Infancia Robada tilda de “ofensivas” las indemnizaciones que ofrece la Iglesia a las víctimas de pederastia: “Pensar que con 3.000 euros reparan el daño es irrisorio”

La comisión asesora del PRIVA, el plan aprobado por la Conferencia Episcopal Española para ofrecer reparación integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, ha recibido 89 denuncias en su primer año, 32 correspondientes a casos relacionados con diócesis y 57 con congregaciones religiosas. De ese total, apenas han sido resueltas 39, con propuestas de reparación que incluyen “compensaciones económicas de entre 3.000 y 100.000 euros”, dependiendo de la gravedad, las secuelas y las circunstancias de cada caso. Una horquilla de indemnizaciones que la Asociación Nacional de Infancia Robada (ANIR) tilda de “ofensiva” al considerar que minimiza el daño sufrido por las víctimas.

“Nos tendrían que explicar qué casos de abusos sexuales a menores se merecen una cuantía de 3.000, de 10.000, de 25.000 euros, y en base a qué criterios piensan que una víctima de abusos sexuales en la infancia se puede ver reparada y recompensada como merece con una cantidad tan irrisoria”, dice a Infobae España Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR y cuyo hijo sufrió abusos sexuales cuando era un adolescente por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor del colegio vizcaíno Gaztelueta, del Opus Dei. En su caso, lleva más de una década buscando justicia: aunque el pasado mes de marzo, el Vaticano expulsó del Opus Dei a este antiguo profesor, condenado por el Tribunal Supremo en 2020 a dos años de prisión por esos abusos, lamenta que “sigan sin depurarse responsabilidades” y que no se haya respondido a las necesidades de la víctima, que a día de hoy sigue tratando de recomponer su vida.

Tras conocer el balance de la comisión PRIVA, que está integrada por especialistas independientes de los ámbitos jurídico y terapéutico, Cuatrecasas insiste en que la actitud de la Conferencia Episcopal con las víctimas de abusos sexuales, al restar importancia e incluso cuestionar la credibilidad de ciertos casos, representa una nueva ofensa. “Es vergonzoso y, desde luego, condenable”, asevera.

Además, desde ANIR plantea varios interrogantes sobre el proceso de indemnización: cuántas víctimas rechazaron la compensación ofrecida por la comisión, cuántas decidieron no acudir por desconfianza hacia la Iglesia y cuántas, pese a presentarse, no la recibieron. “Según ellos, ninguna víctima ha rechazado la indemnización y sabemos que ese dato no es cierto”, aseguran.

El Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso atiende casos prescritos o cuyo agresor ha fallecido. La solicitud de reparación se tramita mediante un formulario disponible en la web ‘Para dar Luz’. El dictamen que recoge la propuesta de compensación se remite a la autoridad eclesiástica correspondiente y, si esta no puede ejecutarlo, la responsabilidad recae subsidiariamente en la Conferencia Episcopal Española o en la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).

Cuatrecasas sostiene que la Conferencia Episcopal ha incurrido en reiteradas ocasiones en actitudes que dilatan la aplicación de medidas efectivas y “se niega a cumplir con las reivindicaciones presentadas por las víctimas”. Representantes de ANIR han mantenido reuniones con distintos presidentes de la Conferencia Episcopal, como Ricardo Blázquez, Juan José Omella y Luis Argüello, pero denuncian que las propuestas trasladadas en esos encuentros no solo no se han implementado, sino que, en muchos casos, ni siquiera se han tomado en consideración.

Insiste en que el hecho de que la Iglesia niegue incluso la verosimilitud de algunos casos “es una falta de principios y de humanidad, contraria a los valores cristianos que la institución representa públicamente”, y asegura que la jerarquía eclesiástica se ha preocupado más por preservar sus intereses económicos que por dar una respuesta justa y reparadora para quienes han sufrido abusos sexuales. Este distanciamiento ha llevado a la ANIR a renunciar a cualquier nuevo encuentro con la Conferencia Episcopal, a la que también acusa de encubrir delitos y priorizar su imagen sobre el bienestar de la infancia.

Ante la falta de avances por parte de la Iglesia, las expectativas de los colectivos de víctimas se han trasladado al Gobierno y al Ministerio de Justicia, de forma que desde ANIR expresan su esperanza en que el Estado intervenga y garantice una reparación que la Iglesia, hasta ahora, no ha ofrecido.

Desde la asociación también se hace un llamamiento a la sociedad, tanto católica como no católica, para que tome conocimiento de la actitud de la Iglesia ante estos casos y se sume a “una condena sin paliativos y sin condiciones”. “La Iglesia en España no merece ningún trato de favor, porque están negando y vulnerando los derechos humanos y de la infancia”, concluye Cuatrecasas.