España, el país que reparte más dinero público a ricos que a pobres, incluso sin contar las pensiones de jubilación

En España, el reparto de las ayudas públicas presenta un sesgo poco habitual en la Unión Europea: cuanto mayor es la renta de un hogar, más dinero público recibe. Las transferencias monetarias —que incluyen pensiones, subsidios, ayudas familiares y otras prestaciones— muestran un patrón inverso al esperado: el 20% más rico de la población percibe más dinero en ayudas que el 20% más pobre.

Incluso dejando fuera las jubilaciones, las familias con menos recursos siguen recibiendo menos ayudas públicas que las de renta media o alta. Prestaciones como el desempleo, las ayudas familiares o el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que podrían reducir la desigualdad, tienen importes más bajos que las pensiones contributivas, requisitos más estrictos o un alcance limitado, lo que impide que compensen la ventaja que mantienen los hogares con mayores ingresos.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe Evolución de la desigualdad de ingresos y de la clase media en la UE, que fue publicado por Eurofund con datos de Eurostat. Este documento sitúa a España como uno de los miembros de los Veintisiete con un gasto social más regresivo. Es decir, se beneficia proporcionalmente más a los hogares con mayores ingresos que a los de menores ingresos.

Este fenómeno está directamente relacionado con el peso de las prestaciones contributivas (las que se dan a las personas que han cotizado a la Seguridad Social previamente), que dependen de la trayectoria laboral y de las cotizaciones realizadas. En un mercado laboral caracterizado por la temporalidad y los salarios bajos, muchas personas con rentas reducidas acumulan menos cotizaciones y, en consecuencia, acceden a ayudas de menor cuantía o a prestaciones no contributivas más limitadas.

Las pensiones contributivas son el ejemplo más evidente. En el siguiente cuadro vemos que concentran la mayor parte del gasto social y favorecen a quienes han tenido empleos estables y mejor remunerados. Este diseño explica que los hogares con ingresos más altos reciban pensiones superiores, mientras que quienes han trabajado en la economía sumergida, en empleos precarios o con largos periodos de inactividad quedan relegados a prestaciones mucho más bajas.

Cuando se excluyen las pensiones del análisis, la regresividad se atenúa, pero no desaparece. El informe también muestra que, incluso sin contabilizar jubilaciones, las familias con menos recursos siguen recibiendo menos ayudas que la mayoría de hogares. Esto se debe a que las prestaciones no contributivas, como el IMV o las ayudas por hijo a cargo, tienen un alcance más limitado, importes reducidos y requisitos de acceso que dejan fuera a parte de la población que cumpliría con el perfil socioeconómico para recibirlas.

En la comparación con el resto de la Unión Europea, España forma parte de un grupo reducido de países donde el gasto social tiene un efecto regresivo.

El mapa incluido en el informe evidencia que, en la mayoría de Estados miembros, las rentas más bajas reciben más apoyo público en relación con sus ingresos que las rentas altas. En países como Francia o Alemania, el diseño de las ayudas familiares, los subsidios de vivienda o las prestaciones por desempleo permite un impacto redistributivo mayor, reduciendo de forma más significativa la desigualdad de ingresos.

El documento identifica varias causas estructurales que explican la situación española: un mercado laboral con alta rotación y temporalidad que dificulta la acumulación de cotizaciones, un sistema de prestaciones no contributivas menos amplio y menos generoso que en otros países y un conjunto de beneficios fiscales que favorecen en mayor medida a quienes tienen capacidad de tributar más. Cabe destacar que este informe solo recoge datos desde 2006 hasta 2021, y la reforma laboral que limitó el uso de los contratos temporales entró en vigor en 2022.

El resultado es que las transferencias monetarias en España reducen la desigualdad en menor medida que la media comunitaria. Según el siguiente cuadro, el impacto sobre el índice de Gini es más limitado, lo que significa que la distancia entre los ingresos de ricos y pobres sigue siendo amplia incluso después de recibir ayudas.

Los hogares del 20% más pobre, además de recibir menos en términos absolutos, ven que las ayudas representan un porcentaje más bajo de sus ingresos totales en comparación con los hogares de renta media o alta.

Diversos organismos internacionales, como la Comisión Europea y la OCDE, han recomendado reforzar el carácter progresivo de las ayudas en España. Entre las medidas propuestas figuran ampliar la cobertura y cuantía de las prestaciones no contributivas, flexibilizar los requisitos del Ingreso Mínimo vital y revisar el diseño de las prestaciones contributivas para proteger mejor a quienes han tenido carreras laborales más inestables.

El reto es considerable. El envejecimiento de la población y el elevado peso de las pensiones en el presupuesto público obligan a buscar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la capacidad para reducir las desigualdades. El informe advierte que, si no se producen cambios en el diseño del gasto social, el patrón regresivo se mantendrá, consolidando una situación en la que los hogares con más recursos seguirán recibiendo más apoyo público que los más pobres.