El Tribunal de Cuentas ha impuesto una multa de 50.000 euros a Vox por infracción muy grave en materia de financiación, tras detectar la aceptación de donaciones finalistas durante la fiscalización de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2020.
Esta sanción supone la tercera multa que el organismo impone al partido liderado por Santiago Abascal por irregularidades en su financiación.
La resolución concluye que Vox incurrió en una infracción prevista en el artículo 17. Dos a) de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que prohíbe expresamente la captación de fondos destinados a finalidades concretas. El Pleno del Tribunal de Cuentas considera acreditada la existencia de donaciones dirigidas a campañas específicas, práctica que la legislación vigente califica como muy grave.
Este nuevo expediente sancionador se suma a otros dos dictados previamente contra Vox. En julio del año pasado, el tribunal impuso una multa de 233.324 euros por donaciones irregulares en 2018 y 2019.
Posteriormente, en abril, la formación recibió una sanción de 862.000 euros por ingresos no identificados en efectivo a través de cajeros automáticos en los ejercicios 2018, 2019 y 2020. Vox recurrió esta última multa ante el Tribunal Supremo, alegando que la sanción era injusta y contraria a la ley.
En su informe, el Tribunal de Cuentas señaló además un notable incremento de los ingresos del partido por concepto de venta de merchandising y artículos promocionales, que pasaron de 22.000 euros en 2018 a 354.000 en 2019.
En la mayor parte de los casos, los ingresos se realizaron mediante depósitos inferiores a 300 euros, límite a partir del cual la ley exige identificar al aportante.
El organismo también ha investigado posibles irregularidades en la financiación de Vox para la campaña de las elecciones generales de 2023, cuando el partido obtuvo un crédito de 6,5 millones de euros de un banco húngaro vinculado con el gobierno de Viktor Orbán.
Según la fiscalización, Vox destinó seis millones de ese préstamo a la campaña y, al cierre de 2024, mantenía una deuda superior a dos millones de euros con la entidad.
En la misma resolución, el Tribunal de Cuentas sancionó a las formaciones Babord, Compromís Municipal y Elkarrekin por superar los límites máximos de gasto electoral en los comicios municipales del 28 de mayo de 2023. Compromís Municipal, además, incurrió en exceso de publicidad electoral, infracción que también contraviene la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Las resoluciones adoptadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas pueden ser recurridas en la jurisdicción contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo.
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