” y provocó una “gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”, ya que los juzgados no disponían de pruebas para acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento.

No obstante, el Ministerio de Igualdad trató de minimizar el problema. Posteriormente, la Fiscalía matizó que los dispositivos siguieron funcionando y que las absoluciones fueron “mínimas”.