El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha mostrado favorable a que el equipo Israel Premier Tech quede fuera de La Vuelta ciclista. Según ha explicado, una medida de este tipo "serviría para enviar un mensaje” claro a Israel, del mismo modo que ocurrió con Rusia, de que no es posible mantener las competiciones deportivas “como si nada pasara”.
En una entrevista concedida a RNE y recogida por Europa Press, Albares ha precisado que la decisión corresponde exclusivamente a la Unión Ciclista Internacional (UCI), y no al Gobierno, que tampoco intervino en la inscripción del conjunto israelí.
Preguntado directamente sobre si él apoyaría esa expulsión, ha respondido que “sí”, recordando además que la participación del equipo ya ha generado protestas propalestinas, como las que en Bilbao obligaron a modificar la meta y dejaron la etapa sin vencedor.
El titular de Exteriores ha justificado su posición en la necesidad de hacer comprender a Israel que no se puede seguir actuando como si la guerra no existiera. En este sentido, ha defendido que, igual que se sancionó a Rusia tras la invasión de Ucrania, también ahora conviene trasladar un mensaje firme. c.
Sobre las movilizaciones en España, Albares ha señalado que no le sorprendieron, al igual que tampoco lo hizo la participación de ciudadanos españoles en la flotilla que partió desde Barcelona con destino a Gaza. A su juicio, la sociedad española es “profundamente solidaria” y se posiciona del lado de las víctimas indefensas en la Franja, que sufren “bombardeos y hambre”.
Polémica en La Vuelta por el equipo israelí
La inclusión del Israel Premier Tech en La Vuelta ha generado un clima de tensión que ha trascendido lo deportivo. Diversas asociaciones y colectivos propalestinos han señalado que la presencia de un equipo financiado en parte con apoyo institucional israelí supone una forma de “blanqueamiento” de la imagen del país en plena ofensiva militar sobre Gaza.
Las protestas no se han limitado a declaraciones públicas, sino que han tenido un impacto directo en la competición. El caso más llamativo se vivió en Bilbao, cuando los manifestantes obligaron a los organizadores a adelantar la línea de meta para evitar riesgos de seguridad, lo que se tradujo en la anulación del vencedor de la etapa. Este tipo de incidentes ha reabierto el debate sobre si los equipos con vínculos directos con estados inmersos en conflictos bélicos deberían participar en eventos internacionales.
El precedente de Rusia y Bielorrusia, cuyos equipos y federaciones fueron apartados de numerosas competiciones tras la invasión de Ucrania, ha sido citado de forma recurrente por los críticos para exigir el mismo trato hacia Israel. En su opinión, mantener al Israel Premier Tech en la carrera transmite un mensaje de normalidad incompatible con la gravedad de la situación en Oriente Próximo.
Mantener las relaciones diplomáticas
En cuanto a los llamamientos a romper relaciones con Israel o retirar a la embajadora en Tel Aviv, Albares ha insistido en que el Gobierno no descarta sanciones, pero recordó que la ruptura de vínculos diplomáticos solo se produce en casos excepcionales —España lo hizo únicamente con Guatemala— y que ni siquiera en el caso de Rusia se retiró al embajador ni se expulsó al representante ruso en Madrid.
Ha explicado que preservar las vías diplomáticas es esencial, ya que alcanzar la paz requiere sentarse a negociar, y que la apuesta de España por la solución de dos Estados implica necesariamente a Israel.
Por ello, considera que existen “medidas más efectivas” en este momento y ha recordado que ya se han sancionado a “colonos violentos” y que la lista se seguirá ampliando contra quienes obstaculicen la creación de dos Estados. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre la propuesta de Sumar de declarar persona non grata al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a varios miembros de su gabinete.
Finalmente, ha adelantado que España aportará 1,1 millones de euros adicionales al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue los “crímenes en curso” y otros tres millones a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
(Noticia con información de Europa Press)
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