
En los últimos quince años, el sistema público de pensiones en España ha experimentado varias reformas con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. La Ley 27/2011 marcó un punto de inflexión al establecer un calendario progresivo para retrasar la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027, salvo para quienes acrediten carreras de cotización largas, que podrán seguir jubilándose a los 65.
Posteriormente, la reforma impulsada en 2023 por el entonces ministro José Luis Escrivá endureció el acceso a la jubilación anticipada y premió la jubilación demorada mediante incentivos económicos.
Ahora, un estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) ha vuelto a poner el debate sobre la mesa. Según sus cálculos, los jóvenes que hoy se incorporan al mercado laboral y logran cotizar 30 años necesitarían retrasar su jubilación hasta los 71 años para percibir una pensión equivalente (en términos de poder adquisitivo) a la que recibe un jubilado medio actual.
Más trabajo para cobrar lo mismo
Las causas de esta proyección, según el estudio, son múltiples: el retraso en la entrada al mundo laboral, la creciente inestabilidad de las trayectorias profesionales, la parcialidad en los contratos y los salarios bajos. Todo ello dificulta alcanzar los requisitos necesarios para obtener la pensión completa. En otras palabras, más años trabajados serían necesarios para cobrar lo mismo.
Este diagnóstico ha generado preocupación entre los jóvenes y trabajadores actuales. El canal Antena 3 recogió varias opiniones tras la difusión del estudio. “Nos parece un despropósito tener que estar trabajando hasta los 71 años”, expresó un entrevistado. Otra joven fue más tajante: “Yo creo que va a ir a peor. No creo que tengamos ni siquiera pensión cuando nos jubilemos”.
El Gobierno responde
Ante el revuelo generado, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, desmintió que los jóvenes vayan a tener que jubilarse a los 71 años. “No, los jóvenes no se van a jubilar con 71 años”, escribió en su perfil de LinkedIn, donde aprovechó para destacar que los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social alcanzaron un nuevo récord: 21,9 millones de personas afiliadas tras un incremento de 465.000 empleos en el último año.
La sostenibilidad, en duda
Pese a los datos positivos de afiliación, algunos indicadores estructurales siguen generando dudas. La Seguridad Social acumula una deuda de 126.000 millones de euros con el Estado, originada por décadas de préstamos para garantizar el pago mensual de las pensiones.
A esto se suma la situación del Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones, que en su mejor momento llegó a contener 67.000 millones de euros y actualmente ronda los 10.000 millones, tras años de descensos y aportaciones recientes gracias al aumento de cotizaciones.
¿Nuevos ajustes?
Con la edad legal de jubilación acercándose a los 67 años y una presión creciente sobre las finanzas del sistema, surgen interrogantes sobre si serán necesarias nuevas reformas. El envejecimiento poblacional, unido a una esperanza de vida cada vez mayor y a una población activa en descenso, complica el equilibrio entre cotizantes y pensionistas.
Aunque el Gobierno descarta, de momento, una nueva subida de la edad de jubilación, el debate sigue abierto. Para muchos jóvenes, el futuro del sistema público de pensiones es incierto. Mientras, los expertos coinciden en que mantener su viabilidad requerirá decisiones políticas complejas y sostenidas a lo largo del tiempo.
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