El Ayuntamiento de Barcelona castiga con un IBI progresivo a los grandes tenedores de vivienda

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde este viernes a dos medidas clave relacionadas con la fiscalidad urbana: un Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) progresivo que penalizará la acumulación de viviendas en manos de grandes tenedores y una subida gradual de la tasa turística, que pasará de los 4 euros actuales a 8 euros en 2029. La votación se celebró en la última sesión plenaria antes del receso por las vacaciones de verano y contó con un amplio debate entre los diferentes grupos políticos del consistorio.

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La propuesta relacionada con el IBI progresivo fue impulsada por el grupo municipal Barcelona en Comú (BComú), bajo la forma de una declaración institucional. BComú solicitó instar al Gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con el objetivo de que los ayuntamientos tengan la capacidad de aplicar tipos diferenciados de IBI según el número de viviendas que un propietario posea dentro del término municipal. La intención de los impulsores es que quienes acumulan un mayor volumen de inmuebles en alquiler asuman una mayor carga fiscal, alineándose con políticas dirigidas a combatir la especulación y facilitar el acceso a la vivienda.

La medida ha sido aprobada con los votos favorables del gobierno municipal, liderado por el PSC, así como de Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La declaración institucional pone el foco en los grandes tenedores, entendidos como aquellos propietarios que reúnen una cantidad significativa de pisos en la ciudad. De acuerdo con los grupos municipales que han impulsado el cambio, se trata de una herramienta para que las administraciones locales puedan incidir sobre el mercado inmobiliario y avanzar en medidas de justicia fiscal, siguiendo la línea de otras políticas que buscan regular la tenencia masiva de activos inmobiliarios.

El debate sobre el instrumento del IBI progresivo ha estado presente de manera reiterada en la política municipal, así como en el ámbito estatal, especialmente ante la escalada de precios y la dificultad de acceso a la vivienda que afecta a amplios sectores de la población barcelonesa y catalana. Los partidarios del nuevo planteamiento consideran que establecer gravámenes superiores para los grandes tenedores puede contribuir a aumentar la oferta de alquiler y a reducir la presión especulativa que provoca la escasez de vivienda asequible.

Junto con el acuerdo sobre el IBI progresivo, el pleno del Ayuntamiento ha abordado la cuestión de la tasa turística, un tributo que abonan los visitantes que pernoctan en la ciudad. En esta ocasión, la aprobación responde a una propuesta de ERC que plantea la aplicación escalonada de una subida, de los 4 euros actuales hasta alcanzar el máximo legal de 8 euros en el año 2029. De esta manera, el incremento será paulatino y no supondrá un salto brusco en el gravamen que soportan los turistas.

Esta modificación de la tasa turística ha salido adelante con los votos de PSC, ERC y BComú. Junts optó por la abstención, mientras que el Partido Popular (PP) y Vox votaron en contra. El argumento principal de los grupos impulsores se centra en las necesidades de financiación de la ciudad, especialmente en ámbitos como los servicios públicos y la gestión del impacto que el turismo masivo ejerce sobre Barcelona. El ingreso adicional previsto servirá para mitigar las externalidades negativas del sector turístico y reforzar la capacidad de inversión municipal en mantenimiento urbano, vivienda y transporte, en línea con las demandas de buena parte de la sociedad civil y asociaciones vecinales.

En la sesión plenaria, los portavoces de las distintas formaciones expusieron sus posicionamientos respecto a las nuevas medidas fiscales. Los grupos favorables destacaron el potencial de estas iniciativas para lograr una mayor equidad y sostenibilidad en el modelo urbano, mientras que los críticos advirtieron sobre el riesgo de dificultar la inversión privada y de restar competitividad a Barcelona frente a otros destinos turísticos.

Ambas políticas forman parte del debate más amplio sobre el papel de la fiscalidad en la gestión municipal y el equilibrio entre las necesidades presupuestarias y la promoción de la vivienda asequible. La decisión adoptada este viernes por el Ayuntamiento de Barcelona marca una nueva etapa en la estrategia fiscal del consistorio y se sitúa en el centro de las discusiones sobre cómo afrontar los retos derivados del mercado inmobiliario y la actividad turística, dos de los grandes ejes de la economía local.