Roba un teléfono móvil y le condenan a una pena mínima de dos años y medio de cárcel: después de 20 años continúa en prisión

La historia de Leroy Douglas, un hombre de Cardiff (Gales) que permanece encarcelado desde hace dos décadas por el robo de un teléfono móvil, ha reavivado el debate sobre las sentencias de Prisión por Protección Pública (IPP) en el Reino Unido.

Douglas fue condenado en 2005 a una pena mínima de dos años y medio, pero sigue tras las rejas a pesar de haber cumplido más de ocho veces su condena original. “Veinte años de cárcel por robar un teléfono móvil... me robaron la mitad de mi vida”, afirmó desde la prisión de HMP Stocken, en Rutland, dijo a The Independent.

Durante su encierro, Douglas ha perdido pérdidas familiares devastadoras, incluida la muerte de una de sus hijas a los 19 años y de sus abuelos. Su padre, Anthony Douglas, asegura que su hijo cumple una “condena perpetua”.

“Le dieron dos años y medio de prisión y lo siguiente que sé es que todavía sigue allí después de tantos años. No somos los únicos que sufrimos, toda la familia está con él estando en prisión”, señaló.

Pese a haberse desintoxicado y completado 36 cursos de rehabilitación, la Junta de Libertad Condicional ha denegado en repetidas ocasiones su salida. Incluso, según denunció, en su última audiencia se confundió su nombre en los documentos oficiales.

“Esta sentencia del IPP es terriblemente cruel. Mi detención se ha vuelto inhumana y degradante, y deberían intervenir ya”, afirmó en una apelación Douglas.

El caso de Douglas no es único. Otros presos, como Thomas White, que cumplió 13 años por robar un teléfono, o James Lawrence, encarcelado 18 años después de recibir una pena de ocho meses, permanecen atrapados en el mismo limbo legal.

“Si tienes un IPP, es prácticamente de por vida. Estas personas pierden la esperanza, lo que puede llevar a comportamientos violentos en las cárceles. El primer objetivo de la prisión debería ser la rehabilitación, y las sentencias del IPP van en contra de eso”, señaló el abogado penalista Andrew Taylor, de Apex Chambers.

La relatora especial de la ONU sobre la Tortura, Alice Edwards, advirtió que “es muy probable que algunos de los presos del IPP estén siendo detenidos arbitrariamente, según los estándares internacionales. Mantenerlos encerrados indefinidamente, sin un camino claro hacia su liberación, es simplemente inhumano”.

Ante la presión social y legal, el Ministerio de Justicia destacó que en los últimos 12 meses se registró el mayor número anual de liberaciones bajo IPP, con 602 presos puestos en libertad, y que las condiciones de la licencia se redujeron de 10 a 3 años.

“Es correcto que se hayan abolido las sentencias de prisión preventiva. Con la protección pública como prioridad principal, el Lord Canciller trabaja con organizaciones y activistas para garantizar el apoyo adecuado a quienes aún cumplen estas condenas”, señaló un portavoz.

La familia de Douglas insiste en reclamar su liberación. Su hermana Natalie presentó una petición formal y denunció que “mi hermano lleva 20 años en prisión por un delito que debía costarle dos años y medio”. “El castigo infligido ya superó con creces el delito cometido, y ese umbral se ha sobrepasado hace mucho tiempo”, añadió.

Mientras tanto, Douglas sueña con rehacer su vida fuera de los muros de la prisión: “Significaría todo para mí salir de la cárcel. Podría seguir con mi vida y empezar una segunda etapa. Conocer a una buena mujer... tal vez casarme y no volver a delinquir”.