La falta de vivienda disponible limita el alcance de las nuevas ayudas a jóvenes: solo se han construido 33 inmuebles con opción a compra desde 2024

El Gobierno presentó este lunes un paquete de medidas que busca facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadania en medio de la actual crisis habitacional, con especial atención a la situación de los jóvenes. Una de las medidas más comentadas ha sido la creación de una ayuda de 30.000 euros para alquileres con opción a compra en viviendas protegidas, diseñada para que las nuevas generaciones puedan residir durante años en una vivienda con precio tasado y, finalmente, adquirirla y convertirse en propietarios. Sin embargo, después del anuncio, algunas voces críticas alertan de que la efectividad de esta ayuda depende de la disponibilidad real de estas viviendas en el mercado, un punto calve que limita su impacto inmediato en un contexto de escasez de oferta residencial.

Aunque el Gobierno destaca que hasta 5 millones de jóvenes podrían beneficiarse de esta ayuda, los datos del Ministerio de Vivienda determinan que en todo el año 2024 solo se contabilizó la contrucción de un total de 33 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al alquiler, todas ellas en las Islas Baleares. Las cifras para el primer trimestre de 2025 son aún más desalentadoras: los registros del departamento liderado por Isabel Rodríguez sitúan el total de calificaciones definitivas de inmuebles de este tipo en cero entre enero y marzo de este año, periodo correspondiente a la última lectura oficial de esta estadística.

Las calificaciones provisionales, que indican proyectos en construcción susceptibles de acogerse a la ayuda, suman apenas 65 unidades en 2024 (53 de ellas en Cantabria y las 12 restantes en Andalucía), y nuevamente cero en el primer trimestre de 2025. Estas últimas cifras se suman a la ya preocupante tendencia de los años anteriores: desde 2019, solo se han terminado un total de 628 viviendas de protección oficial con opción a compra y ha arrancado la promoción de un total de 539 nuevas unidades, teniendo en cuenta tanto planes autonómicos como estatales.

Más allá de las limitaciones por la oferta de vivienda disponible, la nueva subvención permitirá a los jóvenes menores de 35 años destinar el dinero de la ayuda al pago de las rentas, que se descontarán del precio final de compraventa. Estas ayudas solo aplicarán a viviendas protegidas de carácter permanente, cuyo precio está tasado y no puede fijarse libremente por el vendedor. Además, si la vivienda se transmite en el futuro, el nuevo comprador deberá cumplir los mismos requisitos que el propietario original.

Sin embargo, los planes de vivienda del Ejecutivo no se limitan a la ayuda de alquiler con opción a compra y establecen un marco integral para mejorar el acceso a la vivienda, incluyendo la ampliación del suelo disponible a través de la vivienda protegida. La tramitación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, presentado también esta semana, sigue en curso, con la aprobación final prevista para diciembre de 2025, pero esta hoja de ruta pretende movilizar 7.000 millones de euros en los próximos cinco años, triplicando los recursos actuales destinados a vivienda, y destinando el 40% a incrementar la oferta de vivienda asequible. Esto incluye la construcción y adquisición de vivienda protegida, la recuperación de ayudas para VPO y la movilización de suelos privados, así como incentivos para que viviendas vacías entren al mercado de alquiler.

Otro 30% del presupuesto se enfocará en rehabilitación, eficiencia energética y accesibilidad, beneficiando a más de 260.000 viviendas. Se incluyen ayudas específicas para viviendas en zonas de protección patrimonial y para inmuebles vacíos que se destinen a alquiler asequible, con el objetivo de mejorar la calidad del parque residencial y reducir el consumo energético hasta en un 30%.

El plan contempla además medidas dirigidas a jóvenes y zonas rurales, como el seguro de impago de rentas, que cubrirá alquileres de hasta el 50% de los ingresos familiares, y ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, apoyando así la lucha contra la despoblación.