El Gobierno aprobará el próximo martes la quita de 85.000 millones de la deuda autonómica con la oposición de las comunidades del PP

El Gobierno sumará un nuevo frente a su batalla con las comunidades del PP, recrudecida en las últimas semanas por la gestión de los indencios y el reparto obligatorio de los menores migrantes. La vicepresidenta primera y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este viernes que la condonación de 85.000 millones de euros en deuda autonómica será aprobada el próximo martes en el Consejo de Ministros. La luz verde a la medida, que forma parte del compromiso adquirido por el Ejecutivo con ERC durante las negociaciones de investidura, reavivará a buen seguro el debate político y financiero en España, ya que genera una fuerte oposición por parte de las comunidades autónomas del PP.

El mecanismo para condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas recibió el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en febrero, pero solo contó con los votos del Gobierno (el Ministerio de Hacienda cuenta con la mitad de los votos en este foro multilateral), Castilla-La Mancha, Cataluña y Asturias. En esa ocasión, doce comunidades gobernadas por el PP abandonaron la reunión en señal de protesta, evidenciando la fractura política en torno a la medida. El Gobierno sostiene que la condonación no implica privilegios para Cataluña ni supone un agravio para el resto de las regiones, y considera improbable que las comunidades rechacen el alivio financiero, a pesar de la postura contraria del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Según los cálculos realizados por el Ejecutivo en febrero, la aplicación de esta quita permitiría a las autonomías un ahorro estimado de entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses. Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

La ministra Montero, candidata por el PSOE a las elecciones andaluzas, ha defendido desde Sevilla la medida al afirmar que los dirigentes territoriales “no tienen argumentos para renunciar”. No obstante, las críticas de las comunidades gobernadas por el PP no se han hecho esperar.

La Comunidad Valenciana ha calificado la condonación parcial como “inaceptable”, argumentando que se trata de un pacto “unilateral” que carece de consenso entre las autonomías y no contempla que el 80 % de la deuda valenciana se origina en la infrafinanciación, según la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Esta región solo podría beneficiarse de la condonación del 19,3 % de su deuda total, equivalente a 11.210 millones de euros, y rechaza que esto permita destinar más recursos a servicios esenciales.

En Andalucía, la medida es percibida como una “cesión más” del Gobierno ante el independentismo catalán, con el único objetivo de mantener el poder en la Moncloa. La Junta andaluza sostiene que la condonación no generará “ni un euro más para invertir en Andalucía”, sino que únicamente modificará el balance contable, favoreciendo a las comunidades más endeudadas al mejorar su solvencia. Además, la deuda no desaparece, sino que pasa a ser asumida por el Estado, lo que implica su “mutualización”, según la administración andaluza. Andalucía reclama un nuevo sistema de financiación, ya que, con el actual, deja de percibir 1.528 millones de euros anuales. La consejera de Hacienda, Carolina España, ha acusado a Montero de no haber actuado en siete años para corregir la infrafinanciación.

Por su parte, Baleares considera que la condonación constituye un ejercicio de “trilerismo presupuestario” que no mejora la financiación, ya que los posibles ahorros no pueden destinarse a gasto no financiero, como inversiones en servicios sociales o infraestructuras, según el conseller de Hacienda, Antoni Costa.

Estas reacciones se suman al rechazo manifestado en febrero, cuando las comunidades gobernadas por el PP y Canarias —donde el PP cogobierna— abandonaron el CPFF en protesta. En ese momento, autonomías como Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Murcia o La Rioja anunciaron que recurrirían la medida una vez aprobada. El Gobierno madrileño, de hecho, presentó un recurso contra el acuerdo del CPFF sin esperar a la aprobación definitiva.

A pesar de la oposición, el Gobierno considera que las comunidades gobernadas por el PP acabarán acogiendo la condonación cuando sea ratificada por las Cortes. Si bien, tampoco está claro que el Congreso de el visto bueno a esta norma, ya que se necesita los votos de Junts, quienes se oponen a esta medida al reclamar la condonación de toda la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Por su parte, Compromís, cuyos diputados se dividen en dos, también mostró su rechazo a la quita de la deuda al considerarla insuficiente: “Sí a la quita, pero no a esa quita”, tal como reivindicó su síndic en Les Corts, Joan Baldoví.