La educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente: más del 60% de jóvenes LGTBI solo se sienten visibles con amigos

Un informe de la Federación Estatal LGTBI+ revela que un 25% de la juventud del colectivo se siente reconocida en el instituto y solo un 21% en la universidad

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Fotografía de archivo de una
Fotografía de archivo de una bandera LGTBI durante una protesta. (EFE/EPA/BIANCA DE MARCHI AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT)

La educación en diversidad aún plantea importantes retos en España, a pesar de los avances legislativos de los últimos años, y sigue habiendo barreras significativas para el colectivo LGTBI+, especialmente para las personas trans y no binarias. Así lo revela un nuevo informe de la Federación Estatal LGTBI+ en colaboración con la Universidad de Salamanca, en el que indican que pese a la aprobación en 2023 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, “la aplicación efectiva de políticas inclusivas en los centros educativos sigue siendo desigual”, por lo que consideran fundamental evaluar cómo las comunidades autónomas han desplegado medidas concretas, desde protocolos contra la discriminación hasta programas de formación del profesorado o iniciativas de sensibilización dirigidas al alumnado y sus familias.

Los datos del informe, que lleva por título Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+ y ha sido presentado este jueves, indican que más del 60% de las personas jóvenes del colectivo solo se sienten visibles con amistades cercanas, mientras que apenas un 25% lo son con sus compañeros de instituto y un 21% en la universidad. Entre las personas de 18 a 24 años, un 18,2% permanece invisible y un 40% afirma no haber podido expresarse tal como es durante su etapa educativa.

En cuanto a incidentes de odio y discriminación, el estudio revela que el 21,2% se produce en centros educativos, y que más de la mitad de las personas jóvenes ha sufrido acoso, trato vejatorio o ciberacoso durante la educación secundaria.

Asimismo, el informe señala que el 41,9% de las personas LGTBI+ ha alcanzado estudios universitarios, un 25% cursó Bachillerato o Formación Profesional de grado superior, un 23,7% completó educación secundaria y menos del 1% no tiene estudios. No obstante, persisten desigualdades dentro del colectivo: casi un 6% de las personas no binarias no ha completado estudios y un 21% de los hombres trans no superó la educación primaria. “Estos datos evidencian que, pese a los avances, persisten barreras educativas significativas para ciertos grupos dentro del colectivo LGTBI+, especialmente para las personas trans y no binarias”, ha destacado María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI+.

En relación a la violencia y el acoso, la detección de estos casos ocurre principalmente en el entorno familiar, mientras que “la respuesta de las instituciones educativas continúa siendo insuficiente”, señala Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+.

Alumnos en un aula de
Alumnos en un aula de la Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Contradicciones legislativas a nivel autonómico

El análisis territorial muestra, además, “un panorama diverso y en ocasiones contradictorio”. El informe Realidad del alumnado trans en el sistema educativo de 2020 situaba a Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia y Navarra a la cabeza en reconocimiento de derechos, mientras que Ceuta y Melilla, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias ocupaban los últimos lugares. Ahora, cinco años después, el mapa ha cambiado: Castilla-La Mancha ha registrado avances significativos, algunas comunidades que antes estaban rezagadas han iniciado procesos legislativos, como Castilla y León, y otras, como la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia han experimentado retrocesos en la aplicación de sus propias leyes, condicionadas por discursos políticos contrarios a la igualdad.

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Este contraste, indica la federación, evidencia que el progreso no depende únicamente de los marcos normativos, sino también de “la voluntad política, la dotación de recursos y la capacidad real de cada comunidad autónoma para transformar la legislación en medidas efectivas”.

“Lo que está en juego no es solo tener protocolos escritos, sino garantizar que en cada centro educativo el alumnado LGTBI+ pueda sentirse seguro, respetado y visible”, advierte Iglesias. “La educación en diversidad no puede quedarse en buenas intenciones ni en documentos. Necesitamos que cada centro educativo aplique medidas concretas, que los equipos docentes estén preparados y que el alumnado LGTBI+ se sienta seguro y acompañado cada día”, concluye.