Qué hacer cuando el presidente de la comunidad de vecinos abusa de su cargo

Los conflictos entre vecinos no solo surgen por el uso de las zonas comunes o los desacuerdos sobre el mantenimiento del edificio. El creciente número de denuncias por mala gestión e irregularidades en comunidades de propietarios ha puesto el foco en el cargo de presidente, una figura clave que, en ocasiones, utiliza su posición de forma indebida. La historia de un presidente en Estepona que llegó a autoasignarse una remuneración anual de 86.700 euros, equivalente al sueldo de un ministro, es solo uno de los ejemplos recientes que han situado el abuso de poder en el centro de las preocupaciones vecinales.

Estas situaciones ponen en evidencia los vacíos existentes en muchos edificios que dificultan la prevención y el control de conductas abusivas. Y es que la línea entre una gestión diligente y el aprovechamiento del cargo puede estar difuminada, sobre todo cuando no existen controles claros y mecanismos de transparencia efectivos.

Según ha recopilado el portal Idealista, el abuso de poder por parte de un presidente se produce cuando este actúa fuera de las competencias legales o estatutarias, beneficiándose a sí mismo o a un grupo reducido de propietarios, en perjuicio del conjunto vecinal.

Las señales de alerta son variadas. Una de las más habituales es la toma de decisiones de forma unilateral, sin consultar a la junta de propietarios ni someter los principales asuntos a votación en asambleas extraordinarias o periódicas. También son frecuentes la falta de transparencia respecto al manejo de fondos comunitarios y la ocultación de información relevante, como el estado de las cuentas o los conceptos de los gastos.

Otras prácticas señaladas incluyen el trato desigual hacia los vecinos, por ejemplo, cuando se priorizan las peticiones de ciertos propietarios frente a otros, y la negativa injustificada a permitir la participación en las reuniones y procesos de toma de decisiones. A esto se suma el uso de recursos comunes (personal de mantenimiento, instalaciones o dinero de la comunidad) para fines privados, así como la contratación de allegados, lo cual puede derivar en conflictos de interés que comprometen la gestión.

La presión u hostigamiento a quienes plantean objeciones y la negativa a rendir cuentas ante la comunidad completan el listado de conductas que deben levantar sospechas. El incumplimiento de las normas internas y la aprobación de decisiones contrarias al interés general también son advertencias claras de que el presidente puede estar abusando de su responsabilidad.

El marco legal establece mecanismos para que los vecinos se protejan ante estas situaciones. El primer paso es revisar tanto los estatutos internos de la comunidad como la Ley de Propiedad Horizontal, donde quedan especificados los límites y obligaciones del presidente.

Si existen indicios de abuso, varios propietarios —que representen al menos el 25%— pueden convocar una junta extraordinaria para incluir en el orden del día la valoración de la gestión y, en su caso, proponer la destitución del presidente. La ley exige que la revocación debe ser acordada por mayoría simple. Cuando resulta necesario, la asesoría de un abogado con experiencia en propiedad horizontal puede resultar determinante para que la comunidad interponga acciones legales y, si procede, reclame daños civiles o active vías penales en supuestos de fraude o malversación.

La responsabilidad no siempre recae únicamente en el presidente. Si se demuestra que el abuso contó con la complicidad o la inacción de la junta directiva, toda la estructura puede tener que responder e incluso algunas pólizas de seguro comunitario contemplan coberturas específicas ante estas eventualidades.

Prevenir episodios de abuso comienza por la redacción de unos estatutos exigentes, claros y precisos. Establecer detalladamente las funciones, límites y procedimientos puede evitar la interpretación arbitraria de las normas y dificultar la consolidación de prácticas irregulares.

El fomento de la participación vecinal resulta igualmente relevante. Propietarios informados y comprometidos con las decisiones colectivas son menos vulnerables ante posibles arbitrariedades. La transparencia en la administración, el acceso a la documentación y la regularidad en la celebración de reuniones contribuyen a generar un ambiente de confianza y dificultan que los problemas se enquisten por falta de control o por miedo a represalias.

Garantizar la rendición de cuentas y reforzar la democracia interna son los antídotos más eficaces para impedir que los intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar y la convivencia en las comunidades de propietarios.