La Policía explica las consecuencias de una denuncia falsa: “Se pueden imponer multas económicas de 24 meses”

Presentar una denuncia falsa en España puede acarrear consecuencias legales de gran impacto. A la hora de realizar una demanda es importante tener claro que existen motivos suficientes para iniciar este proceso legal. Es posible que no se logre ganar el juicio, pero, por lo menos, debe existir una razón que no haga interpretar al juez que se trata de una denuncia irreal.

La Policía ha realizado una advertencia en sus redes sociales por la preocupación de las autoridades ante el incremento de acusaciones infundadas, lo que pone de manifiesto la gravedad de manipular el sistema de justicia. El objetivo de estas medidas es subrayar que recurrir a una denuncia sin fundamento no constituye una acción sin riesgos.

El Código Penal, a través de su artículo 456, contempla sanciones económicas que varían entre tres y 24 meses y penas de prisión que van de seis meses a dos años para quienes incurran en este delito. La legislación es dura con este tipo de acciones para tratar de evitarlas al máximo y transmitir la importancia que supone un proceso de denuncia.

Este artículo establece que quienes formulen una acusación sin pruebas suficientes pueden enfrentarse no solo a multas económicas, sino también a penas de prisión. Además, si el caso llega a juicio y se determina la falsedad de la denuncia, el responsable tendrá antecedentes penales, lo que complica el acceso a determinados derechos y oportunidades.

La legislación española concede a los afectados la posibilidad de reclamar daños y perjuicios ante los tribunales. Los antecedentes penales derivados de este delito limitan la capacidad de viajar a ciertos países y dificultan encontrar empleo, sobre todo en sectores en los que se exige un certificado negativo de antecedentes.

Recibir una denuncia, aunque luego se demuestra su falsedad, implica una limitación inmediata en la vida personal y profesional del afectado. Desde el momento en que se tramita la denuncia, la persona investigada queda sujeta a procedimientos legales y puede enfrentar sanciones internas en su empleo.

Algunas empresas, para evitar riesgos de imagen o posibles responsabilidades, deciden prescindir del trabajador denunciado, incluso cuando no existe una condena. Esta decisión busca proteger el entorno laboral y evitar implicaciones reputacionales mientras el proceso judicial se resuelve. Es cierto que, en algunos casos, el despido puede considerarse improcedente y la Justicia exige la incorporación del trabajador.

El daño ocasionado a la persona falsamente denunciada puede tener repercusiones económicas y sociales profundas, afectando tanto su vida profesional como personal. El perjudicado puede reclamar legalmente una compensación por los daños sufridos como resultado de la falsa acusación, lo que añade una dimensión civil a la responsabilidad del que ha cometido el delito.

El sistema judicial en España busca proteger a las víctimas verdaderas. Por ello, el uso indebido de los mecanismos de denuncia supone un abuso que las instituciones castigan con firmeza. La presentación de denuncias infundadas no solo atenta contra la justicia, sino que expone a los infractores a consecuencias legales de largo alcance.