El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

El colectivo subraya que, tras más de 14 años de actividad comunitaria, cualquier intento de desalojo resulta “ilegal” y supone borrar un proyecto que ha echado raíces durante todo ese tiempo

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Centro sociocultural en el barrio
Centro sociocultural en el barrio de Carabanchel que denuncia en redes sociales presión e intimidación por parte de un fondo inmobiliario (Fuente: Instagram)

El EKO, el centro social okupado situado en el barrio madrileño de Carabanchel, lleva más de 14 años funcionando de manera autogestionada, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la vida sociocultural del barrio. A lo largo de más de una década, este espacio ha servido como lugar de encuentro, un intersticio entre la cultura y la actividad comunitaria, impulsando iniciativas culturas y socioeducativas que han tejido vínculos sólidos entre los vecinos. Entre sus actividades ha impulsado importantes talleres de sensibilización social, entre los que se encuentra el apoyo a Palestina y la creación de espacios seguros para las personas LGTBIQ+.

Espacio sociocultural autogestionado con más
Espacio sociocultural autogestionado con más de una década de trayectoria. Ahora se enfrentan a presiones policiales y un desalojo por parte de un fondo inmobiliario (Fuente: Instagram)

Un proyecto sociocultural colectivo

Sin embargo, en la actualidad, el EKO se enfrenta a la amenaza y al acoso de un fondo inmobiliario, Midtown Capital Partners que, según denuncian sus integrantes, busca expulsarles del edificio. Tras más de 14 años desempeñando su actividad, estiman que cualquier intento de desalojo se constituye como un agravio, no solo hacia su proyecto, sino también al propio tejido social del barrio.

El edificio donde, durante más de una década, han llevado a cabo sus talleres, es un local abandonado que, en 2024, fue adquirido por Midtowm Capital Partners. Se trata de una sociedad inmobiliaria estadounidense que trabaja desde el distrito financiero de Brickell, ubicado en Miami. Según informa El Salto, en 2018 llegaron a España y comenzaron lo que sería, en el futuro, una compra de activos inmobiliarios valorados en 48 millones de euros. Algunas de sus adquisiciones inmobiliarias se encuentran en Getafe, Valdemoro, Vallecas, Móstoles, Carabanchel y otros lugares de Madrid.

Cartel sobre una de las
Cartel sobre una de las actividades de diálogo, comunidad y sensibilización social del centro (Fuente: Instagram)

Campaña de presión y acoso

El EKO hizo pública la situación por redes sociales, haciendo un llamamiento urgente a los vecinos del barrio y a todos aquellos que, durante tantos años, han participado de la colectividad del centro. Según sus organizadores, están experimentando una serie de actitudes de intimidación y amenazas por parte de las fuerzas policiales, así como de este fondo de inversión. El Diario.es informa a través de una serie de testimonios del CSO: “Compran barato para maximizar beneficios y, antes de empezar procesos judiciales largos, inician una escalada de intimidación, presión, amenazas, coacción y violencia contra las personas que habitan el espacio para intentar recuperar el local de manera rápida y efectiva, aunque ilegal”.

Otro de los testimonios incide sobre la intimidación explícita de un policía hacia un contribuyente del centro social: “Tic-tac, tic-tac, tic-tac...”. Esto, según sus declaraciones, dicho con mofa.

Coches de la policía son
Coches de la policía son avistados en las inmediaciones del centro. EKO denuncia un presunto acoso policial (Fuente: Instagram)

También, en los últimos días encontraron a gente merodeando e incluso se dio una identificación policial inesperada en el centro, algo muy inusual durante todo el tiempo que el edificio lleva en activo. Esto último sucedió el pasado 26 de agosto a las 9:17 con la intervención de cuatro agentes vestidos de paisanos que procedieron a una identificación de varias personas del centro.

Desde EKO, señalan que temen estar ante el inicio de un proceso de presión y acoso encaminado a forzar un desalojo de un espacio que durante años ha sido motor de múltiples proyectos, redes de apoyo, actividades culturales y espacios de resistencia, funcionando como punto de encuentro para buena parte de la comunidad del barrio. Según el comunicado difundido por el colectivo, se trataría de una campaña de presión al margen de la legalidad, ya que aseguran no haber recibido ningún procedimiento formal de desalojo.

Asimismo, el caso del EKO se produce en un contexto más amplio de ataques a centros sociales en Madrid. En los últimos meses, el CSO Vetades, también en Carabanchel, fue clausurado tras un incendio, mientras que otros espacios, como La Atalaya en Vallecas, fueron desalojados a finales del año pasado, evidenciando un patrón de presión sobre este tipo de iniciativas comunitarias.