Varios agricultores derriban un aerogenerador de 37 toneladas instalado en sus tierras tirando con sus tractores

El pasado 9 de agosto, la tranquila localidad de Krummhörn, en Frisia Oriental (Alemania), fue escenario de un suceso insólito que rápidamente se viralizó en redes sociales: un grupo de agricultores derribó un aerogenerador de 37 toneladas utilizando sus tractores y cuerdas.

El vídeo, grabado por transeúntes de la zona, muestra como la gigantesca estructura de más de 100 metros de altura se inclinó lentamente hasta desplomarse con un estruendo que generó reacciones encontradas en la sociedad alemana.

El responsable del terreno defendió su actuación al asegurar que contaba con un permiso de demolición y que los fluidos del aerogenerador habían sido retirados previamente, evitando así riesgos ambientales.

Sin embargo, el distrito de Aurich desmintió esta versión, afirmando que la operación no había sido profesional ni autorizada y que ya se había contratado a una empresa especializada para el desmantelamiento seguro.

La discrepancia ha desembocado en un conflicto legal, con la policía investigando la validez del permiso y la responsabilidad del derribo.

El episodio ha polarizado la opinión pública. Mientras, el exdiputado Ralf Dekker celebró la acción diciendo: “Es hermoso verlo”, el expsicólogo Steve van Herreweghe expresó: “No puedo evitar disfrutar esto. Desháganse de esas cosas horribles, feas y destructivas”.

La situación alemana encuentra eco en España, donde la expansión acelerada de parques eólicos y solares ha generado tensiones con agricultores, ganaderos, ecologistas y comunidades locales.

Según la Ley del Sector Eléctrico, la Administración puede expropiar terrenos privados si un proyecto se declara de utilidad pública, garantizando compensaciones económicas a los propietarios.

Actualmente, España cuenta con más de 22.000 aerogeneradores en aproximadamente 1.300 parques eólicos, ocupando un 0,017 % del territorio nacional y más de 50.000 hectáreas de parques solares.

Sin embargo, el crecimiento desordenado de estas infraestructuras ha generado conflictos ambientales y sociales. Se estima que entre 1,2 y 4,6 millones de aves mueren anualmente por colisiones con aerogeneradores, incluyendo cerca de 10.000 buitres desde que se empezaron a recopilar datos. Científicos advierten que la instalación sin planificación adecuada puede causar daños irreversibles a la biodiversidad.

En Andalucía, la instalación de plantas fotovoltaicas en suelos agrícolas de alta productividad ha desencadenado una macrocausa judicial en Lopera, Jaén, donde se pretende frenar la tala de más de 100.000 olivos centenarios. Las plataformas SOS Rural y Ecología y Libertad denuncian que la conversión de suelos fértiles en instalaciones energéticas destruye ecosistemas agrícolas únicos y que la autorización fragmentada de proyectos elude controles ambientales, dejando a los agricultores indefensos ante expropiaciones forzosas.

Según estas organizaciones, el suelo dañado tarda miles de años en recuperarse y debe priorizarse el uso de terrenos degradados para energías renovables.

En el Maestrazgo (Teruel y Castellón), la aprobación de un megaproyecto eólico para instalar 125 aerogeneradores de 200 metros en 890 hectáreas ha generado un fuerte rechazo social. Movimientos ciudadanos como Teruel Existe denuncian impactos ambientales, pérdida de atractivo turístico y tala masiva de árboles en zonas Red Natura, mientras que la promotora Forestalia asegura que el proyecto cumple con estándares europeos de sostenibilidad y reforestación. Encuestas locales reflejan que más del 80 % de los habitantes se opone al proyecto y reclama mayor transparencia.