El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido adelantar a este lunes 11 de agosto el inicio del traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias hacia la península, pese a que la fecha inicial estaba fijada para el 28 de este mismo mes.
La decisión responde a un auto de marzo del Tribunal Supremo, por el cual obliga al Estado a asumir en un plazo de diez días la tutela de 1.000 menores solicitantes de asilo. El Ejecutivo lleva un retraso de más de cinco meses, lo que ha obligado a activar un plan acelerado.
En la primera fase, que da comienzo este lunes, ocho menores serán enviados a la península. A finales de la semana, otros 15 menores serán repatriados desde Canarias y, por último, dos derivaciones de entre 15 y 20 menores saldrán del archipiélago durante siete meses hasta completar la repartición.
El 90% de los menores proceden de Mali, país del que huyen de la guerra. La directora general de Protección a la Infancia en Canarias, Sandra Rodríguez, explicó que se han realizado entrevistas individualizadas para ajustar cada traslado: “Se trata de menores con una trayectoria vital compleja y debemos cuidar que la plaza de destino sea la más adecuada”.
Mapa de un reparto “forzoso”
El plan contempla la reubicación de 3.975 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla. Madrid y Andalucía serán las comunidades autónomas que más recibirán, sumando entre las dos el 33,3% del total (1.324 menores). La Comunidad Valenciana se encargará de tutelar a 571 menores solicitantes de asilo, mientras que Castilla y León recibirá 197. Por su parte, Murcia no tiene una cifra clara, pero se estima una “cuota elevada” por su capacidad declarada.
En cambio, Cataluña y País Vasco están exentas del reparto obligatorio por su esfuerzo previo, pero la comunidad gobernada por el PSC acogerá a 31 migrantes de forma voluntaria. Para el resto de regiones, no existe un número específico en los documentos. La financiación incluye 40 millones de euros para 1.200 plazas nuevas y un crédito extraordinario de 22 millones para reforzar los sistemas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
El frente autonómico contra el reparto
En este contexto, el PP critica que el Gobierno pretende imponer un reparto “forzoso” e “ilegal” que vulnera el principio de igualdad territorial. Esta es la opinión de algunas regiones gobernadas por este partido.
Murcia: “Es inhumano”
La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, denunció en la Conferencia Sectorial que el reparto “supone una flagrante usurpación de competencias” al transferir la reubicación a la Delegación del Gobierno. Reprochó que el Ministerio no reconozca a Murcia como “zona especialmente afectada” pese a recibir 300 menores desde Canarias en 2023, y exigió financiación por la acogida de más de 500 menores el año pasado: “Una acogida sin recursos, ni financiación, pone en riesgo los derechos de los menores. Es inhumano”.
Además, reclamó los 17 millones de euros que, afirma, el Estado le adeuda: “Nos encontramos con un sistema de protección tensionado por encima del 200% de su capacidad y con una sobrecarga económica inviable”.
Castilla y León: “No se puede beneficiar a unas en detrimento de otras”
Por su parte, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, criticó un reparto “arbitrario” que asigna 197 menores a su comunidad, frente a 31 para Cataluña y ninguno al País Vasco.
“No se puede beneficiar a unas comunidades en detrimento de otras”, advirtió, reclamando igualdad de trato y denunciando la reducción de la financiación de 145 a 35 euros por niño y día.
Comunidad Valenciana: “No son moneda de cambio”
Desde la Vicepresidencia de Servicios Sociales se rechazó “frontalmente” el reparto “forzoso”, calificándolo como “un traje a medida para contentar a sus socios”. “Los menores no son moneda de cambio”, subrayaron, acusando al Gobierno de “sostener a Sánchez en la Moncloa” a costa de las comunidades.
La Generalitat denuncia una sobreocupación del 160% y un coste real de 218 euros por menor al día, frente a una financiación estatal para solo tres meses. Alerta del “efecto llamada” y de la obligación de abrir macrocentros que romperían su modelo de atención personalizada, “rompiendo programas de emancipación”.
Baleares: “Es lo más xenófobo y menos humanitario que hemos visto en la historia de nuestro país”
El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, advirtió a la presidenta balear Marga Prohens que “lo que niega ahora a Canarias es posible que quiera reclamarlo para Baleares dentro de unos meses” si el archipiélago entra en “contingencia migratoria”.
