Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha prorrogado este mes de julio, sin darle publicidad, el contrato que permitirá seguir realizando reconocimientos médicos a los empleados públicos que trabajan dentro de su División de Prevención de Riesgos Laborales. El servicio lo realiza Quirón Prevención, una filial del Grupo Quirón dirigida por Fernando Camino, amigo personal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. González Amador trabaja además para Quirón Prevención como consultor.

La prórroga fue publicada por el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el pasado 3 de julio. Se trata de la cuarta prórroga que Quirón Prevención se lleva de este contrato adjudicado por primera vez en junio de 2021. Tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2026 y, según los pliegos del contrato, se podrán realizar en este próximo año unos 10.000 chequeos médicos a empleados regionales. El Ejecutivo madrileño pagará por esta nueva prórroga unos 470.000 euros.

Puede parecer extraño que la Comunidad de Madrid, de la que dependen una treintena de hospitales públicos, contrate los chequeos médicos de sus funcionarios con una empresa privada. El Gobierno regional lo justifica porque la Dirección General de Función Pública “carece de medios propios”. El primer contrato se adjudicó el 17 de junio de 2021 por 2,6 millones de euros. Estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2024 con las dos prórrogas que incluía. En lugar de licitar un nuevo contrato, la Comunidad aprobó una tercera prórroga en julio de 2024 y esta cuarta en julio de 2025.

Quirón Prevención ha copado titulares desde que se conoció que Alberto González Amador estaba siendo investigado por defraudar 350.000 euros a la Agencia Tributaria. Una investigación que finalmente ha sentado en el banquillo de los acusados a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y falsificación de documentos (ya que utilizó 15 facturas falsas para cometer, presuntamente, ese fraude). La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él casi cuatro años de prisión. La investigación permitió conocer que Quirón Prevención era uno de los principales clientes de González Amador.

La relación de Alberto González Amador con Quirón Prevención es fluida. Él ha declarado en sede judicial que se considera a sí mismo como una especie de ‘implant’, un profesional externo que trabaja físicamente dentro de la oficina de una compañía anfitriona, en este caso Quirón Prevención. González Amador tuvo incluso un despacho en la sede principal de la compañía, en la calle Agustín de Betancourt 25. González Amador ha utilizado a su principal empresa, Maxwell Cremona, para facturar a Quirón Prevención por los trabajos de auditoría que les ha realizado.

De momento solo ha trascendido que González Amador, a través de su firma Maxwell Cremona, facturó a Quirón Prevención 275.274 euros en 2020 y 722.180 euros en 2021, los dos años bajo investigación de la Agencia Tributaria. En 2021 ya había iniciado su relación con Ayuso. De hecho, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tiene guardado en su agenda telefónica a González Amador como ‘Alberto Quirón’. González Amador también ha hecho negocios al margen de la consultoría médica con Fernando Camino, director general del Quirón Prevención, y con Gloria Carrasco, la mujer de Camino. Con el primero consiguió embolsarse en plena pandemia una comisión de 1,97 millones de euros por la venta de mascarillas.

Y es que Camino era directivo de la farmacéutica gallega MAPE. Y González Amador trabajó como intermediario de la firma catalana FCS. Esta necesitaba colocar material sanitario durante la pandemia del coronavirus y González Amador le encontró un comprador, MAPE, donde estaba su amigo Camino. La operación se cerró en 45,4 millones de euros, y González Amador se llevó 1,97 millones por intermediar entre FCS (el vendedor) y MAPE (el comprador). Después de que González Amador facturara esos 1,97 millones como comisionista entre FCS y MAPE, en diciembre de 2020 compró por medio millón de euros Círculo de Belleza, la empresa de estética que había fundado muchos años antes la esposa de Fernando Camino.

Una transacción sin mucha lógica empresarial. Círculo de Belleza no tenía empleados. Sus activos se limitaban a un ordenador portátil sin valor (amortizado en 2013) y tres aparatos de depilación y remodelación corporal. El juzgado que ha procesado a González Amador por fraude fiscal ha abierto una pieza separada por la compra de Círculo de Belleza. La Fiscalía sospecha que se trata del pago encubierto de una comisión a Fernando Camino por la intermediación de la venta de mascarillas a MAPE y porque Quirón Prevención ha aumentado los contratos que le otorga a González Amador. En esta pieza separada, la jueza investiga los posibles delitos de corrupción en los negocios (soborno empresarial) y administración desleal (daño a un patrimonio administrado). La investigación la lleva la UCO de la Guardia Civil.

Quirón Prevención es la filial dedicada a riesgos laborales del gigante sanitario Quirón, que gestiona cuatro concesiones hospitalarias en la Comunidad de Madrid con la Fundación Jiménez Díaz como buque insignia. Un análisis realizado por Eldiario.es publicado en 2024 reveló que esta filial mejoró sus contratos con el Gobierno regional desde que se hizo pública la relación de Ayuso y González Amador. Quirón Prevención obtuvo 1,8 millones en contratos entre 2017 y 2020. Entre 2021 y 2023 recibió casi 3 millones entre adjudicaciones y prórrogas.

En una información publicada por Infobae España en abril de 2024, la Comunidad de Madrid reconoció, no obstante, que había pagado desde 2019, año en el que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder, nueve millones de euros a la empresa Quirón Prevención. Fuentes del Ejecutivo autonómico explicaron que estos pagos están dentro del marco de una relación contractual normal, ya que esta empresa, especializada en prevención de riesgos laborales, suele contratar sus servicios con todo tipo de administraciones. De hecho, “desde el año 2019 ha facturado 15 veces más al Gobierno de España, con adjudicaciones que suman 160 millones de euros, y seis veces más al resto de Gobiernos regionales, que han pagado un total de 57 millones por sus servicios”.