Cierra un año judicial de infarto para Pedro Sánchez: Santos Cerdán en la cárcel, su hermano procesado y la instrucción de Begoña Gómez sin final a la vista

“El gran superviviente de la política española”. Así describió el periódico The Guardian a Pedro Sánchez en un artículo que relataba la extensa carrera del actual presidente de España, que ya cumple siete años en el poder en tres mandatos diferentes.

Y es que Sánchez ha construido su trayectoria sorteando crisis internas, remontadas electorales y desafíos parlamentarios. Sin embargo, en su última época su lucha ha dejado de ser únicamente política y cada vez más, los tribunales se están convirtiendo en el campo de batalla a superar para mantenerse en el poder.

El líder socialista atraviesa una etapa marcada por causas judiciales que afectan a su entorno más inmediato, con implicaciones que trascienden lo personal y que en este año judicial han sido el punto fuerte de la actualidad nacional. Mientras Sánchez insiste en mantener el rumbo del Gobierno, las noticias sobre detenciones, imputaciones y procesos abiertos han alimentado la narrativa de un presidente acorralado, no tanto por sus adversarios en el Congreso, sino por los ecos judiciales que golpean su círculo más estrecho.

Una de las noticias que más ha hecho tambalearse al Gobierno, y con la que se cierra el año judicial, es el ingreso en prisión de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, tras su imputación por parte del juez instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo.

Cerdán llevaba siendo uno de los hombres fuertes del presidente desde que consiguió superar el intento de ser expulsado por parte de sus compañeros de partido. Sin embargo, ya desde noviembre 2024 su nombre estaba sonando cerca de esta trama, en la que los principales protagonistas hasta ese momento eran el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García, ambos imputados. En ese mes algunos medios publicaron que el ex número tres de Pedro Sánchez podía estar involucrado, pero todavía no existían pruebas sólidas, solo rumores.

La presión comenzó a subir cuanto más se acercaba el verano y se empezó a hablar de un informe de la UCO que finalmente se hizo público el 12 de junio. Basado en ocho audios que Koldo grabó de diferentes conversaciones, este escrito apuntaba a que Cerdán habría sido “la persona encargada de gestionar” 620.000 euros en mordidas para Ábalos y Koldo de la empresa pública Acciona.

El magistrado vio “consistentes indicios” en su contra, pero al estar en ese momento todavía aforado por ser diputado del Congreso, simplemente le citó para declarar de forma voluntaria y conocer su versión de estas acusaciones.

Sin embargo, ese informe fue la chispa que encendió un fuego político que se aceleró durante los siguientes días y, ni una semana después, Cerdán ya había su puesto en el PSOE y su escaño en el Congreso. De esta manera se quedó sin aforamiento y fue llamado para declarar como imputado.

El 23 de junio fue el turno de Ábalos y Koldo, en el que ya hubo un temor de entrar en prisión tras la petición de las acusaciones. Al final consiguieron librarse y mantener las medidas preventivas de no abandonar el país y tener que personarse en los juzgados cada 15 días.

Una semana después Cerdán se sentó ante el juez. En su declaración defendió su inocencia y buscó desestimar la legitimidad de los audios grabados por Koldo, única base para su imputación. Esta vez a la petición de cárcel, a parte de las acusaciones, también se sumó la Fiscalía.

Ante estas peticiones, el instructor acabó tomando la decisión de imponerle prisión preventiva al ver peligro de destrucción de pruebas y riesgo de fuga. Ese mismo día, el ex secretario del PSOE abandonó el Tribunal Supremo en un furgón policial con destino a Soto del Real, en la que sigue ingresado hasta el día de hoy, planeando su defensa, que ya apunta a buscar quitar legitimidad a los audios y a demostrar que su patrimonio no ha crecido desde que entró en política.

El segundo de los casos que afecta al círculo cercano de Pedro Sánchez es la investigación que ha llevado a cabo la jueza Beatriz Biedma, instructora del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, contra su hermano, David Sánchez.

