El Gobierno aprueba la quita de 85.000 millones de deuda a las comunidades: calcula que podrán ahorrar hasta 7.000 millones en intereses

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas por un importe total de 83.252 millones de euros, una medida que podría traducirse en un ahorro de hasta 7.000 millones de euros en intereses para los territorios beneficiados, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. En la rueda de prensa posterior a la sesión en la que se ha dado el visto bueno a esta medida, la​ vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, ha resaltado que la nueva ley permitirá a las autonomías “reducir su carga financiera” y que los ejecutivos regional podrán destinar los recursos liberados a aumentar el gasto social.

La iniciativa, que favorecerá a las comunidades del régimen común, excluyendo País Vasco y Navarra, busca aliviar el sobreendeudamiento acumulado tras la crisis de 2008 y facilitar el acceso a los mercados financieros, al tiempo que allana el camino para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. La medida, no obstante, ha encendido un intenso debate político entre el Gobierno y las autonomías gobernadas por el Partido Popular. En respuesta a la polémica, Montero ha destacado este martes que la condonación no supone “ningún agravio con ninguna parte del territorio”, en alusión a las acusaciones de que esta medida beneficia a Cataluña por encima de otras autonomías.

Las comunidades que más se podrán beneficiar de la quita de deuda son Andalucía, con casi 18.800 millones de euros; Cataluña, con 17.100 millones; la Comunidad Valenciana, con 11.200 millones; y Madrid, con 8.600 millones. A excepción de Cataluña, todas entre estas cuatro primeras se tratan de autonomías con la presidencia ocupada por el PP, que ha insistido en su resistencia a acogerse a la iniciativa. Pese a las críticas, el Gobierno defiende que la medida no otorga privilegios y recuerda que es voluntaria. Además, asegura que permitirá a los territorios más endeudados recuperar autonomía financiera y mejorar sus condiciones de financiación. La tramitación parlamentaria y los convenios individuales con Hacienda serán clave, mientras que la reforma del sistema de financiación y la disciplina fiscal permanecen como prioridades estratégicas.

La condonación es la reducción parcial de la deuda que una administración debe pagar, transfiriendo la obligación de pago a otra entidad, en este caso de las comunidades autónomas al Estado. El cálculo del importe de la quita, equivalente a un cuarto del total de la deuda de las regiones del régimen común, se basa en tres fases. En la primera, se asigna la mayor parte de los fondos según la población ajustada. En la segunda fase, se garantiza que ninguna comunidad quede por debajo del 19% de condonación de su deuda viva a finales de 2023 y, finalmente, la tercera fase introduce ajustes para compensar la infrafinanciación histórica y reconocer el esfuerzo fiscal de comunidades que subieron el IRPF entre 2010 y 2022.

El impacto financiero de la medida se refleja, más allá de la reducción de los números rojos en sus cuentas, en el ahorro de intereses para las comunidades autónomas. Al reducirse la deuda que deben afrontar, disminuye la carga por intereses, estimada por Hacienda entre 6.500 y 7.000 millones de euros, lo que mejora temporalmente la capacidad presupuestaria de los territorios. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte de que este ahorro no se traduce automáticamente en un mayor margen de gasto en otras políticas públicas, ya que los intereses no se incluyen en el cálculo de la regla que limita cuánto pueden gastar las comunidades autónomas.

El origen de la quita se remonta al acuerdo de investidura alcanzado en 2023 entre el PSOE y ERC, inicialmente centrado en Cataluña, con la condonación de unos 15.000 millones de euros de deuda de la Generalitat. Posteriormente, el Ejecutivo decidió ampliar la medida al conjunto de comunidades de régimen común, justificando la decisión en el impacto negativo de la Gran Recesión en las finanzas autonómicas y la insuficiente respuesta del Estado y la Unión Europea en aquel momento. Entre 2009 y 2013, el pasivo autonómico creció en más de 109.000 millones de euros, en parte debido a la financiación a través de mecanismos extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Algunos expertos y organismos económicos, por otra parte, se muestran cautelosos antre sus posibles efectos. La fundación Fedea alerta sobre posibles incentivos perversos, advirtiendo que una condonación incondicional puede fomentar déficits futuros al generar la percepción de un rescate estatal garantizado. Además, señala que la medida podría poner en riegso la sostenibilidad de los presupuestos, al trasladar la deuda de una Administracióna otra, pero no elimarla. Asimismo, Standard & Poor’s señala que la medida reduce los incentivos para contener el crecimiento de la deuda y solo ofrece un alivio temporal sin reformar el sistema de financiación autonómica, sin afcetar tampoco a la calificación de la agencia.

La medida, además, plantea riesgos de enfrentamientos políticos. Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, y varios presidentes autonómicos califican la quita como una medida que favorece a Cataluña y tiene un impacto negativo para sus comunidades. Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla y León, y Madrid se han alineado con la posición de Feijóo y han anunciado que, de momento, no se acogerán a la condonación, mientras que La Rioja sí ha adelantado que cumplirá con la quita asignada a su región, aunque calificándola de injusta. Por su parte, algunos socios del Gobierno, como Sumar, insisten en que la condonación debería ir acompañada de condicionalidad fiscal, para evitar que las comunidades rebajen impuestos de manera competitiva y comprometan la sostenibilidad de las cuentas.