José Luis Ábalos ha presentado una querella criminal por falsedad documental y falso testimonio de perito contra dos altos cargos del Ministerio de Transportes, a raíz de una auditoría interna que él califica como “falsa, manipulada y dirigida”. Según el escrito al que ha tenido acceso Infobae España, la elaboración de este informe fue ordenada directamente por el actual ministro Óscar Puente el 27 de febrero de 2024, apenas seis días después de la detención de Koldo García Eizaguirre, exasesor de Ábalos. Para el querellante, esta coincidencia revela una “finalidad política y mediática” con la intención de señalarle públicamente como responsable de una contratación irregular durante la pandemia.
El documento, elaborado por Belén Roel de Lara bajo la supervisión de Belén Villar Sánchez, fue difundido de forma inmediata a través de la página web del Ministerio y en medios de comunicación, y acabó incorporándose como prueba esencial en la exposición razonada remitida por el juez instructor al Tribunal Supremo, que derivó en la imputación formal del exministro.
Una auditoría exprés y sin garantías
El informe del MITMA analizaba las contrataciones de emergencia de mascarillas en marzo de 2020 por parte de Puertos del Estado y ADIF, a raíz de dos órdenes ministeriales firmadas por Ábalos. La auditoría señalaba expresamente que las decisiones clave sobre el proveedor –la empresa Soluciones de Gestión– se adoptaron “a nivel del ministro y su gabinete”, afirmación que, según la querella, “carece de rigor, documentación verificable y fue construida mediante entrevistas sin garantías ni posibilidad de contradicción”.
Los entrevistados, entre ellos altos cargos del propio Ministerio y directivos de ADIF, han declarado en sede judicial que sus manifestaciones fueron tergiversadas o directamente manipuladas. “No se me permitió revisar el contenido ni firmar ningún acta; lo que aparece en el informe no refleja lo que yo dije”, declaró Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas de ADIF, ante la Audiencia Nacional.
Contradicciones con el Tribunal de Cuentas
Uno de los principales argumentos de la querella es que el informe ministerial contradice abiertamente las conclusiones del Tribunal de Cuentas, que en octubre de 2022 fiscalizó los mismos contratos y concluyó que no existían irregularidades relevantes. El alto tribunal avaló la legalidad del procedimiento de emergencia, justificó la falta de concurrencia de ofertas y validó el precio pagado por las mascarillas como inferior al del mercado en ese momento.
La auditoría ordenada por Puente, en cambio, pone el foco en supuestas irregularidades en la trazabilidad del material, la selección del proveedor y la falta de justificación de la cantidad adquirida. La querella sostiene que estas afirmaciones son “falsas o deliberadamente sesgadas” y que el informe fue una herramienta construida “con la intención de incriminar al querellante y distanciar políticamente a la nueva dirección ministerial de la anterior gestión”.
Además del informe impugnado, el escrito presentado por Ábalos incluye un contrainforme pericial, varias declaraciones judiciales y el contenido íntegro del dictamen del Tribunal de Cuentas como pruebas documentales. La querella ha sido registrada en los juzgados de instrucción de Madrid.
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