Más de cinco millones de hogares en España deberán reformarse antes de 2030 para poder venderse o alquilarse

El año 2030 marcará un cambio radical para el mercado inmobiliario en España. Según la Directiva Europea de Eficiencia Energética de la Edificación, a partir de esa fecha todas las viviendas deberán contar con una calificación energética mínima de clase E para poder venderse o alquilarse. Una exigencia que, de no cumplirse, dejará fuera del mercado a millones de hogares.

El calendario europeo es progresivo. Para 2033, la clasificación mínima será de tipo D y el objetivo final se sitúa en 2050, con un parque inmobiliario completamente cero emisiones. El reto es especialmente complejo en España, donde la edad media de las viviendas alcanza los 43,5 años, de acuerdo con la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Lo cierto es que esta cifra refleja la magnitud del desafío que debe afrontar el sector, ya que solo el 20% de los inmuebles en el país cuentan actualmente con una calificación energética superior a la E. El resto del parque inmobiliario consume hasta un 70% más de energía que las construcciones más modernas, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Hasta ahora, la única obligación para propietarios e inquilinos era contar con un Certificado de Eficiencia Energética (CEE), que reflejaba el nivel de consumo de cada vivienda. Pero, en cinco años, ese documento no será suficiente, ya que los inmuebles deberán alcanzar una nota mínima que les permita estar en el mercado de compraventa o de alquiler.

Para lograr esta calificación mínima, los propietarios tendrán que realizar distintas obras de rehabilitación. Una de las más relevantes es el aislamiento térmico, que implica renovar ventanas, puertas, paredes o suelos para reducir la pérdida de calor y frío. Otra medida clave es la instalación de energías renovables, como placas solares, paneles fotovoltaicos o sistemas de aerotermia, que ayudan a generar energía verde y autosuficiente.

La modernización también pasa por renovar los sistemas de climatización, sustituyendo calderas antiguas, equipos de aire acondicionado o sistemas de calefacción por modelos más eficientes. A estas intervenciones se suman trabajos de insonorización, que no solo favorecen el aislamiento acústico, sino que también refuerzan la eficiencia térmica.

Incluso actuaciones más sencillas, como cambiar las bombillas tradicionales por iluminación LED, pueden contribuir a mejorar la calificación energética y acercar a los hogares a los mínimos exigidos por Bruselas.

El coste de estas reformas puede ser elevado, sobre todo para familias con viviendas antiguas que requieren varias intervenciones. Para facilitar la adaptación, el Gobierno ha puesto a disposición de los ciudadanos distintas subvenciones y ayudas económicas.

Entre ellas destacan los Fondos Next Generation, financiados por la Unión Europea, que permiten cubrir parte de los gastos en rehabilitación energética. En algunos casos, estas ayudas pueden alcanzar hasta 3.000 euros, un importe destinado a aliviar la carga de los propietarios que deben modernizar sus hogares.

El acceso a estas ayudas resulta clave para que España pueda cumplir con los objetivos europeos. Las asociaciones inmobiliarias recuerdan que la inversión no solo responde a una obligación legal, sino que supone también una mejora en el confort de los inquilinos y un ahorro a largo plazo en las facturas energéticas.