Familias y trabajadores denuncian “violencia institucional y abuso de poder” ante el cierre de un colegio en El Boalo por no contar con una edificación “no provisional”

“Estamos ante un caso de violencia institucional y abuso de poder encima del interés superior del menor”, denuncia la comunidad educativa del Colegio Senbazuru tras la orden de cierre dictada por el Ayuntamiento de El Boalo (sierra de Madrid).

Según el documento remitido a Infobae España, la decisión afecta de forma “grave e irreparable” a los 107 estudiantes del centro, de los cuales, el 36% se encuentra en situación de vulnerabilidad social, emocional o educativa.

Para el equipo directivo del colegio, la medida prioriza una lógica burocrática por encima de los derechos fundamentales de los niños. “El sufrimiento evidente de los alumnos es una prueba fehaciente de cómo esta medida arbitraria y desproporcionada prioriza una tramitación administrativa sobre el bienestar de los menores, eludiendo la administración su responsabilidad sobre el problema generado”, afirman.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, cuando el consistorio notificó al colegio la exigencia de cesar su actividad si no disponía, antes del 20 de agosto de ese año, de una edificación “no provisional”.

La comunidad educativa califica esta exigencia como “materialmente imposible de cumplir”: “Se nos dio un plazo de seis meses, de los cuales cuatro eran lectivos, para construir un edificio permanente. La obtención de licencias y permisos para una obra de esta envergadura requiere al menos un año y medio”, explican.

La licencia concedida el 19 de agosto de 2022 autorizaba la instalación de módulos prefabricados provisionales “sin especificar un plazo determinado ni materiales concretos”. Por tanto, si el Ayuntamiento considera ahora necesaria una construcción definitiva, “debe abrir un nuevo procedimiento, motivado con informes técnicos o jurídicos, y dándonos audiencia previa, en lugar de imponer una clausura sin cumplir con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común”, argumentan.

El 26 de marzo de 2025, el colegio presentó un recurso de alzada contra la notificación de cierre. Más tarde, el 23 mayo, registró una solicitud de licencia para adaptar los módulos a las exigencias del Código Técnico de la Edificación. A día de hoy, continúan sin respuesta por parte del arquitecto municipal.

“La falta de diligencia administrativa es evidente”, señala la comunidad educativa a este diario. Además, lamentan la falta de diálogo: “No hubo reunión con la dirección hasta el 9 de abril, más de dos meses después de la notificación. Y con las familias, no se sentaron hasta el 2 de junio”.

La decisión afecta directamente no solo al alumnado, sino también a las familias y al personal del centro. “Vivimos una situación de incertidumbre muy alta ante el inicio del curso 2025-2026”, indican desde el colegio.

El equipo docente está formado por 13 personas a tiempo completo, 3 a tiempo parcial y 20 colaboradores de actividades complementarias.

El 10 de julio, la comunidad educativa acudió al pleno municipal en busca de soluciones, denunciando que se encontraron con “violencia comunicativa, retórica infundada, bulos y una falta absoluta de coherencia procesal”, por parte del alcalde, Sergio Sánchez Yunquera, y su equipo.

Senbazuru se presenta como el primer y único Agile Learning Center de España, parte de una red internacional con presencia en varios países. Cuenta con autorización de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (código 28079692) y homologación internacional de la NEASC (New England Association of Schools and Colleges) para los niveles infantiles, primaria y secundaria.

Su enfoque pedagógico se basa en el aprendizaje autodirigido, las metodologías ágiles y el desarrollo de seis competencias clave: Carácter, Ciudadanía, Colaboración, Comunicación, creatividad y Pensamiento Crítico. “Este enfoque competencial pretende crear aprendices autónomos, comprometidos y preparados para transformar su realidad”, explican desde el equipo directivo.

En respuesta a las acusaciones municipales, el colegio niega rotundamente cualquier irregularidad. “No hay falta de homologación: estamos autorizados por la Comunidad de Madrid, acreditados por la NEASC y recibimos inspecciones con resultados positivos”, subrayan. “Siempre hemos contestado a los requerimientos en tiempo y forma”, añaden.

Además, el colegio ha recibido el respaldo de otros centros educativos cercanos, entidades locales y vecinos de El Boalo. “Nos consta que tienen buena opinión del centro y su comunidad, muchas de esas personas colaboran o participan en nuestras actividades”, apuntan.

Por último, la comunidad educativa enmarca la situación de Senbazuru en una política local que lleva dos años eliminando proyectos dirigidos a la infancia y juventud.

Enumeran, entre los programas cancelados, el proyecto Ciudad Amiga de la Infancia, los presupuestos participativos infantiles, el grupo de teatro juvenil, las asambleas infantiles y juveniles, o el proyecto de prevención del suicidio en colegios.

“No deja de sorprender que nadie ponga la infancia y la educación por delante de un proceso administrativo irregular”, expresan a Infobae España.

En el plano legal, la comunidad educativa ha presentado un recurso contencioso-administrativo acompañado de una solicitud de medidas cautelares. El escrito denuncia la vulneración de interés superior del menor, el principio de proporcionalidad, la seguridad jurídica y la confianza legítima.

Asimismo, ha presentado una queja ante el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y anuncia que recurrirá a instancias superiores. “Tocaremos la puerta de quien haga falta en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Infancia y Juventud, acudiremos al Defensor del Pueblo, al Consejo de Europa, a la Relatora Espacial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, al Comité de Derechos del Niño, y si hace falta, al alto Comisionado de Derechos Humanos”.

“No hay motivos consistentes que justifiquen el cierre del colegio. Lo que está pasando aquí no es solo sobre un colegio: es sobre el derecho a una educación que transforma, que acompaña los ritmos de la infancia, que desarrolla pensamiento crítico y construye comunidad”, concluyen.

Mientras la resolución judicial se mantiene en el horizonte, la comunidad educativa continúa su lucha convencida de que “la defensa del interés superior del menor y la seguridad jurídica de la comunidad deben prevalecer por encima de cualquier traba administrativa”.