“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

El sistema de pensiones francés combina un modelo contributivo con una red de seguridad dirigida a quienes no han podido cotizar a lo largo de su vida laboral. En este último grupo se encuentra el Subsidio Solidario para Personas Mayores (Aspa), una prestación no contributiva que en 2025 experimentará un nuevo ajuste al alza. Según datos publicados por Pleine Vie, a partir del próximo año una persona sola podrá recibir 1.034,28 euros mensuales, mientras que para las parejas el importe llegará hasta los 1.605,73 euros.

Este subsidio tiene como objetivo compensar la ausencia de carrera profesional y garantizar un mínimo vital a las personas mayores con recursos muy limitados. El Aspa está financiado por el Fondo de Solidaridad para la Vejez y se actualiza anualmente en función de la inflación para proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios. Con ello, Francia refuerza su política de cohesión social en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y las crecientes tensiones presupuestarias.

A diferencia de otras etapas de la vida laboral, las prestaciones sociales como la Renta de Solidaridad Activa (RSA) o la Asignación para Adultos con Discapacidad (AAH) no generan derechos de jubilación. Esto significa que una persona que ha vivido toda su vida con estas ayudas no acumula trimestres para la pensión contributiva. Al cumplir 62 años, su pensión de invalidez suele ser muy baja y, a partir de los 65 años, puede solicitar el Aspa para acceder a un ingreso básico que le permita vivir con mayor dignidad.

Para entender la magnitud de esta diferencia, la pensión media neta de un jubilado con cotizaciones ascendía en 2022 a 1.512 euros mensuales, casi un 50 % más que la cuantía del Aspa para quienes no han cotizado. Esto refleja que una carrera profesional larga y estable sigue siendo determinante para garantizar un mejor nivel de vida en la vejez. El Aspa, en cambio, actúa como un último recurso para cubrir las necesidades esenciales de quienes no han podido generar derechos propios.

El acceso al Aspa está sujeto a requisitos específicos. La edad mínima para solicitarlo es de 65 años, salvo en casos de discapacidad o incapacidad laboral reconocida, en los que puede pedirse a partir de los 62 años. Además, se exige residencia en Francia durante al menos nueve meses al año y unos ingresos que no superen los 1.034,28 euros mensuales en el caso de una persona sola ni los 1.605,73 euros en el de las parejas. La Administración revisa regularmente la situación económica de los beneficiarios para confirmar que cumplen con las condiciones establecidas.

La tramitación puede hacerse a través del Centro de Acción Social Comunitaria (CCAS) del municipio de residencia o mediante el portal Info-retraite. Para agilizar la resolución del expediente se deben presentar documentos como el DNI, justificantes de domicilio, extractos bancarios y comprobantes de ingresos de los últimos tres meses. Una vez completado, el pago suele comenzar entre tres y seis semanas después.

El coste de este subsidio se ha incrementado de forma constante debido al aumento del número de personas mayores con ingresos insuficientes. A pesar de la presión presupuestaria y de las reformas emprendidas para contener el gasto, el Aspa sigue siendo un pilar de la política social francesa para evitar que las personas mayores caigan en la pobreza extrema. En 2025, este programa se presenta como un ejemplo de solidaridad intergeneracional y de compromiso estatal para asegurar una vejez digna, incluso cuando no ha habido contribuciones previas al sistema de pensiones.