Los permisos por fallecimiento: el derecho laboral que no ha mejorado desde hace casi medio siglo

La muerte de un familiar suele ser un duro golpe y uno de los momentos más difíciles para cualquier persona. Pero, además, para quien trabaja, también es un quebradero de cabeza. Los días que la legislación española concede para afrontar esta situación no han variado ni han evolucionado a la vez que las necesidades sociales. El derecho a permisos retribuidos por fallecimiento permanece congelado desde hace 45 años, suponiendo muchas dificultades para quienes atraviesan un duelo y, al mismo tiempo, se tienen que enfrentar a los trámites administrativos correspondientes tras la pérdida.

El Estatuto de los Trabajadores, aprobado el 14 de marzo de 1980, regula en su artículo 37.3 el permiso por fallecimiento. Desde entonces, esta normativa otorga al empleado un total de 2 días naturales de licencia retribuida por la muerte de un familiar de primer o segundo grado, ya sea por consanguinidad o afinidad. El número de jornadas se eleva a 4 si el trabajador demuestra que debe desplazarse fuera de su localidad, pero no contempla otras variables asociadas a la complejidad del duelo ni a la burocracia posterior.

Desde el portal Idealista señalan que estos permisos abarcan madres, padres, hijos, cónyuges, parejas de hecho registradas, suegros, suegras, hermanos, abuelos, nietos y cuñados. Si el vínculo corresponde al tercer grado, como tíos o sobrinos, el derecho solo existe si está recogido en el convenio colectivo, lo que deja a muchos empleados sujetos a las condiciones de su sector o empresa, y no a una garantía legal universal.

Además, la concesión de este permiso no depende de su inclusión en el contrato laboral, por lo que quienes trabajan por cuenta ajena pueden solicitarlo en cualquier momento. Sin embargo, la cantidad de días establecidos no siempre satisface las necesidades derivadas del fallecimiento, tanto desde el punto de vista emocional como práctico. En muchos casos, 2 o 4 días son insuficientes para gestionar emociones, atender compromisos legales y acompañar a la familia, lo que genera presión añadida sobre quienes sufren una pérdida.

También hay que tener en cuenta que los días por fallecimiento son naturales y no se limitan a jornadas laborales, salvo que el convenio colectivo establezca lo contrario. Asimismo, el permiso suele comenzar el primer día laborable posterior a la muerte si esta ocurre durante un festivo o un fin de semana, para evitar que el trabajador pierda parte del derecho si la desgracia sucede fuera de su jornada habitual.

El procedimiento para justificar la ausencia también forma parte de la normativa. Las empresas pueden reclamar el certificado de defunción, el comprobante de desplazamiento cuando proceda y documentos que acrediten el parentesco, como el libro de familia o el certificado de empadronamiento. Este proceso busca asegurar que el permiso se utiliza conforme a la ley, aunque añade una carga administrativa para quienes afrontan el duelo.

La legislación vigente no contempla una ampliación automática de estos permisos, ni diferencia según las circunstancias particulares del fallecimiento. Cuando la muerte resulta especialmente traumática, algunas empresas deciden mostrar flexibilidad y ofrecen la opción de descontar el tiempo adicional de las vacaciones, solicitar permisos sin sueldo, o usar días de asuntos propios cuando estos figuran en el convenio. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores no garantiza en ningún caso más de 2 o 4 días retribuidos, lo que sitúa a España por detrás de otros países europeos donde existen fórmulas revisadas o más generosas.

El recurso a convenios sectoriales es la única alternativa para muchos trabajadores. Algunas ramas incorporan condiciones más favorables, como licencias para casos de tercer grado o cómputo de los días en laborables, pero se trata de excepciones. El resto de empleados afiliados al régimen general sigue ligado a una regulación rígida que ha envejecido con el tiempo. En los sectores público, sanitario y educativo suelen figurar mejores condiciones, pero de nuevo esto parte de acuerdos específicos y no de la norma estatal.

Ante la falta de actualización legal, lo más recomendable es revisar el convenio colectivo de la empresa para confirmar si existen disposiciones adicionales sobre permisos por fallecimiento. De lo contrario, la ley general continúa rigiendo, sin cambios significativos desde su redacción hace casi medio siglo.