Airbnb retira 65.000 anuncios ilegales de la plataforma tras la resolución de los tribunales y Consumo denuncia otros 55.000

Airbnb ha retirado cerca de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia en todo el territorio español después de varios requerimientos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dirigidos a eliminar del mercado del alquiler vacacional los inmuebles que no cumplen con la normativa vigente. El departamento liderado por Pablo Bustinduy ha identificado además otros 54.728 anuncios que no disponen del número de registro oficial, requisito obligatorio para su publicación en plataformas desde el pasado 1 de julio.

Esta actuación se produce después de una batalla legal en la que Airbnb recurrió la decisión del Ministerio ante los tribunales. No obstante, la Justicia ha respaldado las actuaciones de Consumo, validando así la obligación de las plataformas de ajustarse a la legislación vigente.

Respecto a los nuevos anuncios ilegales detectados por la Unidad de Análisis de Consumo, el Ministerio ha explicado que serán objeto de seguimiento y que trasladará la información a la plataforma para que proceda a su eliminación o subsanación. El archivo recopilado por el Ministerio también proporciona información clave como la tipología del alojamiento (si se trata de una habitación privada o un alojamiento completo), su ubicación geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma), así como los datos disponibles de los anfitriones.

Según ha señalado el departamento en una nota de prensa difundida este miércoles, la medida se enmarca en la estrategia del Ministerio de situar el derecho a una vivienda digna y asequible “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”, así como garantizar que se cumpla con la legalidad vigente.

El Ministerio también ha señalado que esta actuación no será aislada. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando activamente para identificar y denunciar anuncios ilegales en otras plataformas digitales de alquiler turístico, en un esfuerzo por proteger el mercado legal y equilibrar los intereses económicos con los derechos sociales.

El pasado 15 de julio, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya alcanzó un acuerdo con Airbnb para reforzar el control sobre los anuncios de alquiler turístico que se publican en su plataforma. La medida tenía como objetivo asegurar el cumplimiento del nuevo sistema de registro obligatorio para viviendas de uso turístico y de temporada, requisito que incumplen los casi 55.000 nuevos anuncios ilegales señalados por Consumo.

En una reunión mantenida en la sede ministerial, Airbnb se comprometió a colaborar activamente con las autoridades españolas, remitiendo información mensual sobre los anuncios activos en su web, según informó Europa Press. A partir de agosto, todos aquellos que no dispongan de un código de registro válido serán objeto de revisión.

La plataforma notificará a los anfitriones en caso de detectar irregularidades y les concederá un plazo de 10 días hábiles para subsanar los errores. Si el problema deriva de una revocación del registro estatal, la retirada del anuncio se producirá en un plazo de 48 horas desde la notificación ministerial. Actualmente, Airbnb ya exige a los usuarios incluir un número de registro en un cajetín obligatorio. No obstante, próximamente este sistema será sustituido por dos campos diferenciados para el registro nacional y el autonómico, facilitando una mayor trazabilidad de los alojamientos.

Este acuerdo se enmarca en el cumplimiento del Real Decreto 1312/2024, que regula el nuevo registro único digital, obligatorio desde el 1 de julio, en aplicación directa del Reglamento (UE) 2024/1028. Desde Airbnb, se destaca que la medida fortalece su compromiso con la transparencia y la colaboración institucional.