Los bomberos de Madrid no se van a rendir hasta lograr mejores condiciones y un nuevo convenio con Tragsa: “La Comunidad también es responsable”

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, contratados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a través de la empresa pública Tragsa, están hartos. Denuncian precariedad, un convenio caducado desde 2012, sin actualizaciones salariales ni reconocimiento de la dureza y toxicidad de su trabajo y una alta temporalidad que impide una profesionalización y formación adecuada. También resulta insuficiente, aseguran, la subida de 130 euros al mes anunciada por el Gobierno regional, por lo que continuarán con la huelga que iniciaron el pasado 15 de julio hasta lograr las mejoras laborales que piden.

“Tragsa siempre se ha negado a negociar un convenio con nosotros, lleva años poniendo excusas, y ahora nos dice que el Ministerio de Hacienda no le da los permisos para negociar con nosotros. No entendemos cómo una empresa pública puede tener a sus trabajadores así”, critica, en conversación con Infobae España, el delegado del sindicato independiente Firet, Javier Villanueva. El miércoles unos 200 brigadistas forestales se manifestaron frente a la sede del Ministerio, con botes de humo, petardos y batefuegos en mano, para reclamar ese convenio colectivo. “Urge regular todas estas condiciones laborales que tenemos. Nos basamos en la legislación laboral del 2008 en una profesión como la nuestra, que ha cambiado mucho en los últimos años”, añade, ya que los incendios forestales son cada vez más virulentos.

Aunque dejan claro que la negociación del convenio le corresponde a Tragsa, también destacan la responsabilidad que tiene la Comunidad de Madrid en mejorar sus condiciones. La administración regional, recuerdan, decide el presupuesto destinado al servicio, define si los contratos serán temporales o indefinidos y determina el número de efectivos disponibles. Además, gestiona los centros de trabajo y las bases. “Excepto en el proceso de negociación colectiva, el resto de aspectos dependen directamente de la Comunidad de Madrid, quien en última instancia es responsable”, insisten.

Y aunque el Gobierno de Madrid ha aprobado una subida salarial de 130 euros al mes, aseguran que “es insuficiente”, pues su poder adquisitivo “ha caído en estos años un 35%”. “A esto hay que sumar que ahora trabajamos más horas y que realizamos más funciones que antes, además de lo que ha subido el nivel de vida en Madrid, donde los alquileres están por las nubes y con salarios de 1.300 euros no da” para llegar a fin de mes.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles que la región ha hecho “todo lo que está en su mano” con Tragsa para mejorar sus condiciones, al tiempo que añadió que ahora esperan que “el Gobierno central haga su parte, igual que se hizo con los bomberos forestales que dependen del Ministerio del Medio Ambiente”.

En ese sentido, Villanueva asegura que, pese a la vocación de los bomberos, estos requieren garantías, ya que la dedicación personal no puede suplir carencias estructurales o falta de recursos. “En este país se está viviendo de la vocación de los bomberos, porque, de lo contrario, ya no habría nadie trabajando en incendios forestales. Pero, claro, la vocación no nos da de comer y llega un momento en que la situación ya es insostenible”, asevera.

Estas condiciones laborales han empujado a muchos brigadistas forestales “a abandonar su puesto para dedicarse a otros trabajos o trasladarse al extranjero”, y esa falta de personal experimentado en los equipos también incrementa el riesgo para los nuevos integrantes y puede comprometer la eficacia de las actuaciones.

Estos trabajadores también reclaman la aplicación de la Ley de Bombero Forestal, una norma que fue aprobada en 2024 en el Congreso con el objetivo de regular sus condiciones laborales en toda España. La ley establece criterios mínimos y reconoce derechos básicos orientados a mejorar la estabilidad, la formación y la protección de los bomberos forestales y, sin embargo, actualmente ninguna comunidad autónoma ha iniciado su aplicación práctica.

Por el momento, ante la falta de avances en la negociación, el colectivo ha decidido mantener la huelga, por lo que los paros y las movilizaciones continuarán hasta que no se produzcan cambios sustanciales en sus condiciones laborales.