Unos diez meses duró la instrucción, iniciada por una denuncia de Manos Limpias, y el 28 de abril de este año la instructora tomó la decisión de procesar a David Sánchez junto a otras diez personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

En el auto se le acusa de dos delitos: prevaricación administrativa y tráfico de influencias, al entender que se creó una plaza ajustada a su perfil en la Diputación de Badajoz en 2017 (momento en el que Pedro Sánchez todavía no era presidente del Gobierno), sin seguir los procedimientos legales habituales, y que él habría usado su influencia para ser contratado y para favorecer la incorporación de un exasesor de Moncloa en esa misma institución.

En el borrador de la acusación popular unificada (Hazte Oír, Fundación de Abogados Cristianos, la Asociación Liberum, Manos Limpias, Iustitia Europa y Vox), piden la pena de tres años de cárcel para el investigado por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal. Por su parte, la Fiscalía instó a la Audiencia de Badajoz a archivar el procedimiento abierto a David Sánchez al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los delitos descritos.

Por último, este año ha continuado la investigación por parte del juez Juan Carlos Peinado, instructor del juzgado número 41 de Madrid, contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

Todo comenzó el 24 de abril de 2024 por, una vez más, una denuncia de Manos Limpias basada en recortes de prensa, uno de ellos ya demostrado como un bulo, pero que para Peinado fue suficiente para iniciar la instrucción por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En este año judicial el caso se ha mantenido en pie y todavía no está a la vista el final de la investigación, que sigue en busca de un delito por el que procesar a la mujer del presidente. En esa primera denuncia se relataba que supuestamente la esposa de Sánchez habría mantenido reuniones con varias empresas privadas, entre las que destacan Globalia y Air Europa, que más tarde acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del actual Gobierno.

A lo largo de los meses, el magistrado ha ampliado el objeto de la investigación con nuevas diligencias, entre ellas la petición de correos electrónicos a empresas tecnológicas y patrocinadores vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, que dirigía Begoña Gómez.

El juez ha requerido a compañías como Google, Deloitte, Telefónica o Indra información sobre los intercambios que mantuvieron con la esposa del presidente o con su entorno profesional, así como documentación técnica relacionada con una plataforma digital impulsada desde dicha cátedra.

A pesar de que tanto la defensa como la Fiscalía han insistido en la inexistencia de pruebas concluyentes y han solicitado el archivo de la causa, el juez Juan Carlos Peinado ha defendido la necesidad de seguir investigando, al considerar que existen indicios suficientes para mantener abierta la instrucción.

A día de hoy, Begoña Gómez sigue imputada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Aunque se han practicado decenas de diligencias y tomado declaración a varios testigos e investigados, la causa continúa sin una acusación formal concreta ni fecha prevista para su cierre, con un sumario que supera ya la treintena de tomos.

Este caso ha tenido un segundo protagonista, un tanto inesperado, en estos últimos meses: Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes. El 24 de junio de este año el juez Peinado presentó una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, en la que solicitaba que se le investigue por presuntos delitos de malversación y falso testimonio por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno y otra de las imputadas en esta instrucción.

El escrito ya fue archivado por el Supremo el 15 de julio al no advertir en dicho documento una imputación de delito suficientemente individualizada contra el aforado, ni un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal contra el mismo. La Sala destacó que en la exposición hay una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación de la persona aforada” en los hechos.

Esto no quita que el escrito estuvo rodeado de polémica, ya que en una parte, el instructor escribía que la última vez que la ex asesora y Bolaños se habían visto fue en el “tanatorio por la muerte de Begoña Gómez”, un error, que más allá de la anécdota, demuestra falta de motivación en la argumentación del juez.

Y es que Peinado este año judicial no se ha salvado de las polémicas, porque mientras ha seguido con la investigación a Begoña Gómez, se cerraba, por un error suyo, otra de las instrucciones que estaba llevando a cabo contra un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid.

La investigación era contra Alfonso Sánchez Vicente, director de la EMT, imputado por malversación al haber presuntamente otorgado a dedo una asignación de 72.600 euros al periódico Okdiario para realizar un evento sobre movilidad sostenible en el que se atacó a la oposición y se alabó el trabajo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Debido a no haber respetado los tiempos procesales y haber ignorado la petición de prorrogar la causa durante otros seis solicitada por la acusación ejercida por Más Madrid, la instrucción se ha cerrado sin poder practicar todas las diligencias necesarias y queda esperar a si será archivada o se procesará a los imputados.