El curso político se precipita por la gestión de los incendios: el PP pide cuentas a Sánchez para reavivar las polémicas pendientes y el PSOE adelanta el Consejo de Ministros

Este lunes, el presidente del Gobierno tenía previsto terminar sus vacaciones en el Palacio de La Mareta, una residencia de Patrimonio Nacional ubicada en Gran Canaria, donde se suponía que descansaría junto a su familia antes de empezar el nuevo curso político. Hasta allí se desplazó el pasado 2 de agosto, después de varias semanas lidiando con los frentes judiciales que asedian al PSOE: desde la investigación a Begoña Gómez, su esposa, hasta el presunto caso de corrupción del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ex ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Jose Luis Ábalos. Pero el fuego, que ha engullido más de 350.000 hectáreas y ha desatado una nueva batalla entre socialistas y populares, adelantó el regreso de Pedro Sánchez. Las llamas, o más bien su gestión, trajeron de vuelta a la península al presidente, y también a Alberto Núñez Feijóo, aunque el líder de los populares ha declarado que “las vacaciones están sobrevaloradas”.

Durante más de una semana, los incendios han avanzado destrozándolo todo a su paso, especialmente en Ourense, León, Zamora y Cáceres. El escenario era perfecto para el cruce de acusaciones y el juego del ‘y tú más’ entre el Gobierno central y los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, todas en manos del PP. Las regiones son las responsables de la gestión de los desastres naturales, como sucedió en la DANA de Valencia, pero reprochan al Gobierno no haber puesto más medios y más rápidamente. Ahora, la disputa abandona las confrontaciones desde el terreno y entra en el Congreso de los Diputados. El PP pretende llevar al presidente y a varios de sus ministros para que comparezcan ante los españoles, siempre y cuando lo apruebe la Diputación Permanente.

La Diputación Permanente es la encargada de velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida y puede ser convocada por la presidenta, a iniciativa propia o de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros. Pues bien, a petición del Grupo Parlamentario Popular, el organismo integrado por 68 miembros, más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debatirá el martes las solicitudes de comparecencia del presidente del Gobierno, las vicepresidentas primera y tercera, de los ministros de Presidencia, Transportes e Interior y de las ministras de Defensa, Inclusión e Igualdad.

En concreto, la Diputación Permanente verá la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno para “rendir cuentas sobre la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE, concretamente sobre la imputación de nuevos delitos a su esposa, la investigación judicial a Leire Díez [supuesta ‘fontanera’ del partido] y el incumplimiento de todas las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del GRECO que se tratará en el Consejo de Europa”.

Pero Sánchez no es el único al que requieren. También se estudiará la comparecencia ante el Pleno de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para “dar cuenta de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar el debido apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano, así como de las medidas que piensa adoptar para paliar los gravísimos daños ambientales, materiales y humanos provocados por los fuegos”. Por su parte, Aagesen defendía en una entrevista con elDiario.es el pacto de Estado por el cambio climático propuesto por el PSOE y rechazado por los populares. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, lo tildó de “cortina de humo” y “huida hacia adelante”. Aagesen le restaba peso: “El Partido Popular ha hablado de ’cortina de humo’, no ha dado una negativa a algo que todavía tiene que ser trabajado. Un ‘no’ no me parece una respuesta posible en este contexto”, sostenía la ministra en la entrevista.

Ya puestos, los populares han decido seguir sumando a un posible Pleno extraordinario toda su artillería contra el PSOE. El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para “dar cuenta sobre la deuda que prepara el Gobierno para contentar a sus socios separatistas”. También pide que comparezca Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, para “explicar los motivos del respaldo del Gobierno al Fiscal General del Estado tras la confirmación de su procesamiento por parte del Tribunal Supremo”.

Asimismo, la Diputación Permanente también verá la petición de comparecencia ante el Pleno de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para “explicar los motivos del caos ferroviario” y “para dar cuenta de todas las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para prestar el debido apoyo a las comunidades autónomas afectadas por los incendios este verano”, respectivamente.

Además, a petición del Grupo Parlamentario Popular se verá la solicitud de comparecencia ante el Pleno de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para explicar “la emergencia migratoria que está viviendo nuestro país, con especial incidencia en el sur y las Illes Balears, así como de las medidas adoptadas para perseguir a estas mafias de tráfico de personas”.

Finalmente, la Diputación Permanente estudiará la petición de comparecencia urgente en comisión de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior para “informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL)”; y la comparecencia urgente en comisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para conocer “las medidas que están adoptando para acabar con el machismo imperante, tanto en el Palacio de la Moncloa (Caso Salazar) como en el conjunto de su Gobierno y de su partido (Caso Koldo y Ábalos)”.

El PP no ha sido el único en mover ficha en el tablero. La pasada semana, Sánchez adelantaba que el Ejecutivo declarará muchas de las zonas arrasadas por los incendios forestales como zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil. Lo hará el martes, en un Consejo de Ministros que se celebrará de forma extraordinaria. El anunció lo lanzó la semana pasada en declaraciones a los medios desde La Granja (Cáceres) tras la visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla. Allí, en medio de las críticas del PP por la “falta de colaboración” con las comunidades afectadas, el presidente del Gobierno reiteraba que “desde el primer momento, el sistema de protección civil y el Gobierno han estado a disposición [de las comunidades]”.

Los dos partidos han adelantado el inicio de un curso político que promete ser, al menos, tan convulso como el que se cerró en julio, con casos de corrupción a los dos lados de la mesa de juego y una criticada gestión del fuego.