Cuál es el efecto real de la quita de deuda en el gasto público: el Gobierno defiende la medida y los expertos cuestionan que pueda mejorar las políticas sociales

El Consejo de Ministros ha aprobado el martes pasado en primera vuelta el anteproyecto de ley que permitirá la condonación de hasta 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas del régimen común. Cualquiera de los 17 territorios, a excepción de Navarra y País Vasco, podrán acogerse a esta medida si así lo solicitan, mediante la firma de un convenio bilateral con el Gobierno. Según el Ministerio de Hacienda, la iniciativa supondría un ahorro de entre 6.600 y 7.000 millones de euros en intereses, recursos que el Ejecutivo asegura que podrán destinarse a sanidad, educación y otras partidas sociales, aunque algunos expertos han cuestionado esta posibilidad.

La iniciativa busca aliviar el sobreendeudamiento acumulado tras la crisis de 2008 y facilitar que las regiones accedan de forma más sostenible a los mercados financieros, además de allanar el camino para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Sin embargo, la medida ha generado un intenso debate político. El principal detractor ha sido el Partido Popular, que rechaza la quita y ha instado a sus barones a no aceptarla en las regiones que presiden, pese a que las administraciones autonómicas del PP se beneficiarían del 71,7% de la condonación, según estimaciones del sindicato de trabajadores de Hacienda, Gestha.

Según la asociación de técnicos del Ministerio, las autonomías gobernadas por el PP recibirán unos 59.714 millones de euros, aunque varias mantienen aún que no se acogerán a la medida. En concreto, las comunidades más beneficiadas en términos absolutos serán Andalucía y Cataluña, con 18.791 y 17.104 millones de euros, respectivamente. Les siguen la Comunidad Valenciana y Madrid, con 11.210 y 8.644 millones. Excepto Cataluña, todas estas se encuentran bajo la gestión de la formación conservadora.

El argumento esgrimido por los populares para negarse a dar su beneplácito a lo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, califica como un “chantaje”, es un supuesto favor político a Cataluña a costa del resto de comunidades. Estas declaraciones aluden a que el proyecto de quita de deuda surgió del acuerdo de investidura del PSOE con ERC, centrado inicialmente en la Generalitat, que el político gallego critica como una “argucia” para ganar apoyos parlamentarios. Además, asegura que el reparto beneficia de manera desproporcionada a Cataluña, generando un agravio comparativo y permitiendo un primer paso hacia un “sistema de financiación separatista” en lugar de una reforma integral de los actuales mecanismos de reparto de fondos.

Frente a estas acusaciones, el Gobierno defiende la condonación como un mecanismo voluntario que permite a todas las comunidades recuperar autonomía financiera y mejorar sus condiciones de financiación para aumentar el gasto público. Sin embargo, en el plano económico, la polémica no solo gira en torno a un supuesto privilegio para Cataluña, sino también sobre la utilidad real de la medida para incrementar la inversión en políticas de interés social.

En su nota valorativa sobre el acuerdo para la condonación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), institución de referencia en cuanto a sostenibilidad de las finanzas públicas, sostiene que el ahorro en intereses generado por la quita no aumentará el margen de gasto público de las administraciones regionales. La AIReF, que valora positivamente la quita como un primer paso hacia una necesaria reestructuración de la deuda, también señala sus limitaciones e insiste en la necesidad de aplicar condiciones para evitar posibles impactos negativos.

El organismo recuerda la existencia de la regla de gasto, el límite legal que indica cuánto puede aumentar cada año el gasto de las administraciones para que estas no comprometan más fondos de lo que sus ingresos estables permiten. Este techo asegura que la inversión en políticas públicas no vuelva insostenibles las cuentas de las autonomías y se determina teniendo en cuenta el crecimiento potencial de la economía. Sin embargo, en este cálculo no se incluye el gasto en intereses planeado por las comunidades. Por lo tanto, aunque las comunidades destinen menos dinero al pago de intereses, la medida “no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas”, concluye AIReF. La Autoridad Fiscal también señala que, según sus estimaciones, las autonomías ya superan este límite.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contradice esta lectura y apunta a que el Gobierno podría tomar medidas para evitar este inconveniente, a la vez que insiste en que los recursos liberados permitirán aumentar la “autonomía política” de las comunidades, además de puntualizar que “ni sustituye ni frena la reforma del sistema”. En la rueda de prensa posterior a la aprobación del anteproyecto, señaló que cualquier región podrá canalizar ese ahorro “para la sanidad, para la educación, para la vivienda o para políticas de dependencia”. “Por tanto, desmiento desde ya: es falso que las comunidades autónomas no puedas usar estos recursos”, concluyó la ministra.

De hecho, el Ejecutivo parece haber dado un primer paso para facilitar el incremento del gasto público a las autonomías que digan ‘sí’ a la quita de deuda, eliminando del texto final del anteproyecto de ley la mención al artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que antes contenía el documento. Se trata de la misma norma a la que la AIReF hacía referencia en su comunicado, al explicar la incompatibilidad de la medida con el aumento del techo de gasto, que puede cobrar importancia en las próximas semanas en el contexto del debate parlamentario para la tramitación de la ley por la posibilidad de modificarla. De momento, pese a que no hay mención explícita a esta ordenanza, sí se establece la necesidad de “asegurar la neutralidad de esta medida respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.