Turnos extra, precariedad, inseguridad y plagas: los trabajadores de AENA denuncian el deterioro laboral y sanitario de sus trabajadores

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principal activo de AENA y uno de los nodos aéreos más transitados de Europa, enfrentó en 2025 una crisis interna que contrastó con los beneficios económicos que ha obtenido.

Los sindicatos y trabajadores llevan meses denunciando un deterioro de las condiciones laborales, problemas de seguridad y salubridad, y la amenaza de una huelga indefinida en el servicio de seguridad.

En el primer semestre de 2025, AENA reportó un beneficio neto de 893,8 millones de euros, lo que representó un incremento del 10,5% respecto al año anterior. En 2024, la cifra ascendió a 1.934,2 millones de euros, un 18,6% más que el ejercicio previo.

Estos resultados, calificados como “récord” por la compañía, fueron objeto de críticas por parte de la diputada Cristina Valido García (Coalición Canaria), quien señaló en el Congreso de los Diputados que “la privatización ruinosa de AENA en 2015 y la política de sacar beneficios exprimiendo a pasajeros, aerolíneas y trabajadores parece no tener límite ni con el PP ni con el PSOE”.

El sindicato Alternativa Sindical AENA/Enaire (ASAE), mayoritario en el aeropuerto, denunció una reducción significativa de la plantilla de Técnicos de Operaciones (TPO). Entre 2014 y 2024, el número de TPO pasó de 91 a 81, aunque en la práctica solo 81 estaban disponibles para tareas operativas, ya que cuatro desempeñaban funciones no relacionadas con la operativa diaria.

Esta disminución se produjo en un contexto de crecimiento exponencial: el volumen de pasajeros aumentó de 41,7 millones en 2014 a más de 66,1 millones en 2024, y las operaciones anuales subieron de 342.295 a 417.742. Según ASAE, “estamos hablando de más procedimientos, más documentación y más simulacros con menos gente”, lo que generó una sobrecarga de trabajo y un clima laboral cada vez más tenso.

Las encuestas de clima psicosocial en el Centro de Gestión Aeroportuaria (CGA) reflejaron resultados “muy negativos”, según los sindicatos. Los trabajadores acusaron a AENA de imponer turnos extra mediante las denominadas Coberturas Obligatorias de Servicio (COS), sin respetar la voluntad de los empleados y dificultando la conciliación laboral y personal.

Aunque el convenio colectivo del Grupo AENA establecía que las horas extra podían compensarse con tiempo libre o mediante pago, los empleados afirmaban que “casi no se conceden libranzas y se pagan sistemáticamente todas”. La firma de un nuevo convenio colectivo el 30 de julio de 2025 no resolvió la situación, sino que, según la diputada Valido García, la agravó.

En este contexto, la sección sindical ATES Sureste Madrid anunció la convocatoria de una huelga indefinida en el servicio de seguridad del aeropuerto, que comenzó el 28 de agosto de 2025 y se desarrolló los lunes, miércoles, viernes y sábados hasta que se alcanzara un acuerdo.

Antes del inicio de los paros, el comité de huelga participó en un acto de mediación en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, al que calificó como “uno de nuestros últimos intentos para intentar paralizar la huelga”.

El paro afectó directamente a los controles de equipaje y a los filtros de acceso, puntos clave para la seguridad aeroportuaria. ATES justificó la medida por el “deterioro alarmante” de las condiciones laborales y de seguridad desde que la empresa Sureste Seguridad asumió la gestión del servicio a finales de 2023.

El sindicato denunció la falta de personal, la ausencia de refuerzos en picos de afluencia, el uso de equipos obsoletos y la carencia de protocolos claros para situaciones de alta peligrosidad. Además, señaló que los vigilantes habían recibido órdenes que excedían sus competencias legales y que algunos fueron denunciados por “desobediencia” al negarse a cumplirlas.

La sobrecarga de trabajo y la falta de descanso efectivo derivaron en incidentes y agresiones contra vigilantes, dejando áreas críticas del aeropuerto sin cobertura adecuada durante horas. ATES reclamó mejoras salariales y pluses específicos, argumentando que los sueldos eran “mínimos” y desproporcionados al nivel de responsabilidad y riesgo.

El sindicato insistió en que el descanso, la concentración y la correcta dotación de recursos humanos y materiales eran imprescindibles para garantizar la seguridad aeroportuaria.

La inseguridad en el aeropuerto no se limitaba al ámbito laboral. El sindicato ASAE intensificó su presión sobre las administraciones públicas para abordar la presencia de vendedores y plastificadores no autorizados, así como de personas sin hogar que pernoctaban en las terminales y el parking.

