Así cayó Montoro y su equipo: una obra amañada en un Ayuntamiento de CiU y un correo en 2013 el mismo día que la Agencia Tributaria vivía una crisis de dimisiones

El 5 de diciembre de 2013, el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, concedía una entrevista al diario ‘El Mundo’ dejando claro que la Agencia Tributaria “daba prestigio” a la Administración y que el Gobierno valoraba el ente fiscal de manera “muy positiva”. Eran días convulsos en el ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro. Tanto que otros ministros tenían que salir a su defensa. Y es que se habían producido importantes dimisiones. La última la de Luis Jones, director de la Inspección, que en un correo argumentaba su marcha por “las notables diferencias con diversos asuntos” con el entonces director de la Agencia, Santiago Menéndez, hombre de máxima confianza de Montero. Y es que Menéndez había iniciado una serie de cambios en el organigrama tras decisiones polémicas que habían puesto a la picota a la principal herramienta del Estado para recaudar impuestos y luchar contra el fraude.

Ese mismo día, el empresario Rubén Folgado, directivo de la compañía Messer Ibérica de Gases, enviaba un correo a uno de sus jefes, Karl Hauck, con el asunto ‘Oferta de Equipo Económico’. En esos momentos, un grupo de empresas del sector químico y gasístico habían detectado que no se las iba a incluir entre las beneficiadas por una bonificación en el impuesto eléctrico que iba a aprobar el Gobierno de Rajoy. La Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), la patronal del sector, decidió contratar a una consultora que tuviese acceso al Ministerio de Hacienda para conseguir esta reducción impositiva.

La elegida era Equipo Económico, la sociedad creada por Cristóbal Montoro en junio de 2006. “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles, no dudes en contactar”, dejaba por escrito Folgado el mismo día que la Agencia Tributaria copaba titulares en prensa por cambios internos. Messer formaba parte de AFGIM y había sido la elegida para intentar conseguir esa bonificación fiscal recurriendo a quien fuera necesario. Quién mejor para llegar al corazón de Hacienda que la empresa creada por el mismo ministro.

AFGIM consiguió su objetivo meses después. Y el mail de Folgado durmió en su servidor hasta que los Mossos d’Esquadra registraron su despacho cuatro años después, el 9 de noviembre de 2017. Ironías del destino. Un juzgado de Tarragona había iniciado una investigación por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra la Administración Pública en el municipio de El Morell. Y sin saberlo, de casualidad, iba a descubrir que la consultora creada por Montoro, radicada en Madrid, se valía de notable influencia con el ministerio de Hacienda para facturar millones de euros de sectores tn importantes como el industrial, la celulosa, el juego, las energías renovables o el tabaco para modificar leyes a su medida.

Los registros de noviembre de 2017 no solo se hicieron en dos sedes de la empresa Messer, también en el Ayuntamiento de El Morell, que entonces estaba gobernado por el alcalde de CiU, Pere Guinovart Dalmau. El origen de la investigación hay que buscarlo incluso mucho antes, en 2007, cuando Messer comenzó la construcción de una planta de fraccionamiento de aire en terrenos que se encuentran dentro de esta pequeña localidad de 3.400 habitantes. Así, en febrero de 2007, el Ayuntamiento concedió a Messer permiso para llevar a cabo un movimiento de tierras en los terrenos donde finalmente se construyó la planta. Dichos terrenos tenían calificación de suelo rústico y por, tanto no urbanizable. Los Mossos calificaron de “sospechoso que se solicite y conceda un permiso de movimiento de tierras en unos terrenos en los que no se puede construir”.

Messer no solo llevó a cabo los movimientos de tierras, sino que realmente inició la construcción de la planta. Un apoderado de la empresa llegó a escribir a la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento en el que literalmente daba indicaciones concretas de los pasos a seguir para finalizar la tramitación del Plan Parcial, “reconociendo en dicho correo la existencia de irregularidades ambientales y urbanísticas”, señalan los Mossos. Las obras se iniciaron, por tanto, sin autorización ambiental y sin licencia de obras. Y con un aviso de infracción por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña.

