¿Quién se beneficia cuando España arde? Los expertos aclaran que la quema de terrenos para recalificarlos “es cosa del pasado”

Cuando un año se registran pocos incendios, se incrementa el riesgo de que, en el siguiente o en los dos posteriores, surjan problemas, ya que la vegetación seca se convierte en combustible para el fuego y su propagación. Y esto es lo que está ocurriendo en esta oleada de incendios que asola España: tras un 2022 devastador que arrasó más de 200.000 hectáreas, 2023 y 2024 presentaron una menor incidencia de fuegos, por lo que la vegetación se ha ido acumulando desde entonces. Ahora, todo ese material, unido a la falta de gestión forestal, las altas temperaturas y el fuerte viento, se han convertido en el cóctel perfecto para la propagación de los incendios.

De momento, aún es pronto para saber con certeza cuántas hectáreas han quemado estos últimos incendios forestales, que han afectado especialmente a Castilla y León y Galicia, donde miles de personas han tenido que ser evacuadas de sus hogares. Todas ellas coinciden en un reclamo: la falta de prevención y de medios por parte de las administraciones. Las provincias de León y Zamora se han llevado la peor parte. Por eso, desde allí los equipos de bomberos también han pedido más recursos y mejores condiciones laborales. Además, los fuegos se han cobrado tres víctimas mortales en todo el país, una fallecida a principios de semana en una hípica de Tres Cantos, Madrid, y dos voluntarios que trataban de combatir las llamas en León.

Las consecuencias del fuego no solo afectan a los ecosistemas y las comunidades locales, sino que los daños también se traducen en un elevado coste económico. Y si bien es cierto que existe una “economía del fuego”, que implica desde la prevención a la extinción de los incendios forestales, los expertos consultados por Infobae España dejan claro que los incendios no se provocan pensando en beneficiar a sectores económicos ni para justificar grandes inversiones públicas o facilitar la recalificación urbanística de zonas quemadas, pese a las “teorías conspirativas y bulos que afirman lo contrario”.

Domingo Molino, profesor de ingeniería forestal en la Universidad de Lleida, indica que este tipo de creencias carecen de fundamento. “Se trata de una retórica conspiranoica que tiene mucha gente en el monte”, dice con rotundidad. “En vez de aprovechar la riqueza del monte, se llega a la conclusión de que no es rentable y lo abandonamos, y esa es la raíz del problema, porque es ahí cuando se acumula la vegetación y aumenta el riesgo de incendio. Pero no hay nadie que gane dinero porque el monte se queme”. Al contrario, añade, la sociedad pierde debido a los altos costes asociados a la extinción.

En ese sentido, el experto agrega que “no hay desarrollos inmobiliarios destinados a la construcción de viviendas en terrenos afectados por incendios ni evidencia de quemas intencionales con el objetivo de obtener mejores precios o facilitar la extracción de madera”, puesto que numerosos estudios han descartado estas prácticas. No obstante, sobre el alquiler de helicópteros e hidroaviones de extinción de incendios, reconoce que las empresas han elevado el precio por hora de vuelo ante el aumento de la demanda, pero sostiene que “no hay un enriquecimiento delictivo”, sino variaciones dependiendo del mercado.

Greenpeace coincide con este enfoque y afirma que los casos de grandes incendios y recalificaciones para construir proyectos urbanísticos “son temas pasados, al igual que todas las tramas conspirativas asociadas”. Según la organización, este tipo de argumentos solo distraen la atención de las medidas necesarias y de los debates fundamentales, que “deberían enfocarse en disminuir la cantidad de incendios y limitar su gravedad”. “Como no podemos cambiar la topografía ni la meteorología, pero sí el combustible, que es la vegetación seca susceptible a arder, es ahí donde tenemos que trabajar”, precisa Mónica Parrilla, ingeniera forestal y responsable de la campaña de incendios de Greenpeace.

De hecho, la ley 21/2015 de Montes, que busca protegerlos, establece que las comunidades autónomas están obligadas a asegurarse de que los terrenos forestales quemados se restauren, y prohíbe que se pueda cambiar el uso de esos suelos durante un mínimo de 30 años. Tampoco se permitirá ninguna actividad que impida que la vegetación vuelva a crecer durante el periodo que fije la normativa de cada comunidad.

Y aunque a veces las autoridades han detenido a trabajadores de extinción de incendios por causar fuegos —como el reciente caso del bombero arrestado en Mombeltrán, Ávila, en el que las autoridades investigan si hay posibles “intereses laborales”—, este tipo de casos “son marginales”, añade por su parte Molino. En Castilla y León, algunos incidentes de este tipo se vinculan a las difíciles condiciones laborales del sector, donde muchos bomberos tienen contratos fijos-discontinuos y pierden su empleo al finalizar la campaña. Aun así, estas situaciones son poco frecuentes.

Alrededor del 70% de los incendios forestales, según datos de la Fiscalía de Medioambiente, están originados por negligencias o accidentes, es decir, son los producidos por descuidos y actuaciones que no persiguen provocarlos. Entre las causas más habituales se encuentran descuidos en actividades agrícolas o forestales, quemas incontroladas, colillas mal apagadas y líneas eléctricas, entre otras. Por otro lado, alrededor de un 23% son de origen intencionado, ya sea por venganzas, vandalismo o relacionados con la caza, mientras que los generados por rayos u otras cuestiones suponen un porcentaje menor.

“Es importante aclarar algunos conceptos. Si una persona ganadera prende fuego a un terreno sin autorización, se considera un incendio intencionado. Si lo hace sin acreditación administrativa, porque en días de mucho calor las autoridades no la otorgan, se trata de una negligencia. Esto debe quedar claro, ya que declaraciones como las del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al hablar de ‘terrorismo ambiental’ [en relación con los autores de los incendios], pueden generar confusión en la sociedad”, señala Parrilla. La experta destaca la importancia de que se debata sobre “el uso cultural del fuego en un contexto de cambio climático”, pues si se realiza de forma informada y sostenible, puede ayudar en la adaptación y mitigación. “A eso se le llama economía del fuego”, concluye.

Por otro lado, un artículo reciente publicado por Civio, medio especializado en investigar a las autoridades públicas, revela también que más de la mitad de los incendios forestales que fueron intencionados entre 1968 y 2017 —un total de 288.420— tienen una motivación desconocida, si bien de los que se conocen las razones, las quemas agrícolas es la razón más repetida.

Desde Greenpeace insisten en la necesidad de que los gobiernos destinen recursos a la prevención de incendios y calculan que si se invirtieran 1.000 millones de euros al año, el ahorro estimado sería de 99.000 millones de euros. Esta cantidad, estiman, permitiría gestionar y salvar 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal, casi una quinta parte de España.