“Hemos pasado de los discursos de odio a la islamofobia institucional”: la comunidad musulmana rechaza la “deriva antidemocrática” tras el veto de PP y Vox en Jumilla

Ahmed Khalifa, nacido en Tetuán (Marruecos), lleva viviendo en España 25 años, más de la mitad de su vida, y nunca había estado tan preocupado como ahora. Los sucesos ocurridos en julio en Torre Pacheco, Murcia, donde se vivió una oleada de disturbios racistas con enfrentamientos entre vecinos mezclados con grupos de ultraderecha y ciudadanos de origen marroquí, y el reciente veto de PP y Vox en Jumilla a la celebración de actos islámicos en las instalaciones deportivas de esta localidad también murciana han aumentado los temores entre la comunidad musulmana a que se produzca “un retroceso en derechos”.

“Ya no solo se trata de lanzar discursos de odio, sino que ha habido persecuciones de jóvenes y grupos de ultraderecha contra ciudadanos marroquíes, han pasado a la acción. Y ahora directamente estamos viendo una islamofobia y racismo institucional, una discriminación que nace directamente de las instituciones, que son quienes pueden cambiar las leyes”, denuncia Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, en conversación telefónica con Infobae España.

Aunque la polémica moción que impide la celebración pública del rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en Jumilla, localidad de unos 27.000 habitantes con una amplia comunidad musulmana, fue impulsada por el único concejal de Vox en el ayuntamiento, Juan Agustín Navarro, contó con el respaldo del Partido Popular, que gobierna en minoría en la localidad gracias al concejal ultraderechista. Si bien la propuesta original de Vox vulneraba el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, el PP introdujo enmiendas y la moción resultante se ajusta a la legalidad: se prohíbe celebrar “actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento” en instalaciones deportivas, donde se solían congregar unos 1.500 vecinos musulmanes para rezar.

Khalifa asegura que el acuerdo entre PP y Vox en Jumilla no solo ha provocado preocupación entre la comunidad musulmana, sino “una gran decepción”, al percibir cómo “la protección de derechos mínimos puede desaparecer de un día para otro” y temen que pueda haber medidas similares en otros puntos del país. “Hoy es Jumilla. Mañana puede ser cualquier otro lugar”, advierte el activista y abogado.

En esta localidad murciana, una quinta parte de su población es de origen extranjero y residen personas de 72 nacionalidades distintas. Según las autoridades, no existen problemas de convivencia ni conflictos significativos. Se trata de un pueblo donde los comercios tradicionales se mezclan con barberías o tiendas de alimentación magrebíes y en el que la pluralidad cultural se percibe como parte del día a día.

Khalifa también considera que la iniciativa de PP y Vox en Jumilla supone una “deriva antidemocrática muy peligrosa” y, aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha señalado que analizará y seguirá de cerca, a través de su Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), los discursos de odio “que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas, desde la asociación que preside reclama la intervención de la Fiscalía y que ”sea tratado como un delito de odio”.

“No queremos regresar a la época de la dictadura, donde solo existía la visión del régimen, que no reconocía derechos ni protecciones específicas para las minorías”, añade Khalifa, que considera a España “un país grande por su diversidad”. “Estamos en un país plural cuya riqueza actual es su diversidad. Si volvemos al pasado, perdemos todos”, concluye.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha indicado que la decisión del PP y Vox en Jumilla es “un nuevo ejemplo de la deriva extremista y excluyente de los gobiernos de la derecha con la ultraderecha”, mientras que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha respondido que son un partido “constitucionalista” que respeta las “creencias y costumbres de todos”.

La polémica iniciativa ha despertado incluso las críticas de la Conferencia Episcopal Española, tradicionalmente alineada con posiciones conservadoras, de forma que los obispos han recordado que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, y si las restricciones buscan proteger el bien común, añaden, “se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas”.

Tras estas declaraciones de la Iglesia católica, el líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió este domingo contra “una parte” de la institución, insinuando que su postura está influida por subvenciones públicas directas o canalizadas a través de organizaciones caritativas que ayudan a inmigrantes. Lo hizo en una entrevista en el canal de YouTube ultra Bipartidismo Stream, donde también sugirió que los casos de abusos sexuales denunciados en el seno de la Iglesia la mantienen “amordazada” frente a determinadas políticas.

Organizaciones no gubernamentales y otros colectivos como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también han expresado su rechazo y preocupación ante el impacto de la medida aprobada en Jumilla, al tiempo que recuerdan que la libertad religiosa es un derecho protegido por el artículo 16 de la Constitución.