El PP lleva los fallos en las pulseras antimaltrato al Congreso, donde pedirá la reprobación de la ministra Redondo

Las pulseras antimaltrato permiten a las autoridades monitorear en tiempo real la distancia entre la víctima de violencia de género y su agresor, a través de dispositivos electrónicos de geolocalización, lo que facilita la intervención policial si el maltratador quebranta la orden de alejamiento. Se trata de una herramienta de prevención y protección que ha demostrado su eficacia, ya que desde que comenzaron a implantarse en 2009 ninguna de las más de 21.000 mujeres que las llevaron en alguna ocasión ha sido asesinada.

La polémica en torno a estos dispositivos telemáticos estalló esta semana tras conocerse que un fallo en el sistema informático de Cometa, la empresa encargada de gestionarlos, llevó el año pasado a una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores, tal y como advirtió la Fiscalía en su memoria anual. Según el Ministerio Público, durante varios meses los juzgados no pudieron acceder a los datos sobre los movimientos de los agresores debido a la pérdida de información anterior a marzo de 2024, un problema que se originó tras el relevo en la empresa adjudicataria del servicio.

Ante el revuelo generado, y lejos de que la polémica termine, la Fiscalía aclaró que los fallos reflejados en la Memoria de 2024 se debieron a “problemas puntuales debidos a la migración de datos que afectaban a procesos penales”, pero al mismo tiempo aseguró que las pulseras “funcionaron “correctamente” y que las víctimas “estuvieron protegidas en todo momento”. El organismo también detalló que los sobreseimientos provisionales se reabrieron “una vez recuperados los datos” e indicó que estos procedimientos se referían al delito de “quebrantamiento” de la medida de alejamiento y no a agresiones físicas o de otro tipo.

El Ministerio de Igualdad, por su parte, aseguró este jueves que el número de casos de sobreseimientos y absoluciones de acusados derivados de los “fallos técnicos” en las pulseras antimaltrato “no llega al 1%” y precisó que el error en el acceso a datos no produjo “prácticamente excarcelaciones”.

La ministra Ana Redondo ha insistido en que “los dispositivos funcionan correctamente” y que así lo han hecho “en todo momento”, y ha asegurado que la alarma generada por las disfunciones producidas en la itinerancia de datos de la anterior empresa adjudicataria a la actual “se solucionaron en 2024”. También ha lanzado un mensaje tranquilizador a las víctimas, al explicar que “el sistema está funcionando a pleno rendimiento y ellas están protegidas y seguras”.

Asimismo, Igualdad ha señalado en un comunicado que aunque no se pudo obtener información en un momento concreto del procedimiento, “el dispositivo funcionaba correctamente para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento” del agresor respecto a la víctima. También ha explicado que la memoria de la Fiscalía recoge datos de 2024 y se redacta con mucha antelación a su publicación y que el problema quedó resuelto a finales de 2024. De hecho, añaden, “en 2025 no se ha registrado ninguna incidencia”.

El departamento liderado por Redondo, que se ha puesto en contacto con la Fiscalía para conocer exactamente el número de casos afectados, insiste en que esta situación ha afectado a delitos de violencia de género, como puede ser una agresión, sino “a delitos de quebrantamiento de condena, es decir, el incumplimiento de una orden de alejamiento”.

Las explicaciones de Igualdad son, sin embargo, insuficientes para el Partido Popular, que ha pedido más aclaraciones, ha solicitado la dimisión de Redondo y ha anunciado que llevará al Congreso una moción para forzar su reprobación. De hecho, el PP ha organizado una sesión monográfica en el Senado el próximo martes sobre la violencia contra las mujeres, en el seno de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a la que llevará los fallos en las pulseras antimaltrato.

A la convocatoria han confirmado su asistencia los consejeros de Igualdad de las regiones gobernadas por el PP, pero las autonomías del PSOE han rechazado participar.

Cabe recordar que en lo que va de año las mujeres asesinadas por violencia machista se elevan 28. El último asesinato, ocurrido el 16 de septiembre, ha sido el de una mujer de 64 años a manos de su pareja en la localidad de El Algar, Murcia, y no constaban denuncias previas por violencia de género contra el sospechoso. De esos 28 feminicidios, 12 son mujeres de edades comprendidas entre los 51 y los 85 años o más, lo que evidencia que la violencia machista en las mujeres mayores está mucho más invisibilizada que en otras edades.

Con este último crimen en la provincia de Murcia, ya son 1.322 las víctimas mortales de la violencia machista desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos en España.

(Con información de Europa Press)