Las víctimas de abusos en la Iglesia recibirán indemnizaciones de entre 3.000 y 100.000 euros: 50 solicitudes fueron rechazadas

El primer año de funcionamiento de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos víctimas de abusos sexuales (PRIVA) y ha dejado un balance concreto: 39 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica española recibirán indemnizaciones que oscilan entre los 3.000 y 100.000 euros.

Así lo han confirmado los responsables de la comisión, creada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que se ocupa de aquellos casos en los que la justicia ordinaria ya no puede intervenir, bien por la prescripción del delito, fallecimiento del agresor o inimputabilidad.

“Se trata de un proceso de reparación integral basado en criterios jurídicos y terapéuticos, con resoluciones que se dictan habitualmente en un plazo máximo de tres meses desde que se recibe la documentación necesaria”, explicaron desde la Comisión.

Desde febrero de 2025, PRIVA ha recibido 89 solicitudes de reparación integral, de las cuales 32 corresponden a abusos en diócesis y 57 a casos sucedidos en congregaciones religiosas.

De estos, 40 contaban con la documentación completa, y hasta la fecha se han dictaminado 39 resoluciones. El resto de los expedientes permanece pendiente de recibir los informes de las instituciones eclesiásticas y nuevas aportaciones de las víctimas.

“En todos los casos, el dictamen se entrega a la diócesis o la institución, que se encarga de reparar”, señalan desde la Comisión, aunque varios testimonios recogidos por ElDiario denuncian la falta de transparencia y respuestas como “No es creíble”, que ha retrasado la indemnización en algunos casos.

Las indemnizaciones se determinan en concepto de daño moral, considerando la gravedad del abuso, su duración, la edad de la víctima, las consecuencias psicológicas y personales, y la concurrencia de abuso sacramental.

En el 25% de los expedientes la indemnización supera los 50.000 euros, mientras que el resto oscila entre los 6.000 y los 50.000, con un caso mínimo de 3.000 euros.

“Basan su trabajo en la experiencia, la independencia y el respeto a la integridad y la privacidad de la víctima solicitante de reparación, poniendo especial celo para evitar que el proceso genere un mayor sufrimiento a las víctimas”, aseguraron desde PRIVA.

El proceso no se limita a la compensación económica. PRIVA también contempla:

• Reembolso de gastos de salud y terapéuticos derivados de los abusos sufridos, con el compromiso de cubrir estos costes en el futuro.
• Recomendaciones a diócesis y congregaciones para acompañamiento, sanación y prevención de abusos.
• Medidas de prevención y formación para evitar que hechos similares se repitan.

PRIVA está integrada por 10 miembros: un representante de la CEE, uno de CONFER y ocho profesionales independientes entre juristas y terapeutas. Su labor es voluntaria y se centra en garantizar independencia, rigor y respeto absoluto a la privacidad de las víctimas, evitando revictimización.

“Ha habido una profesionalidad extraordinaria”, recalcan desde PRIVA, que asegura que “en ningún caso las víctimas han rechazado la propuesta de acuerdo”.