El contrato del Gobierno para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas policiales adjudicado a Huawei por 12,3 millones de euros despiertan cada vez más dudas en Bruselas por sus riesgos de seguridad.
Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la jefa tecnológica de la UE, Henna Virkkunnen. En una carta de respuesta a la pregunta formulada por el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, la comisaria ha avisado que este hardware “puede potencialmente crear una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible, lo que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera”.
La vicepresidenta comunitaria responsable de Telecomunicaciones se limita a señalar el riesgo sin anunciar medidas y relega el examen “de manera más general” de la seguridad y la resiliencia de las cadenas de suministro de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y sus infraestructuras a la “próxima revisión” del reglamento sobre ciberseguridad para la que no pone fecha.
No obstante, la Comisión Europea se ha mostrado esta vez más rotunda que la última vez que se pronunció sobre este asunto. Hace un mes, un portavoz de la Comisión reconoció en una respuesta a Infobae España que “Huawei representa riesgos materialmente más altos” que otros proveedores de telecomunicaciones, aunque se limitaron a comentar que el contrato adjudicado por Moncloa era “una decisión nacional”—porque la Comisión Europea no tiene capacidad para expulsar ni a Huawei ni a su competidor chino ZTE de las redes de los estados miembros—.
“La falta de una acción rápida expone a la UE en su conjunto a un riesgo claro”, advirtieron desde el Ejecutivo comunitario. Así, Bruselas ha instado nuevamente a los estados miembros a hacer uso de su “caja de herramientas 5G”, un paquete de medidas de seguridad aprobado el pasado 2020 para eliminar o restringir progresivamente los acuerdos con el proveedor chino en favor de alternativas de europeas más fiables.
Interior y Huawei defienden que es seguro
Desde el Ministerio del Interior aseguraron entonces que el sistema OceanStor Dorado era un sistema estanco, que no permitía el acceso de terceros a ningún tipo de información. Y preguntado por este periódico acerca de las últimas palabras de Virkkunenn, en la cartera que lidera Fernando Grande Marlaska insisten: “La contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad, regulado en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo”.
Mismas conclusiones señaló a Infobae España un portavoz de la compañía china, que insistió que “todos los productos de Huawei disponibles en el mercado español cumplen estrictamente con las leyes y normativas locales, así como con los criterios y estándares aplicables de admisión de productos”.
Respecto al producto referido, indicó que es un hardware de almacenamiento flash común que cumple con la regulación aplicable en el Esquema Nacional de Seguridad y con la guía de seguridad TIC de CCN-STIC. “Huawei no tiene acceso a los datos del cliente. Toda la información almacenada en el hardware pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición”, afirman.
El contrato enfada a EEUU
Si Bruselas duda, el Congreso estadounidense lo tuvo claro desde el principio, y exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, romper el contrato con esta empresa. En una carta emitida al secretario de Comercio de EEUU, dos presidentes de subcomisiones del Congreso mostraron su “profunda preocupación” por la decisión de España, que suponía importantes implicaciones para la seguridad de los datos digitales de Estados Unidos y las asociaciones en telecomunicaciones con países democráticos. “Huawei y otras empresas chinas que utilizan vínculos documentados con el Partido Comunista Chino, representan riesgos considerables para la seguridad nacional y económica.
En 2019, la Administración Trump reconoció que estos riesgos eran “inaceptables” y prohibió que Huawei y ZTE participaran en las redes de telecomunicaciones de Estados Unidos.
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