El tope al alquiler le “funciona” al Gobierno: ha bajado en las zonas tensionadas de Cataluña un 4,7% y en Barcelona un 8,9%

Una de las medidas recogidas en la ley de vivienda de 2023 que más polémica suscitó fue la declaración de zonas de mercados tensionados, cuyo objetivo era frenar la subida del precio del alquiler en los municipios y ciudades que solicitaran su aplicación. Los detractores de esta medida argumentaban que su puesta en marcha dispararía aún más las rentas al reducirse la oferta de viviendas ante la intervención de los precios.

La Comunidad Autónoma de Cataluña hizo caso omiso a estas predicciones y fue la primera solicitar la declaración de zona tensionada, lo hizo en marzo de 2024. Han seguido su estela el País Vasco, Navarra y Galicia, la única gobernada por el PP, cuyos dirigentes, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, a la cabeza, se niegan a implementarla en sus territorios.

Ya son 301 los municipios declarados como zonas tensionadas para el alquiler -con una población de 8,28 millones de personas- después de que ayer martes el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de San Sebastián, A Coruña, Galdakao y veintiún municipios de Navarra.

San Sebastián es la primera capital de provincia del País Vasco declarada como zona tensionada, aunque otras localidades de la comunidad, como Errentería, ya lo han sido. Mientras que los municipios navarros incluidos en la declaración son: Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barñáin, Zizur Mayor, Estrella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta.

Ante estas nuevas incorporaciones, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez, ha defendido la utilidad de la medida para frenar los precios de los alquileres: “Ante la evidencia de que la Ley de Vivienda funciona, hay quien la aplica y hay quien quiere derogarla”.

Rodríguez defiende la eficacia de la norma con cifras del Institut Català del Sòl (Incasol), dependiente de la Generalitat de Catalunya, que demuestran los resultados de esta medida un año después de aplicarse en zonas tensionadas. Estos datos reflejan que el precio del alquiler ha bajado un 8,9% en Barcelona capital, un 4,9% en zonas declaradas tensionadas y un 4,7% en el total de Cataluña.

Uno de los argumentos de los críticos de esta medida incidía en que tras su implantación se reduciría la oferta de casas en alquiler, debido a que los arrendadores las sacarían del mercado ante el tope de los precios. Un argumento que el Ministerio de Vivienda rebate al señalar que en Cataluña se han firmado 11.807 contratos de arrendamiento tras un año de aplicación de la norma y estos contratos “han sido más estables”.

Según explica el ministerio en un comunicado, “los incentivos para finalizar contratos de alquiler y firmar nuevos contratos han desaparecido al tener que estar referenciado el precio del nuevo con el del contrato anterior, lo que pone fin a las subidas de precio sin límite alguno”.

Subraya que eso produce una menor rotación y se ofertan menos pisos en portales web, pero “no ha disminuido la cantidad de contratos en vigor, tal y como demuestran los alquileres declarados a través de la Agencia Tributaria”.

Ante estas cifras, los detractores de la declaración insisten en que intervenir en el mercado del alquiler reduce la oferta de viviendas en renta y dispara los precios.

Este es el caso de David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, que ante la declaración de San Sebastián, Galdácano, A Coruña y otros 21 municipios navarros como zonas de mercado tensionado, incide en que “no hará más que agravar el problema fundamental al que se enfrenta el mercado del alquiler, que es la falta de oferta: no hay viviendas suficientes para todas las personas que quieren alquilar”.

La declaración de zonas tensionadas además de beneficiar a los inquilinos establece bonificaciones fiscales para los propietarios de vivienda que rebajen el precio de los alquileres y limita la capacidad de incrementar los precios de nuevos contratos de arrendamiento al tener que estar ajustados al precio del contrato anterior.

Así, “los pequeños propietarios que son buenos caseros y ponen sus propiedades en alquiler respetando el índice de referencia se pueden deducir hasta el 90% de lo que ingresen por esos alquileres si los bajan un 5%”, explica el comunicado.