El exministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha decidido plantar cara al juez que instruye el ‘caso Montoro’. En un escrito presentado este viernes ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona, al que ha tenido acceso Europa Press, el exvicepresidente del Gobierno, solicita que se le reconozca como perjudicado en la causa, al considerar que fue víctima de una vulneración grave de su derecho a la intimidad fiscal. Alega, de forma tajante, que “ni el ministro de Hacienda” está legalmente habilitado para acceder a los datos tributarios reservados de los contribuyentes. Por ello, le ha pedido que revoque su decisión inicial y le permita personarse como acusación, al concluir que el acceso por parte del exministro de Hacienda a datos fiscales que le afectaban es “palmariamente delictiva”.
El caso investiga presuntos favores realizados desde el Ministerio de Hacienda, bajo el mandato de Montoro, a empresas vinculadas con el despacho Equipo Económico –actualmente llamado Global Afteli–, fundado por el propio exministro. Fue el pasado 16 de julio cuando se conoció su imputación por usar su cartera entre 2011 y 2018, bajo el mandato de Mariano Rajoy, para modificar leyes en beneficio de empresas. Según la denuncia inicial, estos favores podrían haber incluido pagos, contrataciones y hasta modificaciones legislativas diseñadas para lograr rebajas fiscales.
Este jueves el juez instructor, Rubén Rus, consideró que no hay delito en los correos electrónicos que Montoro recibió de su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, con información fiscal procedente de la Agencia Tributaria sobre distintas personalidades, dado que estaba “legitimado para conocer el contenido de los datos” en materia fiscal. De esta forma, se rechazó que Rato pudiera participar en el procedimiento como acusación particular.
En su escrito, los abogados de Rato insisten en que la información transmitida por miembros del entorno de Montoro vulneró de forma evidente el carácter reservado de los datos fiscales. Detallan que los correos electrónicos aportados en la causa provienen de Felipe Martínez Rico, ex jefe de gabinete del ministro, quien en una ocasión reenvió un mensaje recibido de Santiago Menéndez, entonces director de la Agencia Tributaria. En ese correo se incluía información confidencial sobre Rato y otras personalidades.
“Tienen vedado normativamente su acceso a esa información”
“El propio instructor admite que los datos fiscales de los contribuyentes son datos reservados”, recuerda la defensa, que subraya que esa protección no es solo administrativa, sino también penal. Según argumentan, ni el ministro ni su jefe de gabinete tienen cobertura normativa para intervenir en un expediente tributario individual, ni en fase de inspección, ni en gestión, ni en sanción. Por tanto, “tienen vedado normativamente su acceso a esa información”. El recurso sostiene que “ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de gabinete, tienen cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado, pues no están llamados a intervenir en el expediente tributario de un ciudadano singular, ni en fase de inspección, gestión o sanción”
La defensa recalca que Montoro, pese a ser la máxima autoridad política en materia tributaria, no forma parte de los órganos técnicos que gestionan los expedientes fiscales y que están compuestos por funcionarios con obligación de secreto. “No tiene facultad ni derecho a conocer la identidad concreta del contribuyente ni sus datos fiscales”, afirma el escrito. Rato remarca que este deber de confidencialidad es el necesario contrapeso a los amplios poderes de la Agencia Tributaria.
El recurso va más allá y califica la actuación descrita como una actividad “palmariamente delictiva”, por la transmisión ilícita de datos reservados al entonces ministro. También refuta el argumento del juez de que la investigación se centra únicamente en los pagos a Equipo Económico. Según Rato, aunque la causa arrancara por ese motivo, eso no impide que se amplíe a nuevas líneas de investigación.
Por todo ello, solicita al juez que reconsidere su exclusión del proceso y le permita ejercer como acusación particular, amparándose en su condición de “perjudicado y víctima”.
*Con información de Europa Press
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