Asegurar un cajero automático en los pueblos o la gratuidad de las gafas: cinco leyes llegadas desde las comunidades autónomas se atascan en el Congreso

Tuvieron el consenso en un parlamento autonómico, continuaron su tramitación en el Congreso, pero siguen sin ver luz verde. Hasta cinco leyes llegadas desde tres cámaras territoriales aguardan en sus respectivas comisiones, atascadas entre prórrogas del plazo de enmiendas, a pesar de que ya contaron con el aval de una mayoría parlamentaria. Dos fueron impulsadas por el Parlamento catalán, otras dos por el andaluz, y una por el gallego.

En el caso del primero, se trata de la ley para asegurar un cajero automático por municipio o por cada 5.000 habitantes y la norma para que los delitos de pederastia no prescriban. La cámara autonómica andaluza remitió al congreso dos proposiciones de ley para la gratuidad de gafas para menores y adaptar las oposiciones a las personas con discapacidad. Por último, el Congreso tiene pendiente autorizar el traspaso de la AP-9 a Galicia.

La “ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a los servicios bancarios” inició su andadura en la Cámara Baja el 6 de febrero de 2024, con el apoyo de todos los grupos, salvo Vox. “La exclusión financiera de una parte de la ciudadanía, derivada del cierre constante y persistente de oficinas bancarias y cajeros automáticos en la última década, se ha convertido en una realidad insoslayable, que afecta especialmente a colectivos vulnerables y que debe ser inmediatamente revertida en favor de la igualdad y la justicia social”, expone el texto. En esencia, la norma propone que haya al menos un cajero por municipio o por cada 5.000 habitantes, y que la instalación corra a cargo de los bancos, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios récord de la banca española en los últimos años.

El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que los delitos sexuales cometidos por adultos contra menores no prescriban. De nuevo, contó con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Vox, que votó en contra.

La iniciativa busca modificar el Código Penal para que los delitos contra la libertad sexual cometidos por adultos contra menores no prescriban cuando tengan la consideración de graves. En cuanto a los delitos de este tipo menos graves, el texto plantea que prescriban más tarde con el fin de que la víctima pueda denunciar los hechos al menos hasta que tenga 50 años.

Un mes antes, el Parlamento andaluz acordó por unanimidad remitir al Congreso la ley que establece la gratuidad de los productos ópticos y de salud visual para los menores y, en el caso de los mayores de edad, la financiación según la renta. El texto de Adelante Andalucía, tomado en consideración el pasado mes de abril, incorpora la prestación de productos ópticos y de salud visual dentro de la cartera común suplementaria, y determina que la prestación será totalmente gratuita para personas menores y que se deberá establecer un sistema para que las personas adultas paguen aportaciones en función de su poder adquisitivo.

Y en febrero, todos los grupos del Congreso se mostraron partidarios de la reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para adecuar el acceso de personas con discapacidad intelectual a la función pública. En concreto, el texto legislativo pide la modificación del apartado dos del artículo 61 para añadir que “las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistirán en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo”.

Por último, la transferencia de la titularidad de la AP-9 a Galicia ha generado en varias ocasiones un consenso unánime e inusual. El último acuerdo en el Parlamento autonómico en torno a esta cuestión fue en marzo, en el que todas las fuerzas reclamaron el desbloqueo de la proposición de ley de “transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Casi un año antes, en junio de 2024, PP, PSOE, Bloque y Sumar dieron luz verde a la toma en consideración de dicha ley, siendo la quinta vez que esta reivindicación histórica llega a la Cámara Baja. A pesar de que su tramitación es de carácter urgente, la ley acumula hasta 39 ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que posterga sin fecha definitiva su tramitación.