Según ASAE, la presencia estable de aproximadamente 150 personas sin hogar (500 en febrero) agravaba los problemas de seguridad y salubridad. El sindicato reconoció el esfuerzo del Ayuntamiento de Madrid, que habilitó un albergue con capacidad suficiente, y consideraba que ya existían los medios adecuados para proceder al desalojo del aeropuerto.

Sin embargo, denunciaba que las normas de uso solo se aplicaban en horario nocturno, lo que facilitaba que, tras el verano, el número de personas sin hogar volviera a aumentar.

La situación se complicaba por la proliferación de mafias dedicadas a actividades ilegales como hurtos, prostitución, estafas, venta ambulante y tráfico de drogas. Según ASAE, bandas organizadas consolidaron sistemas jerarquizados y generaron conflictos tanto entre ellos mismos como con los trabajadores legales.

El sindicato alertó de que “tenemos un problema muy singular con la gente que se inyecta o fuma droga”, lo que obligaba al personal de AENA y de seguridad a intervenir de forma constante en los aseos. AENA, por su parte, declaró a Infobae España que colaboraba con las administraciones competentes y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque reconocía la existencia de un “vacío legal” que limitaba su capacidad de actuación.

El deterioro de las condiciones de salubridad alcanzó niveles preocupantes. Alexia Font, delegada de ASAE y enfermera en Barajas, explicó a este diario que plagas de chinches, pulgas y cucarachas afectaban tanto a empleados como a pasajeros. Según Font, los colchones utilizados por las personas sin hogar provenían de la basura y se introducían en las salas de espera, baños y ascensores, propagando las plagas.

Numerosos empleados sufrieron picaduras y, a pesar de las quejas reiteradas, AENA negó la existencia de tales condiciones. Font sostuvo que “Aena desde el primer momento estaba en conocimiento. Ahora el problema se ha ido de control”.

La delegada también señaló que se produjeron casos de sarna y que la falta de higiene derivó en problemas de salud. Las agresiones a vigilantes de seguridad y el riesgo para el personal médico incrementaron la sensación de inseguridad, especialmente en los turnos de noche.

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, denunció una “grave amenaza sanitaria” en la Terminal 1 del aeropuerto, donde los agentes sufrieron picaduras de chinches en vestuarios y zonas de descanso. JUPOL acusó a AENA y a los responsables de las instalaciones de “inacción” y “dejación de funciones”, y exigió una fumigación urgente, la revisión y limpieza integral del mobiliario y la reubicación temporal de los vestuarios.

AENA, en respuesta, afirmó que no había recibido notificación oficial sobre la presencia de chinches en la T1 y que el mantenimiento de los vestuarios correspondía al propio cuerpo policial.

Además, la empresa recalcó que las labores de limpieza e higienización en el aeropuerto eran constantes y que toda solicitud era atendida, aunque insistió en que los análisis realizados no confirmaron ninguna infestación en la T4 el pasado mes de mayo.

La presencia de personas sin hogar en el aeropuerto de Madrid-Barajas se convirtió, durante el primer semestre de 2025, en uno de los mayores focos de tensión social y operativa. Situaciones impensables en un espacio de paso: hombres y mujeres que, por desesperación, encontraron cobijo en zonas oscuras de la terminal 4, rodeados de molestias sanitarias, inseguridad y rechazo institucional.

En respuesta, AENA y el Ayuntamiento de Madrid consolidaron avanzadas y acciones coordinadas. Se acordó que una entidad del Tercer Sector realizara un censo de personas sin hogar, permitiendo identificar perfiles y necesidades para ofrecer una intervención personalizada.

De forma paralela, se impulsó un plan de control nocturno de accesos (entre las 21:00 y las 5:00) restringiendo la entrada exclusivamente a viajeros, acompañantes y trabajadores, como medida de seguridad y disuasión.

La apertura del albergue temporal “Pinar de San José”, ubicado en el distrito de La Latina, supuso un paso clave: con capacidad para 150 personas, ofrecía alojamiento nocturno, comida, aseo y conexión con servicios asistenciales (salud mental, adicciones, etc.).

Como consecuencia, la noche dejó de ser refugio de terminales y empezó a convertirse en un impulso hacia opciones dignas. Poco a poco, la normalidad regresó al aeropuerto: ya no era un abrigo improvisado sino un centro de tránsito fluido, limpio y seguro.

Esto no significaba que todos los desafíos hubieran desaparecido. Las situaciones de exclusión y precariedad laboral continuaban presentes, con huelgas de seguridad y servicios de halding.