Una joven británica vive del alquiler turístico en España y planea seguir comprando propiedades: “Mi imperio inmobiliario español financiará mi jubilación”

La historia de Liv Conlon, una joven británica de 26 años que reside en Marbella, ilustra cómo algunos ciudadanos extranjeros han encontrado en el mercado inmobiliario español una vía para generar ingresos y construir patrimonio. Lejos de tratarse de un caso excepcional, su perfil representa una tendencia creciente: la de compradores foráneos que, con recursos económicos y buen asesoramiento, logran asentarse en zonas turísticas de alto valor y expandir su presencia pese al endurecimiento de la normativa.

En una entrevista con The Telegraph, Conlon explica que su vinculación con el sector inmobiliario comenzó de forma inesperada, cuando a los 16 años ayudó a su madre a vender una vivienda en Escocia que llevaba meses en el mercado sin éxito. “La gente entraba y no se imaginaba cómo vivir allí. Así que decidí decorarla como si fuese un piso piloto, y se vendió en tres días por encima del precio de tasación”, relata. A raíz de esa experiencia, empezó a ofrecer ese servicio —conocido como home staging— a otras personas que querían vender sus viviendas.

Una década después, Conlon declara ingresos anuales de unos 141.000 euros, principalmente procedentes de un negocio que ofrece formación a otras mujeres para lanzar servicios similares. Aunque ha mantenido parte de su actividad inicial, sus ingresos provienen en su mayoría de su segundo proyecto, ya asentado en España.

Con parte de esos beneficios, ha invertido en dos propiedades: un piso de dos habitaciones en Escocia, que compró por 188.800 euros y reformó con otros 47.000; y una villa en Marbella por la que pagó aproximadamente 991.000 euros. Actualmente mantiene una deuda hipotecaria conjunta de 513.300 euros, con cuotas mensuales en torno a los 2.890 euros. Según sus propias declaraciones, dispone también de un fondo de ahorro considerable, aunque admite no saber qué rentabilidad le está generando.

Conlon tiene claro que quiere seguir comprando vivienda en España, sobre todo con fines turísticos: alquilar propiedades en plataformas como Airbnb le resulta rentable. Sin embargo, reconoce que no todo es tan sencillo como parece desde fuera. “Lo complicado es que los compradores extranjeros necesitan un depósito muy alto, entre el 30% y el 40% del valor de la propiedad”, explica en su entrevista con The Telegraph.

Esa barrera económica se ve agravada por un entorno legal cambiante. El Gobierno español ha planteado en los últimos meses aplicar un impuesto del 100% sobre las compras inmobiliarias realizadas por ciudadanos extracomunitarios, una medida pensada para frenar la presión sobre la vivienda en zonas tensionadas. De salir adelante, esto implicaría, en la práctica, que un comprador no comunitario debería pagar el doble por una vivienda. En el caso de Conlon, su situación como residente legal en España desde hace siete años podría eximirla si obtiene la nacionalidad española.

Además, Andalucía, la comunidad en la que vive, ofrece un régimen fiscal especialmente favorable. Según explica Raquel Plaza, asesora fiscal en Blevins Franks, el impuesto sobre el patrimonio ha sido eliminado en la región, y el nuevo impuesto estatal de solidaridad solo afecta a patrimonios netos superiores a tres millones de euros (o cuatro, si se aplica la exención general de un millón). También se benefician de bonificaciones del 99% en impuestos de sucesiones y donaciones entre padres e hijos.

A pesar de sus ingresos y propiedades, Conlon no cuenta con un plan de pensiones privado y considera sus inversiones inmobiliarias como su “jubilación futura”. Aunque cotiza a la seguridad social española —lo que le da acceso a sanidad y otros servicios públicos—, no parece confiar en el sistema público para sostener su retiro, y tampoco ha diversificado su patrimonio más allá del ladrillo.

Este enfoque ha despertado advertencias por parte de asesores financieros. Darren Fletcher, de Chase Buchanan Private Wealth Management, recuerda que “mantener grandes ahorros en cuentas corrientes puede parecer seguro, pero en realidad pierden valor con el tiempo”. Propone alternativas como los bonos de inversión vinculados a seguros que, si se ajustan a la legislación española, permiten diferir la tributación hasta el momento de la retirada, ofrecen beneficios fiscales y permiten nombrar beneficiarios sin necesidad de pasar por un proceso de herencia judicial.

Si, por ejemplo, Conlon invirtiera 200.000 euros a una rentabilidad del 6%, podría generar 12.000 euros anuales. Si solo retirara las ganancias, tributaría apenas 129 euros en ese primer año. A largo plazo, el capital podría crecer hasta 358.000 euros en una década, siempre que se reinvirtieran los beneficios.

La joven también ha expresado su preocupación por el futuro de su hijo, de dos años. “Me gustaría empezar a prepararle para el futuro, pero ya es bastante caro”, comenta, dejando entrever que, pese a su situación financiera, busca fórmulas para ofrecerle seguridad.

La experiencia de Conlon no es un caso aislado. Según el Consejo General del Notariado, en 2023 los compradores extranjeros adquirieron más de 70.000 viviendas en España, lo que representa el 15% del total. Británicos, alemanes y franceses lideran estas adquisiciones, siendo Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña las regiones más demandadas.

En paralelo, crecen las voces que alertan de las consecuencias de esta demanda internacional en el acceso a la vivienda. En ciudades como Málaga o zonas costeras como la propia Marbella, los precios de compraventa y alquiler se han disparado, dificultando el acceso para residentes locales. Mientras tanto, perfiles como el de Conlon —con alto poder adquisitivo y asesoramiento profesional— logran sortear las restricciones y expandirse en un mercado tensionado.