Los desahucios persisten mientras crecen las redes vecinales para frenar los abusos de los fondos buitre: “Hay que frenar el negocio de la vivienda”

En España se registran unos 80 desahucios diarios. De ellos, un porcentaje significativo afecta a personas en situación de vulnerabilidad, a pesar de que la ley lo prohíbe en estos casos. Se trata de familias con menores a su cargo, hogares con ingresos bajos o desempleados que no pueden hacer frente a los elevados precios del mercado ni disponen de otra alternativa habitacional. En el primer trimestre del año, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se registraron 7.334 desahucios por orden judicial, la mayoría por el impago del alquiler, una cifra que, aunque ha descendido un 1,2% respecto al mismo periodo de 2024, evidencia que los desalojos siguen siendo una realidad cotidiana.

“Se supone que hay una protección para las personas vulnerables, pero la realidad es que los desalojos se siguen produciendo a diario”, afirma Fernando De los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en diálogo con Infobae España. Señala como responsables a la Justicia, a los diferentes gobiernos y administraciones y a las fuerzas de Seguridad y Cuerpos del Estado. “Aquí son cómplices tanto los jueces que están decretando estos desahucios, como la policía que reprime a quienes intentamos detenerlos. Tampoco las administraciones públicas están dando una alternativa a estas personas y los propios gobiernos aprueban leyes que desembocan en subidas de precio o contratos temporales, lo cual hace que seamos expulsados de nuestras casas para que después sirvan a la especulación”, añade indignado, al tiempo que asegura que la única solución es la “organización colectiva y el apoyo mutuo”.

Incluso en comunidades autónomas como Cataluña, donde se ha limitado la subida de los precios del alquiler al aplicar la Ley de Vivienda, la medida no afecta a los alquileres de temporada, recuerda el sindicato, por lo que piden que “no solo sea un parche” y que los precios bajen significativamente para que la ciudadanía no tenga que destinar más del 30% de su salario. “Se tiene que frenar el negocio de la vivienda y eso implica parar las compras especulativas, recuperar la vivienda vacía, la que está en manos de fondos buitre, bajar los precios por ley y que podamos tener contratos indefinidos para no tener que vivir con una inestabilidad constante”, añade el activista.

Asimismo, advierte que la cifra del CGPJ de los 7.334 desalojos en el primer trimestre representa solo una parte de la realidad, ya que recoge únicamente los realizados por orden judicial. Quedan fuera los llamados “desahucios invisibles”, en los que vecinos abandonan sus casas ante subidas abusivas, no renovación del contrato o presiones inmobiliarias, situaciones que impactan especialmente en la población migrante.

A pesar de los obstáculos y de que los desahucios no cesan, en estos últimos meses se ha producido un cambio notable en torno a la vivienda, no solo por las numerosas manifestaciones celebradas en diferentes puntos del país para exigir una bajada de precios y el fin de la especulación, que han contribuido a visibilizar el problema, sino por el creciente número de comunidades vecinales que se han unido para frenar los abusos de los fondos buitre y de los bloques que “se declaran en lucha”.

“Las movilizaciones han sido un impulso porque han conseguido visibilizar el problema y acercar la solución, que es la organización colectiva, a personas que no estaban familiarizadas con ello. También han servido para mostrar que este no es un problema exclusivo de Madrid o Barcelona, sino que lo es a nivel estatal”, asegura De los Santos, que indica que la solución no solo está en las instituciones o el mercado, sino también en la ciudadanía.

La movilización por el derecho a la vivienda, además, no se ha limitado a las manifestaciones en las calles, pues cada vez son más los inquilinos que recurren a la vía judicial. Entre las últimas acciones que se han tomado en Madrid, por ejemplo, destaca la querella colectiva contra el fondo Elix Rental Housing Socimi II por “acoso inmobiliario” presentada por los vecinos del número 7 de la calle Tribulete, en el barrio de Lavapiés, uno de los más afectados por la gentrificación y especulación. Y es que desde que la empresa adquirió el edificio en marzo de 2024, las coacciones y amenazas para que los residentes abandonen sus hogares han sido constantes, tal y como denunció el Sindicato de Inquilinas.

También han plantado cara al fondo Nestar-Azora decenas de vecinos de barrios como Villaverde, Carabanchel, Vallecas y otros que residen en Parla, Móstoles y Pinto, iniciando hace meses una “huelga de alquileres” como medida de protesta contra las “cláusulas abusivas” que les imponía la empresa, el tercer mayor casero de España. De hecho, el pasado 17 de julio los inquilinos del bloque de Martín Muñoz de las Posadas, en Vallecas, lograron una victoria: un juzgado de Madrid declaró abusivas 6 de las 7 cláusulas incluidas en sus contratos de alquiler, un fallo que llegó tras más de un año de lucha.

Entre las cláusulas anuladas, destaca la relativa al cobro del seguro de impago, declarado ilegal por la jueza, por lo que Nestar- Azora debe devolver más de 20.000 euros a los afectados.

Fue también “gracias a la organización y lucha vecinal” por lo que 16 familias lograron el pasado mes de junio, tras años de amenazas por desahucio, formalizar sus contratos de alquiler con la Sareb, la sociedad encargada de gestionar miles de activos inmobiliarios procedentes de la crisis financiera y conocida como el “banco malo”. Porque, a pesar de que es una entidad de titularidad pública, “ha estado actuando como un fondo buitre tratando de desalojarlas”, según explicó el sindicato.

“Cuando nos organizamos y no actuamos aisladamente, podemos enfrentar esos abusos y conseguir algunas de las victorias que las instituciones no nos dan”, concluye De los Santos.