Nueva huelga de médicos tras el fracaso en la reunión con Mónica García por el Estatuto Marco: “Nos obligan a hacer guardias que no cotizan”

Tres años y 37 reuniones no han sido suficientes para cerrar un Estatuto Marco que convenza a los trabajadores del sector sanitario. El Ministerio de Sanidad ha presentado este miércoles a las comunidades autónomas el último borrador acordado en el Ámbito de Sanidad, que recoge “mejoras innumerables” en las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, según la ministra Mónica García. No obstante, el encuentro ha terminado con el anuncio de una nueva huelga general -la segunda- para el próximo 3 de octubre.

La dirigente de la cartera de Sanidad entiende que es un “texto consensuado en un 95%” con el ámbito de negociación, pero las organizaciones sindicales no parecen de acuerdo: todos los sindicatos de la mesa se han negado a firmar salvo que se reconozcan puntos clave como el aumento de las retribuciones salariales o la jubilación anticipada. García reconoce que el nuevo borrador del Estatuto Marco no resuelve todos los agravios, porque es un “marco general estatal” y una norma básica que deberán trabajar las CCAA, pero “necesitamos ir avanzando si queremos dejar atrás el Estatuto Marco del 2003″, ha valorado.

El borrador presentado por Sanidad reduce las jornadas de guardia médicas de 24 a 17 horas, al eliminar la jornada previa, fija en 45 horas el límite máximo de jornada (3 horas menos) y reconoce a los sanitarios como figura de autoridad para luchar contra las agresiones a los profesionales, entre otras medidas. Pero recuerda que la materialización de todas estas mejoras dependen de las comunidades autónomas, que todavía dudan sobre cómo podrán aplicarlas.

“No son pocas las voces que nos han dicho que metamos el Estatuto Marco en un cajón”, ha dicho García que, pese a ser “consciente de las dificultades”, afirma que no se dejará pasar “la oportunidad” de reformar la norma.

Parte de ese impacto económico tiene que venir del análisis que hagan las CCAA, porque no tienen todas las mismas condiciones. “El que haya cumplido los derechos laborales tendrá menor impacto económico que aquellos que estén retrasados”. “Las retribuciones no son nuestra competencia”, ha reiterado García. CESM ha pedido al ministerio que se haga cargo de financiar el impacto económico que tendrá la reforma legislativa.

En este encuentro, los médicos han vuelto a exigir a Sanidad un estatuto propio para la profesión médica y facultativa. “Si hay que parar, pararemos. Haremos huelga nacional indefinida o lo que sea necesario para sacarlo adelante”. Esta ha sido la advertendcia de Catalina Fernández, médica internista de la Asociación de Médicos Unidos por sus derechos (MUD). Poco después de realizar estas declaraciones, el Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), ha comunicado oficialmente la convocatoria de una segunda jornada de huelga nacional el próximo 3 de octubre.

“Somos el único colectivo profesional del Sistema Nacional de Salud que no trabaja las 35 horas. Nos obligan a hacer guardias que no computan como tiempo trabajado, no cotizas a la Seguridad Social, tributas un 35 % y se pagan a menos de la mitad de la hora ordinaria”, ha sentenciado, según recoge Efe. Exigen así guardias cotizadas, reducción de jornada y una clasificación profesional ajustada a la realidad de la profesión.

Esta mañana ha tenido lugar una protesta que ha reunido a un centenar de médicos ante la sede del Ministerio mientras la ministra Mónica García se reunía con representantes de las comunidades autónomas en el pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos del SNS. Entre batas blancas y consignas como “no es vocación, es explotación”, los asistentes han insistido en que la mejora de sus condiciones laborales no es negociable y que la única vía para garantizar sus derechos pasa por la creación de un estatuto específico y una mesa de negociación propia.

La cuestión de la clasificación profesional también ocupó un lugar central en la concentración. Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, subrayó en el manifiesto la necesidad de que la clasificación se ajuste a la formación, cualificación y competencia de cada categoría, y que contemple las particularidades de la profesión médica y facultativa “sin caer en la tentación de difuminar competencias profesionales”. Esta demanda apunta a evitar una equiparación que, en opinión de los convocantes, desdibuje el perfil y las responsabilidades de los médicos dentro del sistema.

La financiación de la sanidad pública fue otro de los temas abordados, con la expectativa de que se tratara en el pleno extraordinario. Hernández reclamó que “tiene que haber dinero para la sanidad pública. Se debe gestionar mejor para que haya dinero donde hace falta, y por desgracia lo que hace falta son médicos y facultativos”. Esta afirmación pone el foco en la gestión de los recursos y en la necesidad de priorizar la dotación de personal médico, un aspecto que, según los convocantes, sigue sin resolverse.

Por último, los médicos denunciaron el escaso peso que tienen en la mesa de negociación del anteproyecto, a pesar de que representan entre un 15 y un 22 % del personal sanitario en el SNS.

“Podemos decir que a la ministra de Sanidad le ha quedado la asignatura para septiembre”. Con esta frase, Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, sintetizó el sentir de las comunidades gobernadas por el Partido Popular tras la última reunión sobre el futuro estatuto marco.

En este contexto, el PP ha anunciado que las negociaciones técnicas para retomar el borrador del estatuto marco se reanudarán entre el 9 y el 10 de septiembre. Así lo ha comunicado Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León, quien, en nombre de las comunidades populares, detalló que en esas fechas se celebrará una reunión con los técnicos de las consejerías de salud y los directores generales de recursos humanos. El objetivo será reactivar el debate sobre el proyecto de ley que debe definir el marco laboral de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

Vázquez ha insistido, según recoge Efe, en que la discusión debe regirse por “criterios de seriedad”, y ha establecido tres condiciones ineludibles para avanzar: la elaboración de un informe de viabilidad de las medidas propuestas, la garantía de que el texto sea jurídicamente sólido y, sobre todo, la existencia de un respaldo presupuestario concreto. Según el consejero, abordar las condiciones laborales de los casi un millón de trabajadores del sistema sanitario español implica una responsabilidad directa sobre la vida de 50 millones de ciudadanos.

El portavoz popular no ha ocultado su escepticismo respecto al borrador actual, al que ha calificado de “un brindis al sol” y, en sus palabras, “un posible engaño”, debido a que no cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda ni de Administraciones Territoriales. Vázquez ha atribuido esta situación a la falta de cohesión interna en el Gobierno central, al afirmar que «una parte no se habla con la otra» y que las comunidades populares se ven afectadas por la ausencia de interlocución con Hacienda y Función Pública.