España, ¿país de racistas? El conflicto entre musulmanes y cristianos continúa en el siglo XXI, pero con matices modernos

La historia de España está atravesada por siglos de convivencia, pero también de enfrentamientos, entre musulmanes y cristianos. Desde el siglo VIII hasta 1492, la Península Ibérica fue escenario de luchas, alianzas y tensiones, no solo territoriales, sino también religiosas.

La llamada Reconquista culminó con la expulsión o conversión forzosa de musulmanes y judíos, un episodio que, según la escritora y activista Safia El Aaddam, “fue un genocidio”, como afirmó en una entrevista concebida a Infobae España. En su libro, España ¿Racista?, Safia, más conocida como Hija de Inmigrantes, analiza cómo ese pasado ha dejado raíces de racismo estructural: “España no es solo un país con personas racistas; cuenta con un sistema institucional que oprime por etnia o raza, desde la escuela hasta el Ayuntamiento, pasando por quienes escriben y aplican las leyes”.

La autora recuerda que negar el racismo resulta incoherente cuando, según encuestas del CIS, la inmigración sigue considerándose uno de los principales problemas del país. Ahora, este telón cobra relevancia con los hechos acontecidos recientemente en Torre-Pacheco y Jumilla, en la Región de Murcia.

El pasado julio, Torre-Pacheco se convirtió en el foco de atención tras una paliza a un anciano que involucró a un joven de ascendencia marroquí y que derivó en disturbios con un marcado tinte xenófobo, instigados por grupos radicales.

“Hubo unos incidentes organizados por la extrema derecha que han dado la vuelta al mundo y han dado una imagen lamentable de nuestro país”, cuenta Hicham Oulad Mhammed, portavoz de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), en conversación con este diario.

Un mes después, el Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por PP y Vox, ha aprobado una enmienda que restringe el uso de los polideportivos municipales para celebraciones religiosas. Aunque el texto final suavizó la propuesta inicial de Vox, mantuvo en la práctica la prohibición para que la comunidad musulmana utilizara estos espacios para sus rezos del Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, como habían hecho desde hace años.

Además, Vox celebró la decisión como “la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos”. Santiago Abascal, líder del partido político, añadió en redes sociales: “El velo es símbolo de sumisión; no podemos blanquearlo con actos públicos pagados por todos”.

La alcaldesa, Seve González (PP), defendió que “aquí no se veta a nadie por su credo. Lo que se busca es orden y convivencia”. Sin embargo, para Hicham, este veto “contradice la Constitución, divide a la sociedad y se usa para ganar votos”.

Según Hicham, más de la mitad de la comunidad musulmana en España, unos dos millones y medio de personas, son ciudadanos que han vivido toda o gran parte de su vida en el país. “Aportamos diariamente, especialmente en regiones como Murcia, donde la economía depende en gran parte de la mano de obra musulmana en sectores como la ganadería o la agricultura”, recuerda.

Pero las trabas, añade, son cada vez más frecuentes. El año pasado, las autoridades impusieron nuevas exigencias para sus celebraciones, como contratar ambulancias o seguros de responsabilidad civil. “Todo está diseñado para ponérselo imposible a la comunidad. Y ahora nos dicen que no podemos usar los polideportivos porque hay muchas actividades deportivas. Pero hablábamos de dos días al año, y ni siquiera días completos”, denuncia.

La propuesta inicial de Vox, según explica, apelaba a “preservar las tradiciones españolas y no dar espacio a “celebraciones ajenas”. Para él, es un “lenguaje clarísimo de odio” y una visión “trasnochada y ambigua” de lo que es España. “La sociedad es diversa, religiosa, cultural y étnicamente. Esa visión monolítica pertenece a épocas muy pasadas”, replica.

Los conflictos de Murcia no han dejado indiferente a nadie. La ministra de Inclusión, Elma Saiz (PSOE), calificó la medida como un “bochorno internacional”: “España está a tiempo de rectificar. Nuestro país se construye sobre la diversidad y el respeto. Atacar a una confesión por su práctica religiosa nos aleja de la Constitución”.

Asimismo, la Conferencia Episcopal Española se ha posicionado a favor de la comunidad musulmana. Desde la Diócesis de Cartagena, un portavoz recordó que “no se puede utilizar la fe como arma política. Prohibir actos de culto es discriminación y daña la convivencia que tanto no ha costado construir”. Este domingo, el líder de Vox, Santiago Abascal, criticó a los obispos por Jumilla por esta defensa de los musulmanes: “No sé si su posición es por el dinero público que reciben o por la pederastia”, dijo.

No obstante, mientras Vox insistía en que “la islamización de los espacios públicos es una amenaza real”, el PP reafirmaba que se trataba de una medida “técnica y no excluyente” y prometía habilitar espacios alternativos.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció que, a través del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), rastreará los discursos de odio que puedan derivarse de esta prohibición.

La reacción social y religiosa fue transversal. La Iglesia católica expresó su solidaridad con la comunidad musulmana, al igual que diversas organizaciones sociales. “Rechazamos frontal y totalmente este discurso de musulmanes y cristianos. Aquí no se trata de volver a esa retórica. Somos una sociedad”, insiste Hicham.

Del mismo modo, el representante de UCIDE apeló a la serenidad: “No queremos echar más leña al fuego. Lo que pedimos es que se cumpla la Constitución (art. 14 y 16). Que se garantice la libertad religiosa y que no se legisle con fines políticos de corto plazo.”

Pero Hicham advierte que Jumilla no es un caso aislado. En Lorca, por ejemplo, no se ha podido abrir una mezquita por presiones vecinales y políticas. Para Paulino Ros, autor del blog Islam en Murcia, “la estrategia de la ultraderecha es clara: sembrar odio y rechazo a la cultura marroquí”. Según él, estas medidas, incluso suavizadas, tienen un objetivo común: excluir.

Para Hicham, lo ocurrido en Jumilla y en Torre-Pacheco es síntoma de un problema más profundo: “La comunidad musulmana hace de cabeza de turco”, recordando que la mayoría de musulmanes en España son ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y contribuyen al tejido social. No obstante, percibe un clima político que alimenta las sospechas hacia su religión: “Hoy nos toca a nosotros, mañana puede tocarle a cualquier otro colectivo”, matiza en un comunicado de UCIDE.

¿Es España un país racista? La respuesta queda en el aire. Tras siglos de historia compartida, y a pesar de un marco constitucional que garantiza la libertad de culto, los nuevos acontecimientos recuerdan fantasmas del pasado que repiten, en clave moderna, el viejo conflicto entre cristianos y musulmanes.