“El ruido partidista debe quedar fuera del reparto de los menores migrantes”: las ONG piden que se priorice el interés de la infancia

El reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias al resto de España está más cerca de hacerse realidad después de que el Consejo de Ministros aprobara un real decreto que regula cuántos jóvenes puede acoger cada comunidad autónoma. La norma, que cifra en una ratio de 32,6 plazas la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, busca aliviar la saturación de los centros del archipiélago y repartir de forma más equilibrada la responsabilidad de proteger a estos menores. Sin embargo, muchas de las autonomías, especialmente donde gobierna el Partido Popular, rechazan la medida y no se lo van a poner fácil al Ejecutivo.

Por ello, aunque organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera la aprobación de esta medida como un avance en el desarrollo del proceso de acogida, también pide que el “ruido partidista” de las autonomías quede a un lado y se priorice lo importante: “Respetar el interés superior del menor y un tratamiento igualitario de los derechos de la infancia”. También reclama la puesta en marcha de una “política migratoria real y efectiva”, que aborde de manera integral los desafíos actuales.

“El camino recorrido hasta ahora es positivo, pero hay que avanzar hacia una dinámica de trabajo estable y regular, normalizada. El reto es construir una auténtica política migratoria de país. Durante el proceso han surgido y seguirán surgiendo dificultades, pero la norma es de obligado cumplimiento. Cuando se ha apostado por la voluntariedad, la medida no ha funcionado para ofrecer una alternativa real a la situación actual”, dice a Infobae España el coordinador territorial de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo.

Una vez que los servicios de acogida en Canarias dejen de estar saturados, el funcionamiento será más eficiente, asegura, por lo que “se podrán atender otras necesidades y contribuirá a una mejora global en la calidad del sistema”.

La Fundación Raíces sostiene que mientras los partidos políticos no asuman un compromiso estricto con la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el respeto al ordenamiento jurídico, “ni la voluntad política del nuevo Ministerio de Juventud e Infancia ni su apuesta por un sistema más garantista lograrán que se respeten en España los derechos de la infancia sin protección familiar”. “Todas las administraciones públicas están obligadas a hacer primar el interés superior de la infancia y deben dejar de buscar rédito político de unos niños y niñas que deberían estar correctamente protegidos desde el mismo momento en el que llegan a nuestro territorio, como ocurrió con los llegados a España desde Ucrania por la guerra”, ha recordado Lourdes Reyzábal, presidenta de esta fundación.

Unicef también ha pedido “despolitizar” el traslado de menores migrantes y que siempre se priorice el interés de cada niño, niña y adolescente. “Es hora de desbloquear la situación”, ha afirmado Lara Contreras, directora de Influencia, Programas y Alianzas de Unicef España, al tiempo que ha reclamado que el Gobierno central y las comunidades autónomas trabajen de forma coordinada para garantizar la protección de la infancia migrante.

Unicef también ha instado a que el traslado de menores migrantes se gestione sin interferencias políticas y teniendo como prioridad el interés superior de cada niño, niña y adolescente. En ese sentido, la organización ha asegurado que es necesario desbloquear la situación y pide que el Gobierno central y las comunidades autónomas colaboren de manera coordinada para asegurar la protección de la infancia migrante.

Desde la ONG Accem también insisten en que hay que poner en el centro del debate los derechos de la infancia, en “cómo se va a llevar a cabo la acogida y el acompañamiento de estos niños para garantizar una transición hacia una vida adulta y autónoma”. Además, la organización recuerda igualmente que los menores migrantes sin amparo familiar se encuentran en una situación de “doble vulnerabilidad”, puesto que, por un lado, se han visto obligados a abandonar sus hogares, familias y redes de apoyo “debido a conflictos armados, violencias, persecuciones, falta de recursos o la propia orfandad”, y además lo hacen solos, lo que implica una falta de protección añadida para ellos.

“El hecho de ser niños y niñas les hace más vulnerables todavía a sufrir las duras consecuencias del trayecto migratorio y las duras consecuencias que pueden vivir en sus países de origen”, explica esta organización que trabaja por los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

De acuerdo con la norma aprobada el martes por el Gobierno para repartir a los menores migrantes no acompañados, Andalucía podría acoger hasta 2.827 jóvenes, Cataluña 2.650 y Madrid 2.325. Completan la lista de mayor capacidad la Comunidad Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).

Por debajo de 700 plazas se sitúan: Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194) y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27, respectivamente.

Las autonomías que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades. Cabe recordar que el Gobierno de Canarias tutela actualmente a cerca de 5.200 menores, una cifra que supera ampliamente la capacidad disponible en el archipiélago.

Por otro lado, Cataluña y País Vasco no recibirán menores migrantes debido al esfuerzo de acogida realizado en años anteriores, aunque las autoridades catalanas han ofrecido 31 plazas en sus centros para nuevos ingresos.

La mayoría de comunidades autónomas rechaza este sistema de reparto. Diez de ellas, gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, han llevado el real decreto ante el Tribunal Constitucional, argumentando falta de consenso y de financiación para atender a los menores migrantes.

La Comunidad de Madrid, además, ha intensificado su ofensiva judicial al haber acordado este miércoles interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo contra este real decreto, mientras que Baleares ha anunciado acciones similares, con la intención de solicitar la suspensión cautelar del reparto.