Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Madrid, Cataluña y Baleares, que encabezan la lista de comunidades autónomas con mayor renta per cápita, fueron las únicas aportadoras netas al sistema de financiación autonómica (SFA) durante el año 2023, según detalla un estudio difundido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado por el economista Ángel de la Fuente.

El informe examina la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2023 y desgrana la arquitectura del modelo y los flujos de recursos que implica entre regiones, subrayando el marcado efecto redistributivo del sistema.

Destaca que el SFA destina a las comunidades de menor renta recursos extraordinarios, por encima de sus ingresos tributarios, hasta un monto cercano a los 24.000 millones de euros. Este capital tiene dos fuentes principales: una parte llega desde el Estado, que aporta algo más de 13.000 millones de euros, y otra corresponde a Madrid, Cataluña y Baleares, que suman otros 10.600 millones como contribuyentes netos. El desglose de esa aportación muestra que Madrid cedió 7.975 millones de euros, Cataluña 2.266 millones y Baleares 358 millones.

El estudio indica que las aportaciones para la nivelación de recursos representan entre el 7% y el 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares y Cataluña, y hasta el 26% en Madrid. Este volumen coloca a la región madrileña como el mayor contribuyente neto al sistema respecto a su recaudación.

En contraposición, las comunidades receptoras de fondos notan el peso de la redistribución: en diez casos, las transferencias recibidas superan el 20% de sus ingresos tributarios homogéneos, lo que significa que más de una quinta parte de sus recursos provienen de este mecanismo solidario. La dependencia es especialmente notoria en Extremadura y Canarias, donde esas transferencias constituyen más del 78% y el 99% respectivamente de los tributos cedidos recaudados en su territorio.

Estos datos, según el documento de Fedea, reflejan la dinámica interna del SFA y su función central para corregir desequilibrios regionales, garantizando servicios públicos similares pese a las diferencias de riqueza relativa y capacidad fiscal. La fundación cifra en unos 2.900 millones de euros (1,94% más que en 2022) el incremento del volumen total de financiación definitiva de las comunidades de régimen común, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal.

El documento advierte que la comparación con la inflación muestra un panorama distinto. Dado que el ejercicio 2023 cerró con una tasa inflacionista del 3,4%, este crecimiento global del sistema implica una ligera reducción en términos reales. El año anterior se había registrado un avance de la financiación autonómica del 14%, lo que subraya el freno experimentado en el último ejercicio.

Ángel de la Fuente atribuye este cambio de tendencia a dos factores principales. Por un lado, la desaceleración del Producto Interior Bruto (PIB) y, en consecuencia, de los ingresos tributarios. Por otro, una reducción del 8% en las transferencias estatales respecto al año anterior, que habían experimentado un repunte del 34%. Las oscilaciones del sistema, señala el economista, se agravan por los mecanismos de entregas a cuenta y liquidaciones y el uso de un índice de evolución basado en ingresos estatales calculados por caja. Esto “tiende a generar llamativos dientes de sierra en la evolución de ciertas partidas”, afirma De la Fuente.

El análisis examina además los movimientos relativos de las distintas comunidades autónomas en cuanto a financiación efectiva por habitante ajustado entre 2022 y 2023. El informe destaca el avance de Cantabria, que gana 3,1 puntos frente al año anterior, y el retroceso de Aragón, La Rioja y Baleares, con pérdidas de entre 2,4 y 4,7 puntos.

En el grupo de comunidades que ocupan los últimos puestos de la distribución —Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha—, el índice de financiación efectiva por habitante ajustado oscila entre 92 y 94,7, lo que evidencia la persistencia de disparidades y la importancia de las transferencias para equilibrar la dotación de servicios públicos en la geografía española.

El estudio de Ángel de la Fuente sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica renueva el debate en torno a la suficiencia y equidad del modelo, así como al peso de las aportaciones de las regiones más ricas y la dependencia de las perceptoras. Además, documenta el alcance de la redistribución y el papel central de Madrid, Cataluña y Baleares como únicos territorios que aportan más fondos de los que reciben, permitiendo que el conjunto de las comunidades autónomas sostenga sus cuentas y mantenga los niveles garantizados de gasto público.