Unos propietarios de un piso de lujo en París creen que su inquilino es un piloto que gana 30.000 euros al mes, pero no era así: lo subarrendaba en Airbnb

Los propietarios de este apartamento “de muy alta gama” en París pensaban haber encontrado al inquilino ideal: un piloto de avión que ganaba 30.000 euros netos al mes. Pero la realidad era muy diferente, como ha contado Samuel Zeitoun, abogado del Colegio de Abogados de París, a Le Figaro Immobilier.

Según el letrado, que representa a los propietarios, la mentira se descubrió cuando encontraron que su vivienda se alquilaba en la reconocida plataforma turística Airbnb. Y, por cierto, las reseñas no eran buenas: “Había comentarios desastrosos de turistas”. Frente a este hallazgo, Zeitoun cuenta que “al mirar su perfil, nos dimos cuenta de que era un ‘arrendador profesional’ que hace esto con diferentes pisos desde hace mucho tiempo”.

Esta situación se desencadenó tras una serie de impagos iniciados apenas un mes después de que el supuesto inquilino —presentado como un piloto de línea aérea con nóminas de 30.000 euros netos al mes— se instalara en el inmueble, con un alquiler de casi 10.000 euros al mes. La selección de este candidato se realizó mediante una agencia inmobiliaria y, según explicó Zeitoun, “los propietarios confiaron en la agencia y seleccionaron este expediente sin volver a verificar la información”.

Sin embargo, la luna de miel duró muy poco. Tras el abono puntual de la primera mensualidad, el arrendatario cesó todo pago, acumulando en cuatro meses una deuda cercana a los 40.000 euros. Al notar la ausencia de soluciones por la vía amistosa, los dueños acudieron al abogado para poner en marcha un procedimiento de desalojo por impago. La situación se agravó cuando el portero y los vecinos alertaron sobre “numerosas idas y venidas en el apartamento y fiestas repetidas”, lo que causó el descubrimiento de lo que de verdad estaba ocurriendo: que el inquilino subarrendaba el piso en Airbnb para ganar dinero.

El proceso judicial se enfocó en el impago del alquiler, como recomienda el especialista, pues “ya es un argumento suficientemente sólido para solicitar un procedimiento de urgencia”. Zeitoun explicó que “estratégicamente, no es lo correcto manifestarse sobre la base de la falsedad cometida, que será debatida y sometida a una gran incertidumbre jurídica”. El letrado afirma que el procedimiento civil por impagos es más directo y establece la rescisión casi automática del contrato de arrendamiento y el posterior desalojo, contrario al proceso penal por falsificación, “mucho más largo, y cuyo resultado no garantiza el desalojo”.

El sistema judicial respondió con una sentencia que ordenó al ocupante el pago de 79.000 euros. Pese al fallo, el desalojo se retrasó, y cuando los propietarios lograron recuperar el apartamento, la deuda ya había alcanzado los 190.000 euros.

El desenlace financiero continúa siendo un punto negro. Zeitoun consideró que “desafortunadamente, creo que nunca recuperarán esa suma. El agente judicial ni siquiera encontró una cuenta bancaria asociada al nombre del inquilino para intentar un embargo”.

Para evitar que otros propietarios sufran situaciones semejantes, el abogado sugirió medidas de prevención, entre ellas, la verificación minuciosa de los documentos y la preferencia por depósito de garantía mediante cheque, ya que “se indica un número de cuenta bancaria a embargar en caso de impago”.