El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Junts para introducir cambios en la ley de servicios de atención al cliente, una normativa que regula el contacto entre empresas y usuarios y que actualmente tramita el Congreso de los Diputados. Según lo anunciado por la formación independentista, el pacto contempla que los consumidores que contraten productos o servicios en Cataluña tendrán derecho a ser atendidos en catalán, independientemente de dónde se ubique la sede de la empresa.
Afectará a empresas con más de 250 trabajadores
La medida afecta a compañías que cuenten con más de 250 trabajadores, que facturen por encima de 50 millones de euros al año o que presten servicios básicos considerados de interés general. De acuerdo con Junts, la obligación se extiende a “la totalidad de los servicios básicos de interés general y a cualquier empresa de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones anuales”. Entre los sectores implicados, figuran tanto eléctricas como suministros de gas y agua, las empresas operadoras telefónicas, compañías aéreas, ferroviarias, de autobuses, de mensajería, plataformas audiovisuales, servicios financieros y aseguradoras.
El pacto se ha dado a conocer mientras avanza el debate parlamentario sobre el proyecto legislativo impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy. Según fuentes ministeriales citadas por Europa Press, la previsión es que esta exigencia lingüística se aplique no solo al catalán, sino también al gallego y al euskera, aunque solo será obligatoria en casos en los que el cliente haya adquirido los bienes o servicios en una comunidad autónoma donde estas lenguas son cooficiales.
Estas medidas “ponen por delante el derecho del consumidor”
Una de las novedades destacadas consiste en la necesidad de adaptar las comunicaciones escritas entre empresa y cliente, que deberán realizarse en la lengua elegida por el usuario. Junts ha remarcado que, gracias a lo pactado, el derecho de los consumidores a ser atendidos en catalán dejará de depender de la ubicación territorial de la compañía o de su política interna y quedará reconocido en la legislación estatal. “Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial”, apuntó la formación de Míriam Nogueras.
El acuerdo también incluye la formación obligatoria en catalán para todo aquel que trabaje en atención al cliente en las empresas afectadas. Además, a partir de la reforma, dejará de ser requisito responder, como mínimo, en castellano; ahora la respuesta debe realizarse en la lengua utilizada por el cliente al contactar con la compañía.
El proyecto de ley lleva registradas más de 200 enmiendas que estaban pendientes de ser analizadas por la ponencia convocada para este martes, aunque esta reunión quedó aplazada y queda por fijar nueva fecha. Junts ha incidido en que el texto incorpora una disposición para evitar invasiones de competencias autonómicas por parte del Estado en cuestiones lingüísticas relacionadas con la atención al cliente.
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