
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha publicado este jueves un informe sobre su visita realizada a Cataluña en 2024. En el texto, los expertos expresan su “preocupación” por algunas denuncias de malos tratos por parte de los Mossos d’Esquadra a personas detenidas y reclusos de centros penitenciarios.
“La mayoría de las personas contactadas afirmaron haber recibido un trato correcto”, afirman en el texto, “sin embargo, varias personas entrevistadas por el CPT denunciaron maltratos físicos, consistentes en bofetadas, puñetazos y golpes con porras, infligidos en el momento de la detención o durante el traslado a comisaría“, aseveran. Estos episodios fueron documentados en los registros de las prisiones como “casos de uso de la fuerza y medidas coercitivas”, regularmente notificados a los jueces supervisores.
Estas situaciones se registraron en arrestos, centros penitenciarios y centros de menores. “En varios casos, las alegaciones [de malos tratos] fueron corroboradas por certificados médicos realizados cuando los detenidos tuvieron que ser trasladados a un hospital”, informan en el texto. Los propios doctores de la delegación de la CPT pudieron confirmar “la consistencia de las lesiones observadas en algunas de las personas que denunciaron malos tratos con las explicaciones sobre su origen”.
El informe de la CPT incluye testimonios de agresiones durante detenciones y en los centros penitenciarios a partir de informes médicos. Los expertos ven un patrón de malos tratos por parte de los Mossos d’Esquadra, especialmente en aquellos sospechosos por robo y de ser carteristas.
Durante su visita a Cataluña, realizada entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024, los miembros del comité prestaron especial atención a los DERT (Departamentos Especiales de Régimen Cerrado, por sus siglas en catalán), controvertidos lugares de aislamiento donde los presos pueden pasar hasta 21 horas la día encerrados. Aunque el CPT ve mejoras en estos centros, el Comité critica las malas condiciones de los materiales de detención y el reducido nivel de atención psiquiátrica prestada a los presos que sufren trastornos mentales.
El informe recomienda que los altos mandos de los Mossos d’Esquadra difundan entre toda la plantilla un mensaje de tolerancia cero contra los maltratos policiales.
Exámenes médicos atados y sin privacidad

El Comité ha hecho especial hincapié en la asistencia sanitaria que reciben los presos en Cataluña. Actualmente, los detenidos deben pasar por reconocimientos médicos mientras están esposados y en presencia de miembros de los Mossos d’Esquadra. La delegación del CPT denuncia “la falta total de confidencialidad de los exámenes médicos” que reciben los reclusos tanto en hospitales como en comisarías y centros penitenciarios.
El CPT considera que todo reconocimiento médico debe hacerse sin supervisión de agentes de policía para garantizar la confidencialidad sanitaria, salvo en casos excepcionales, que deben especificarse legalmente. Asimismo, pide acabar con la aplicación de la sujeción mecánica a los presos con fines regimentales. “El CPT considera que dicha medida supone un riesgo de malos tratos, como demuestra la práctica de sujetar a los presos en posición boca abajo para que el personal sanitario les administre a la fuerza inyecciones intramusculares“, expresan en un comunicado, donde señalan ”el riesgo de que se recurra a la sujeción mecánica por motivos punitivos y se aplique a presos que sufren trastornos mentales sin estar protegidos“.
Uso de fuerza contra menores de edad
Los episodios de malos tratos se repetirían también en los centros de menores, según el informe. Si bien el CPT valora de forma favorable las condiciones de los centros, advierte de denuncias relacionadas con un “uso excesivo de la fuerza” por parte del personal de seguridad privada contra los menores de los centros y pide una “mayor supervisión” sobre el personal que trabaja en ellos.
Asimismo, avisan de que pueden surgir “efectos adversos” al aplicar medidas como la “fijación mecánica” de los menores y recomiendan abolir esta práctica y optar por métodos alternativos para calmar a menores violentos y agitados. También recomiendan poner fin a segregación de los menores como método de castigo disciplinario.
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