La reciente decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el decreto estatal de reparto de menores migrantes no acompañados ha reavivado el debate sobre la gestión migratoria en España.
Se trata del segundo de los tres recursos que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha registrado en el Alto Tribunal. El primero, interpuesto el pasado 18 de marzo junto a otras diez comunidades autónomas, cuestionaba el Real Decreto-ley que modificó la Ley de Extranjería, al entender que invadía competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, carecía de justificación de urgencia y usaba un instrumento inadecuado para materias reservadas a leyes orgánicas.
El recurso ahora admitido se centra en el decreto aprobado el 22 de julio que regula las medidas de contingencia migratoria extraordinaria para el traslado de menores desde Canarias.
Ayuso endurece su discurso
La presidenta de la Comunidad de Madrid celebró la decisión del Supremo con un mensaje en su red social X: “La política migratoria del Gobierno está fuera de control. Trae menores con perfiles cada vez más complejos que después abandona para contentar a cuatro demagogos y a sus socios. Nosotros cumplimos con la Ley. No hay nada peor que tratarles como mercancía. Es urgente que Sánchez ponga fin a este despropósito que colapsa centros, recursos y que solo irá a peor”.
Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico insiste en que el proceso de reparto es “arbitrario, opaco y discriminatorio”. Según el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, Madrid tomará “las acciones necesarias y judiciales”, para que el sistema sea “igualitario”, frente al “ocultismo” del Gobierno.
“Tiene que esconder por qué algunas regiones como Madrid reciben más menores, mientras País Vasco o Cataluña no van a recibir. Solo porque al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo mantenerse en su sillón de la Moncloa”, denunció.
Centros desbordados y ampliación en La Cantueña
La presión sobre los recursos autonómicos ha obligado al Gobierno de Ayuso a ampliar la capacidad de acogida. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó la primera modificación del contrato de La Cantueña, en Fuenlabrada, para habilitar 19 nuevas plazas en un centro que ya contaba con 96.
La Consejería de Familia, Juventud, y Asuntos Sociales destinará 1,9 millones de euros a esta ampliación, que incluye la contratación de dos vigilantes adicionales.
El decreto estatal fija un ratio de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, lo que supone que a Madrid le corresponderá acoger 647. Sin embargo, el plan de solidaridad obligatoria contempla una reubicación de unos 3.000 menores, y asigna a la capital un cupo mayor: 2.325 menores migrantes en total.
Oposición política generalizada y saturación en las islas
Pero el rechazo al reparto no se limita solo a Madrid. Once comunidades gobernadas por PP han recurrido la medida ante el Tribunal Constitucional, además de Castilla-La Macha, presidida por el socialista Emiliano García Page.
El Gobierno central defiende que se trata de un mecanismo de solidaridad necesario para aliviar la presión en las islas y garantizar la protección de los menores. No obstante, el PP lo interpreta como una imposición que atenta contra la igualdad territorial y que sobrecarga a comunidades que ya han superado su capacidad.
El Partido Popular sostiene que el Gobierno pretende imponer un reparto “forzoso e ilegal” que vulnera el principio de igualdad territorial.
La situación en las islas donde desembarcan estos menores, como Canarias, Ceuta o Melilla, se ha vuelto insostenible, con centros operando por encima de su capacidad y una presión constante sobre los servicios sociales.
El nuevo decreto establece que las comunidades con una ocupación que triplique su capacidad ordinaria podrán solicitar la declaración de contingencia migratoria, lo que permitirá el traslado de menores a otras regiones menos saturadas.
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