Condenan a la Comunidad de Madrid a pagar 60.000 euros por la muerte de una paciente con Covid: “La abandonaron a su suerte”

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a indemnizar con 60.000 euros a la familia de una paciente que falleció por Covid-19, al considerar que existió pérdida de oportunidad terapéutica y mala praxis en la atención hospitalaria, según informa la Asociación El Defensor del Paciente. El caso pone el foco en las actuaciones médicas durante la pandemia y en los criterios aplicados para el manejo clínico de pacientes con Covid en situación crítica dentro del sistema público madrileño.

El caso se remonta a agosto de 2021, cuando M.J.C.G., una mujer de 70 años que no tenía problemas de salud, contrajo Covid-19 y desarrolló una neumonía que obligó a su ingreso en la UCI del Hospital Universitario La Paz en Madrid. Después de 39 días en cuidados intensivos, no presentó mejoría pulmonar y, según explica el abogado de la familia, Antonio Navarro Rubio, la paciente “fue abandonada a su suerte”, ya que el equipo sanitario no aplicó los fármacos experimentales recomendados por el protocolo vigente. Los informes clínicos citados por el tribunal describieron que los pulmones de la paciente alcanzaron un estado irreversible de fibrosis, comparado con una “piedra pómez”.

La Justicia considera que los profesionales sanitarios tampoco recurrieron al sistema de asistencia mecánica ECMO, un método que diferentes hospitales estaban utilizando para casos graves de insuficiencia respiratoria.

El fallo también resalta que no se administró dexametasona, medicamento ampliamente empleado desde los primeros meses de la pandemia para tratar el distrés respiratorio por COVID-19, pese a su disponibilidad y recomendación, tal como reconoció el propio tribunal en su sentencia. Además, desde el 9 de septiembre de 2021 la paciente presentó saturación de oxígeno muy baja, y los facultativos descartaron tanto otros procedimientos como el reajuste del respirador, con el argumento de evitar una “obstinación terapéutica”.

El letrado también ha recordado que no se consideró viable la opción de un trasplante de pulmón, pese a que en ese periodo ya existían precedentes de este procedimiento en otros hospitales del país para pacientes con pérdida irreversible de función pulmonar. La paciente, además, padeció complicaciones adicionales derivadas de infecciones hospitalarias que evolucionaron a un shock séptico, agravando su estado general y acelerando el fatal desenlace.

La sentencia califica la actuación médica de “demora no justificada” en la intubación y ventilación mecánica, lo que favoreció el deterioro de la paciente, aumentando los riesgos de mortalidad. La UCI del centro sanitario también fue señalada por déficits en las medidas de asepsia, ya que las infecciones nosocomiales detectadas desempeñaron un papel directo en el fallecimiento de la mujer.

Los datos de la Estadística de defunciones según causa de la muerte del INE recogen que 150.426 personas fallecieron en España desde el inicio de la pandemia hasta finales de junio de 2023, cuando se dio oficialmente por concluida la crisis sanitaria.

Cabe recordar que la sanidad pública madrileña enfrentó una elevada presión por el incremento de ingresos hospitalarios y casos graves y, de hecho, la región registró una de las tasas de mortalidad más altas del país, lo que generó un intenso debate en torno a la gestión hospitalaria, los protocolos de tratamiento aplicados y la disponibilidad de recursos en los centros públicos. Las críticas se centraron, especialmente, en la saturación de las unidades de cuidados intensivos, los retrasos en la atención y la variabilidad en la aplicación de terapias recomendadas para pacientes con complicaciones respiratorias graves.