Un hombre solicita la jubilación anticipada tras confiar en ChatGPT y la Seguridad Social le concede una pensión menor a la esperada

El uso cotidiano y diario de la inteligencia artificial está cada vez más a la orden del día. Mucha gente, por ejemplo, la utiliza para trámites oficiales y facilitarse las gestiones. Entre ellos, un hombre consultó con ChatGPT cómo podía tramitar su jubilación anticipada y, al seguir las indicaciones de la inteligencia artificial, sufrió el efecto contrario: su pensión mensual se redujo a una cuarta parte de lo esperado.

El protagonista de la historia, un hombre de 60 años residente en España, buscó orientación en la inteligencia artificial de OpenAI para conocer los pasos a seguir ante la Seguridad Social y calcular la cuantía aproximada de su pensión de jubilación anticipada. La herramienta le aseguró, según informó Business Insider, que, con base en una supuesta “disposición cuadragesimoséptima” de la legislación española, tendría derecho a una prestación mensual de 800 euros. Sin consultar a profesionales o a la propia administración, el ciudadano cumplió cada uno de los pasos sugeridos por la inteligencia artificial y formalizó su solicitud de retiro.

La sorpresa llegó cuando la Seguridad Social notificó la resolución oficial: la pensión concedida fue de tan solo 200 euros al mes. La cantidad era equivalente al 25% de la base reguladora, muy por debajo de los 800 euros calculados por la inteligencia artificial. El error no se debió a un fallo técnico de la Administración, sino a la confianza absoluta en una herramienta incapaz de interpretar correctamente la legislación laboral vigente.

Y es que el error se origina en el uso por parte de ChatGPT de una disposición inexistente dentro de la normativa. Ignacio de la Calzada, abogado laboralista encargado del caso, explicó que la inteligencia artificial citó artículos y leyes que nunca han formado parte del ordenamiento jurídico español, es decir, que se las inventó.

De la Calzada consideró que, en vez de consultar únicamente a una herramienta digital, el interesado debió recurrir a un experto en derecho laboral antes de formalizar el trámite. Porque, según el abogado, dar marcha atrás en este tipo de resoluciones es prácticamente imposible, ya que la solicitud se efectuó ajustándose a la normativa real y los cálculos efectuados por la administración son correctos.

El caso señala las limitaciones técnicas y éticas en la utilización de sistemas como ChatGPT para gestionar trámites oficiales o resolver dudas legales. Aunque la propia página de OpenAI alerta del riesgo de errores en sus respuestas y recomienda verificar cualquier información importante, existen usuarios que actúan basándose únicamente en las indicaciones generadas por el modelo.

La inteligencia artificial puede ofrecer explicaciones distintas sobre un mismo asunto, dependiendo de cómo se formule la pregunta. Estas inconsistencias no solo afectan a ChatGPT, sino también a otras plataformas como la inteligencia artificial de Google.

Por otro lado, aunque algunas empresas emplean esta tecnología para elaborar documentos o textos informativos, la fiabilidad en ámbitos legales y normativos es limitada, especialmente si no interviene un profesional que supervise, racionalice y corrija el contenido generado. La inteligencia artificial aún no puede interpretar correctamente la complejidad de la legislación, ni distinguir entre leyes vigentes y disposiciones ficticias.