Rodríguez defendió el reparto como “solidario” y no como un “reparto de paquetes”, en alusión a las palabras de Prohens, que rechazó totalmente el reparto, alegando que no tenían recursos suficientes y criticando el método de distribución que, en su opinión, es “inhumano”. “Es lo más xenófobo y menos humanitario que hemos visto últimamente en la historia de nuestro país”, dijo ella.
Madrid: cierre del centro en Pozuelo
Por su parte, el Gobierno de la capital, presidido por Isabel Díaz Ayuso, dio la última estacada al reparto de menores migrantes cuando el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ordenó el cierre del centro donde iban a reubicarse 400 de los solicitantes de asilo, alegando que carece de licencia para uso residencial.
La alcaldesa Paloma Tejero calificó la decisión del Gobierno de “temeraria” y acusó al Ejecutivo de “política migratoria descontrolada”. Además, la presidenta madrileña, criticó al Gobierno por “premiar” a algunas comunidades a cambio de votos en el Congreso.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, denunció la medida como “un ejercicio de racismo preventivo”, recordando que el centro ha funcionado años “sin registrar problemas con el Ayuntamiento”.
CEAR: “La solidaridad no es opcional”
Para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la actitud de varias comunidades supone un grave incumplimiento de obligaciones esenciales. “La solidaridad es un principio de las relaciones entre administraciones, más aún cuando estamos hablando de los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes”, explica a Infobae España.
“En cualquier decisión de toda administración en la materia, tiene que primar el interés superior del menor, y no parece que eso conjugue bien con bloquear la redistribución de niños, niñas y adolescentes que llevan meses viviendo situaciones de sobreocupación en centros de menores del archipiélago”.
El conflicto institucional, añade CEAR, vulnera los derechos fundamentales y suma meses a una situación que ya es límite: “El mecanismo se activaría para los niños, niñas y adolescentes extranjeros sin referentes familiares acogidos en Canarias y Ceuta, donde ya se supera el 300% de la capacidad ordinaria”, insisten en esta organización. “Cualquier nuevo retraso producido por este conflicto prolonga esta situación, ya de por sí crítica”, subrayan.
Además, la entidad constata también un discurso de criminalización. “La creciente presencia de fuerzas políticas que defienden un discurso y políticas antimigratorias ha acentuado la criminalización hacia personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados”.
Sobre el destino de estos menores, CEAR lo tiene claro: “La valoración del traslado ha de hacerse individualmente y escuchando previamente al niño, niña o adolescente, para determinar caso a caso si es más conveniente, según el interés superior del menor”, recalcan a este diario.
Fundación Raíces: “La infancia más vulnerable es utilizada como arma arrojadiza”
Del mismo modo, la Fundación Raíces, dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad, considera intolerable la deriva política.
“Priorizar razones políticas o económicas por delante de los niños y niñas que llegan sin protección familiar a nuestro país, es faltar al deber legal que tienen las instituciones y administraciones de considerar el interés superior del menor antes que ningún otro”, declaran a Infobae España.
“Desde hace años se utilizan términos como ‘avalancha’ para generar sensación de que es inabarcable atender a estos niños y niñas con dignidad. Es intolerable que la infancia más vulnerable sea utilizada por unos y otros como arma arrojadiza”.
Los efectos del bloqueo son extensos: “Los territorios de frontera tienen los sistemas de protección a la infancia sobrepasados en su capacidad, y la falta de solidaridad de otros territorios hace que muchos niños y niñas no estén correctamente atendidos. Esto afecta a todos sus derechos”.
Es más, la organización denuncia una estigmatización institucionalizada: “Desde hace décadas, los niños y niñas que llegan sin protección familiar a España han sido víctimas de discursos y políticas estigmatizadoras, con independencia de quién estuviera en los gobiernos de las distintas regiones”
“La utilización política que se hace de ellos es una tremenda irresponsabilidad de los políticos, pues ello cala en la sociedad y genera discriminación y odio hacia la infancia y adolescencia migrante”, concluyen en esta fundación, ante las preguntas de este diario.
Respuesta del Gobierno: “La ley exige solidaridad”
En respuesta a las críticas de los diferentes servicios autonómicos liderados por PP y Vox, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió: “Los gobiernos autonómicos que no cumplan deberán atenerse a las consecuencias”.
Asimismo, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, aseguró que “no habrá excepcionalidad” y que el Ejecutivo “cumple de manera exclusiva” el auto del Supremo. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusó al PP de “dar plantón a Canarias y a los niños” y confirmó que se pedirá “el aval del Supremo” para blindar el reparto judicialmente.
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