La verdad es que el proyecto estaba lleno de irregularidades. El mismo día en que se emitía por el director facultativo el certificado de fin de obra, el Ayuntamiento de El Morell otorgaba la licencia de obras, es decir, cuando la planta ya había sido enteramente construida. Además, dicha licencia fue otorgada con informe desfavorable del arquitecto municipal, que advirtió que en esos terrenos no se podía construir. Dio igual. La licencia se concedió sin el preceptivo informe del Secretario. En marzo de 2009 terminaron las obras de la planta, que se inauguró un mes después con la presencia de autoridades municipales. De hecho, cuando los Mossos iniciaron sus pesquisas en 2017 todavía no se podía construir en los terrenos donde ya estaba levantada la planta. Messer siguió realizando más obras después, como otra planta de licuación de gases y un tanque con capacidad para dos millones y medio de litros de nitrógeno líquido.

El destino de Montoro se selló, por tanto, en noviembre de 2017, cuando los Mossos registraron la sede de Messer y se llevaron la documentación que había en dos cuentas de correo del Director Técnico de la citada planta química, Rubén Folgado. Al analizar los correos, los Mossos se dieron cuenta de que no solo estaban ante un caso de corrupción urbanística en una pequeña localidad de Tarragona, sino que habían pescado algo más gordo. Así lo plasmaron en un informe: “El análisis conjunto de algunos de estos correos, redactados entre los meses de septiembre a diciembre de 2013, pusieron de manifiesto una serie de conversaciones mantenidas entre los directivos de MESSER IBERICA DE GASES SA. En ellas se dejaba entrever el propósito de algunas empresas del sector gasístico, de organizarse como grupo de presión para conseguir unos beneficios fiscales, mediante la rebaja del impuesto eléctrico, a través de la oportuna modificación legislativa".

Mientras los Mossos ponían el foco en Montoro en noviembre de 2017 en una nueva línea de investigación surgida casualmente por las irregularidades de la construcción de la planta de Messer en el pueblo de El Morell, la Fiscalía Anticorrupción había recibido en Madrid meses antes, en marzo de 2017, una denuncia anónima sobre Equipo Económico. La carta recibida señalaba que “Equipo Económico S.L. (CIF B84731223), creada en 2006 por D. Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda, opera como lobby al que importantes empresas se ven obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirán en su cuenta de resultados. A algunas empresas se les sugiere la contratación desde el mismo Gobierno. Otras lo hacen voluntariamente".

El anónimo proseguía: “Si solicita el Modelo 347 de declaración de operaciones con terceros de Equipo Económico S.L. comprobará que entre sus clientes están importantes empresas con intereses en contratos públicos y en las iniciativas gubernamentales de regulación del sector al que pertenecen, como las relativas a materia energética, primas a renovables, etc“. Se ponía el ejemplo de Ferrovial, que había pagado 300.000 euros a la consultora. En abril de 2019, la Fiscalía decidía unir esta denuncia anónima a la causa que ya estaba investigando un juzgado de Tarragona a raíz del comprometedor correo de Folgera, el directivo de Messer. Montoro y su equipo empezaban a ser protagonistas de una investigación secreta, cuyo sumario (más de 5.000 folios con el paso ocho años) no se haría público hasta julio de este año. Una causa que deja 28 imputados

¿Qué paso con Messer y su planta? La compañía invirtió más de 16 millones de euros en unas instalaciones de altísimo consumo energético, cuya viabilidad dependía de reducir drásticamente el impacto fiscal del impuesto eléctrico. Por eso la empresa necesitaba una solución política urgente. Y la encontró, junto a otras cuatro compañías del sector, en la consultora de Equipo Económico. Montoro estaba en 2013 y 2014 de ministro de Hacienda, pero solo había dejado su bufete de forma presencial. Su hermano Ricardo y otros ex altos cargos de Hacienda dirigían este lobby. En 2014, el Congreso aprobó la enmienda fiscal propuesta por el bufete. Con ello, la planta de Messer en El Morell, construida ilegalmente años antes, pasó a ser viable gracias a la rebaja impositiva diseñada a medida por parte del equipo de Cristóbal Montoro. Por ello, Equipo Económico cobró 318.000 euros. Fue solo un pellizco de los negocios que suponía para esta consultora tener nexos tan fuertes con Hacienda. Facturó casi 48 millones de euros de empresas privadas mientras Montoro era ministro.